Por: Luis I. Sandoval M
Apartándome de la opinión predominante me atrevo a decir, con ocasión de los 20 años de la Constitución del 91, que la existencia de Alfonso Cano, el insurgente, hoy asediado en algún rincón de Colombia, no es precisamente una muestra de la amplitud de la Carta, sino más bien de su limitación original.
La persistencia del fenómeno insurgente muestra una vez más la incapacidad de una carta fundamental para convertirse en un efectivo pacto social y político incluyente de todos los colombianos y colombianas.
La democracia colombiana es democracia pactada (Andrés Dávila) pero nunca lo ha sido entre todos los actores que debería serlo. No lo fue en el año 86 del siglo 19, ni lo fue en los años 10, 36, 57, 68, ni en el 91 del siglo 20. Puede aceptarse que el pacto del 91 fue mucho más amplio que cualquiera de sus antecedentes, pero no lo fue en la medida necesaria para poner fin al conflicto armado interno.
Sin duda representó un tremendo error haber iniciado el proceso constitucional del 91, nutrido de un inédito gesto de soberanía popular a través de la séptima papeleta, con el asalto a Casa Verde, santuario de las Farc, el 9 de diciembre de 1990. Así lo reconoció el prestigioso exconstituyente y líder de paz Augusto Ramírez Ocampo pocas horas antes de su muerte súbita el 14 de junio.
Otros intentos para que las Farc formaran parte del acuerdo constitucional también fracasaron. De ello quedó constancia paradójicamente en el retiro del constituyente conservador Misael Pastrana, expresidente de la República, cuya confusa elección el 19 de abril de 1970 había dado lugar al nacimiento del M19, uno de los movimientos gestores del acontecimiento constitucional del 91 una vez decidida la dejación de las armas en plan de paz.
La fuerza de la paz del M radicaba en la fuerza que había tenido su presencia militar en la vida urbana del país, el espacio que las élites se habían reservado como exclusivo para el ejercicio de su dominación. El M pudo mostrar capacidad transitoria para desordenar ese espacio, cosa que aterraba a los dominadores engolosinados como estaban con el oligopolio político del Frente Nacional.
Aún se acepta que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, pero cada vez más se asume que ello es así porque la guerra es el fracaso de la política. El conflicto armado colombiano es fruto del fracaso de la política, precisamente de la política que tiene como primera misión construir acuerdos fundantes, o acuerdos sobre lo fundamental, con el alcance de acuerdos de paz en virtud de los cuales desaparece la rebelión política.
Colombia no puede seguir celebrando la modernidad e innovaciones afortunadas de la Constitución del 91 sin reconocer al mismo tiempo su carácter de pacto social y político incompleto e inconcluso. “20 años de una Carta que cambió a Colombia” titulaban los diarios el 4 de julio, pero en la misma fecha informaban “Militares siguen apretando el lazo sobre Alfonso Cano”. No son tan accidentales e inconexas estas informaciones.
¿Cómo completar la tarea inconclusa de la C91? El Presidente Santos ha dado un paso correcto: emprender la reforma rural comenzando por restituir a sus legítimos dueños las tierras despojadas por usurpadores violentos. Desde el Congreso de la República ha comenzado a reconocerse que antes de los diálogos con la insurgencia deberían darse entendimientos en la sociedad. Es el nuevo giro de la salida política. Cada vez es más amplio el consenso sobre la oportunidad de la iniciativa política de la sociedad para la paz.
