La Constitución y las Farc

Por: Luis I. Sandoval M

Apartándome de la opinión predominante me atrevo a decir, con ocasión de los 20 años de la Constitución del 91, que la existencia de Alfonso Cano, el insurgente, hoy asediado en algún rincón de Colombia, no es precisamente una muestra de la amplitud de la Carta, sino más bien de su limitación original.

La persistencia del fenómeno insurgente muestra una vez más la incapacidad de una carta fundamental para convertirse en un efectivo pacto social y político incluyente de todos los colombianos y colombianas.

La democracia colombiana es democracia pactada (Andrés Dávila) pero nunca lo ha sido entre todos los actores que debería serlo. No lo fue en el año 86 del siglo 19, ni lo fue en los años 10, 36, 57, 68, ni en el 91 del siglo 20. Puede aceptarse que el pacto del 91 fue mucho más amplio que cualquiera de sus antecedentes, pero no lo fue en la medida necesaria para poner fin al conflicto armado interno.

Sin duda representó un tremendo error haber iniciado el proceso constitucional del 91, nutrido de un inédito gesto de soberanía popular a través de la séptima papeleta, con el asalto a Casa Verde, santuario de las Farc, el 9 de diciembre de 1990. Así lo reconoció el prestigioso exconstituyente y líder de paz Augusto Ramírez Ocampo pocas horas antes de su muerte súbita el 14 de junio.

Otros intentos para que las Farc formaran parte del acuerdo constitucional también fracasaron. De ello quedó constancia paradójicamente en el retiro del constituyente conservador Misael Pastrana, expresidente de la República, cuya confusa elección el 19 de abril de 1970 había dado lugar al nacimiento del M19, uno de los movimientos gestores del acontecimiento constitucional del 91 una vez decidida la dejación de las armas en plan de paz.

La fuerza de la paz del M radicaba en la fuerza que había tenido su presencia militar en la vida urbana del país, el espacio que las élites se habían reservado como exclusivo para el ejercicio de su dominación. El M pudo mostrar capacidad transitoria para desordenar ese espacio, cosa que aterraba a los dominadores engolosinados como estaban con el oligopolio político del Frente Nacional.

Aún se acepta que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, pero cada vez más se asume que ello es así porque la guerra es el fracaso de la política. El conflicto armado colombiano es fruto del fracaso de la política, precisamente de la política que tiene como primera misión construir acuerdos fundantes, o acuerdos sobre lo fundamental, con el alcance de acuerdos de paz en virtud de los cuales desaparece la rebelión política.

Colombia no puede seguir celebrando la modernidad e innovaciones afortunadas de la Constitución del 91 sin reconocer al mismo tiempo su carácter de pacto social y político incompleto e inconcluso. “20 años de una Carta que cambió a Colombia” titulaban los diarios el 4 de julio, pero en la misma fecha informaban “Militares siguen apretando el lazo sobre Alfonso Cano”. No son tan accidentales e inconexas estas informaciones.

¿Cómo completar la tarea inconclusa de la C91? El Presidente Santos ha dado un paso correcto: emprender la reforma rural comenzando por restituir a sus legítimos dueños las tierras despojadas por usurpadores violentos. Desde el Congreso de la República ha comenzado a reconocerse que antes de los diálogos con la insurgencia deberían darse entendimientos en la sociedad. Es el nuevo giro de la salida política. Cada vez es más amplio el consenso sobre la oportunidad de la iniciativa política de la sociedad para la paz.

Columnas de Opinión: Con millones de ojos

Columnas de Opinión: Con millones de ojos

Con millones de ojos

Por: William Ospina

NADA MÁS DIGNO DE RESPETO EN Colombia que el proyecto de devolver las tierras arrebatadas a sus legítimos propietarios.

Pero quien tenga la intención sincera de hacerlo debe saber que desde hace mucho tiempo en Colombia no bastan los decretos, las leyes ni las decisiones de unos cuantos funcionarios bien intencionados.

Las tierras que han sido saqueadas en las últimas décadas, lo fueron mediante un proceso violento de asaltos, crímenes, masacres y campañas de terror e intimidación. Hay quien dice que la atrocidad de las masacres tenía como principal objetivo crear un clima de espanto que hiciera huir de las regiones a los propietarios y facilitara la venta apresurada de predios a los beneficiarios de la violencia, que muy a menudo eran también sus instigadores.

Quienes se apropiaron de esas tierras no han sido sometidos por el Estado; las desmovilizaciones parciales no despojaron en lo fundamental a los empresarios del terror de su poder de acallar y de intimidar; quienes se beneficiaron de la violencia, contra los códigos y contra la justicia, no van a renunciar a esas conquistas por el hecho de que leyes nuevas ordenen la restitución.

Ello no significa que la recuperación y la devolución de las tierras sean imposibles. Al contrario, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad: necesidad política, social y moral, si queremos seguir siendo respetados como sociedad civilizada y si queremos tener dignidad a los ojos del mundo y a nuestros propios ojos. Pero la mera ley no es suficiente, y para garantizar que ese acto de justicia se cumpla mínimamente es necesario adelantar un proceso muy complejo de fortalecimiento democrático del proceso y de acompañamiento internacional.

Lo único que puede impedir que el esfuerzo por recuperar y restituir las tierras arrebatadas se convierta en un nuevo y escandaloso baño de sangre, uno de esos baños de sangre que cíclicamente arrojan su maldición sobre nuestro territorio, es que el Gobierno, el Estado que debe ejecutarlo, los funcionarios que tienen esa responsabilidad, comprendan la magnitud de lo que se proponen, la enormidad de las dificultades y el urgente deber que tienen de rodear el proceso de garantías para las víctimas y de protección para los que aspiran a recuperar sus tierras.

Nada podrá cumplirse si los beneficiarios de la ley permanecen aislados y vulnerables: los crímenes contra los aspirantes al retorno ya han comenzado a ocurrir. Sólo una presencia masiva de la sociedad, impulsada por los medios de comunicación, una vigilancia constante del proceso, una visibilización extrema de las providencias de los jueces, de las decisiones de la administración, de las entregas de tierras, una defensa elocuente y continua de los derechos de las víctimas, un rechazo decidido a las arbitrariedades y a los crímenes, pueden impedir que un proceso tan necesario y tan generoso naufrague en ese mismo mar de atrocidades que hoy nos avergüenza.

Un inmenso abrazo de solidaridad de todos los medios de opinión y de las organizaciones sociales, una alerta permanente de los informadores y una movilización amistosa y lúcida de los ciudadanos son el primer deber de la sociedad colombiana. Y también es necesario que se diseñe un plan de incorporación de esos predios restituidos a un proyecto económico viable y beneficioso para los campesinos y para el país. Porque tanto al Gobierno como a los medios se les hace agua la boca envaneciéndose de sus buenas intenciones, pero estas cosas sólo valen por sus consecuencias reales. 

Del mismo modo, es absolutamente necesario rodear ese proceso de una democrática vigilancia internacional. Que el mundo sepa que en Colombia han sido arrebatadas por la violencia y por el fraude millones de hectáreas a los campesinos, y que han sido desplazados millones de propietarios; que el mundo sepa que se está haciendo un esfuerzo generoso y democrático por corregir esa injusticia que clama al cielo; que el mundo acompañe ese esfuerzo de alta civilización y lo vigile, como diría el profeta, con millones de ojos.

Salvemos a los violentos de la tentación de la masacre. Que nuestra indiferencia y la impunidad no sean nuevamente cómplices del mal, y no le faciliten a la violencia su trabajo. 

Si sus impulsores no procuran que este proceso tenga ese acompañamiento y esa vigilancia, tal vez, a pesar de sus buenos propósitos, sólo están entregando millares de personas inermes otra vez en manos de la arbitrariedad y de la venganza. Ese es el tamaño de su responsabilidad histórica.

Columnas de Opinión: Falacias en la restitución de tierras

Columnas de Opinión: Falacias en la restitución de tierras

Falacias en la restitución de tierras

Por: Mauricio Botero Caicedo

LOS COLOMBIANOS TENEMOS PROblemas de percepción, problemas que no nos permiten distinguir entre lo ideal y entre lo obtenible.

Dentro de los defectos de percepción está la creencia de que la Constitución puede derogar las leyes económicas. Nuestra Carta Magna, explícita y amplia en cuanto a asegurar derechos económicos ilimitados, es bastante menos específica en señalar por cuenta de quién corren los recursos que necesariamente deben ser ilimitados. (Los contribuyentes tampoco disponen de recursos ilimitados).

El problema con los errores de percepción es que conllevan  frustraciones que generalmente agravan el problema inicial. Para buena parte de los habitantes de la ciudad, la inclusión social y la paz de Colombia están atados a la ‘cuestión agraria’. El 74%, según reciente encuesta, respalda la restitución y la ley de tierras; y cree que los objetivos consagrados en la recientemente firmada Ley de Víctimas son alcanzables tanto en lo económico, como en lo social.

El autor de esta nota está enteramente de acuerdo en que se restituya lo que ilegal mente fue sustraído, pero cree oportuno señalar algunas contradicciones y obstáculos en una serie de premisas que buena parte de la opinión pública urbana asume como ciertas: 1. Los desplazados tienen como meta regresar a sus tierras. Realidad: en todos los estudios y encuestas, entre 70% y 80% de los desplazados afirma que no tiene la menor intención de regresar al campo. 2. La restitución de tierras a sus verdaderos propietarios se puede lograr sin mayores obstáculos. Realidad: el mismo Gobierno acepta que la tarea de restituir a sus legítimos dueños 2,5 millones de hectáreas arrebatadas y 4 millones más abandonadas va a ser ‘titánica’. La inmensa mayoría de los desplazados muy seguramente les otorgará poderes a carteles de abogados avivatos que se están alistando para quedarse con las tierras de los desplazados, tierras que terminaran revendiéndoselas a los narcos y a sus testaferros. 3. Una vez restituida la propiedad a los desplazados éstos pueden, en el corto plazo, poner a producir la tierra. Realidad: sin crédito, sin apoyo técnico y comercial, sin infraestructura, son muy pocos los desplazados que podrán salir adelante. La tenencia de la tierra en sí no garantiza su explotación económica. 4. En el campo hay y seguirá habiendo enormes posibilidades de empleo. Realidad: de acuerdo con casi todos los analistas, incluyendo al candidato al Nóbel, Paul Romer (Entrevista en Portafolio, junio 30/11), “ni la minería ni la agricultura moderna son intensivas en mano de obra”. Los pocos empleos agrarios hoy son transitorios. 5. Para socavar al latifundio  y las tierras ociosas, basta elevar los impuestos prediales. Realidad: para muchos expertos, incluyendo al surafricano Michael Carter (Entrevista en El Espectador, Sept. 26/10), “El impuesto a la tierra improductiva no es solución mágica, ya que no lleva a los grandes productores a vender sus tierras y puede resultar en un sobrecosto para los productores medianos y pequeños”. 6. En Colombia hay desplazamiento forzoso por la violencia y el invierno, pero escasa migración voluntaria del campo a la ciudad. Realidad: 72 millones de personas al año a nivel global emigran del campo a la ciudad; esto es el 1% de la población mundial. El que cree que en Colombia la migración voluntaria a las urbes es insignificante, no sabe de lo que está hablando.  7. Es poco lo que las ciudades les pueden ofrecer a los desplazados, aparte de crimen y hacinamiento. Realidad: la ciudad ofrece bastante más oportunidades de empleo, recreación, contacto social, intercambio de ideas, salud y educación, que el campo. La tierra generalmente ennegrece, embrutece, y empobrece. ¡El futuro del empleo y del desarrollo humano es urbano, no rural!

Desde el andén | ELESPECTADOR.COM

Desde el andén | ELESPECTADOR.COM

Por: Alfredo Molano Bravo

AHORA, CUANDO SE VUELVE A PONER de moda hablar de la Constitución del 91, meto la cucharada, a mi manera, porque soy algo tosco para las disciplinas jurídicas y muy torpe para entender las mediaciones del derecho.

Se dice que es la del 91 la primera Carta que no fue producto de una guerra civil y que, por el contrario, fue redactada para evitarla. Ni lo uno ni lo otro, pienso. No se puede olvidar lo que vivíamos en la década del 80: la eliminación sangrienta de un partido político —la UP—, el fortalecimiento de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —Farc, Eln, Epl, M-19—, la toma del Palacio de Justicia, las bombas de los Extraditables, la creación del paramilitarismo. El país era una bomba a punto de explotar. Los partidos, la Iglesia y —a regañadientes— los militares tuvieron que aceptar el reto de aflojarle la cinta al macho para que no se reventara. No era tanta la generosidad ni tanto el patriotismo. La jugada salió bien no porque los patriarcas se lo hubieran propuesto, sino porque, en cierta medida, resultó lo que temían: que el organismo rompiera la camisa que le habían impuesto y legislara a diestra y siniestra fundado en el concepto de igualdad —extraño a nuestra tradición política—, un principio que se puso en juego desde el principio y que permitió que las principales fuerzas políticas tuvieran idéntico poder: tres presidentes, Serpa, Gómez y Navarro. Las mesas de tres patas no cojean. Sin embargo, la igualdad no era —y no ha sido— suficiente para que la Constitución se convirtiera en un acuerdo sobre lo fundamental. Faltó la participación de la Coordinadora Guerrillera. Estuvo a punto de lograrse. La diferencia en el número de representantes, siendo grande, no era insuperable: 23 representantes pedían los insurgentes y el Gobierno ofrecía ocho. La negociación de la cifra se adelantaba cuando los militares se adelantaron y, con la venia de gobierno de Gaviria, bombardearon los campamentos del Secretariado y lanzaron miles de hombres a la caza de Marulanda. Un triunfo pírrico a la corta, porque la operación fue un fracaso, y a la larga, porque la falta de esa otra pata de la mesa ha costado 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, según las cifras que se han conocido en los últimos días. ¡Cuánto dolor ha costado la obsesión!

La Constitución del 91 pasa el examen de los tiempos con el reconocimiento de los derechos de las llamadas minorías étnicas, la creación de la tutela como herramienta democrática y la introducción de una institución tan necesaria y útil para defender los derechos humanos y divulgar el Derecho Internacional Humanitario como es la Defensoría del Pueblo. Amarrar la elección del defensor a la Cámara de Representantes y hacerla depender de la autoridad del Ministerio Público ha limitado la necesaria autonomía para prevenir y, por tanto, implícitamente, denunciar hechos y procesos que atentan contra las libertades ciudadanas. Pese a ello, la Defensoría ha cumplido un papel determinante en la defensa de los DD.HH., tanto por sus actos y pronunciamientos como por el ejercicio de la llamada magistratura moral. La Corte Constitucional toma muy en cuenta los autos defensoriales y los argumentos de la Defensoría al fijar sus posiciones, lo que demuestra la respetabilidad que en este sentido ha ganado la institución. Una evidencia de esta afirmación es la famosa Sentencia T025 de 2004, de la Corte Constitucional, que declara la situación de los desplazados como “un estado de cosas inconstitucional”, sentencia que, sin duda, contribuyó —hoy se ve— a abrirle camino a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

El país debe reconocer a los funcionarios de la Defensoría su valor y entrega en la defensa de los derechos humanos.

El futuro de la Constitución

Por: Eduardo Sarmiento

Luego de la aprobación de la Regla Fiscal y de las conmemoraciones de los 20 años de la Constitución surge el interrogante sobre el futuro.

Si bien los derechos fundamentales recibieron el reconocimiento unánime de representar el avance más importante con respecto a las Cartas anteriores, los debates no llegaron lejos en la evaluación de las realizaciones. En particular, no se esclareció, porque en las dos décadas que siguieron a la Constitución la pobreza se mantuvo cerca de 50%, el desempleo y la informalidad aumentaron y la distribución del ingreso llegó a ser una de las más desiguales del mundo.

La explicación la presenté en un artículo reciente: los principios y criterios sociales de la Constitución fueron suplantados por el modelo neoliberal que se inició en la misma época a todo vapor y ha dominado el espectro de la vida nacional.

La ilustración más clara está en la salud y en la educación, donde el espíritu de fondo de la Constitución fue vulnerado por el acto legislativo de 2002, que congeló las transferencias regionales. En los últimos diez años los gastos correspondientes a los dos rubros en términos del ingreso per cápita bajaron cerca de 20%.

El recorte ha sido traumático. La partida asignada a los pacientes del sistema subsidiado no ha permitido actualizar el POS y ha obligado a que los servicios especializados se obtengan por la vía de las tutelas. Si a esto se agregan las prácticas monopólicas de las EPS para apropiarse de los recursos públicos y deprimir los servicios, no es posible cumplir el mandato de la salud universal. Y no se ha entrado en razón. La ley de la reforma de salud aprobada al final del año pasado mantiene la misma estructura en el intento de salvar las EPS.

Algo similar sucede en la educación. Las bajas apropiaciones han afectado tanto la calidad como la cobertura. La situación más grave se presenta en la educación superior. Los estudiantes que culminan el bachillerato con títulos debidamente certificados no tienen acceso a la formación superior por la carencia de cupos en las universidades públicas o por la imposibilidad de cubrir las matrículas de las privadas. Los fondos destinados a la educación pública apenas permite el acceso de 800.000 estudiantes.

En lugar de elevar la apropiación presupuestal para aumentar la cobertura de la universidad pública, el Gobierno proclama el ánimo de lucro en la educación. Se equivocan. El afán de ganancia no induce a los inversionistas a destinar becas y financiar a los estudiantes. Tal como ocurrió en la salud, los esfuerzos se concentrarán en las áreas que les permitan cargar matrículas por encima de los costos o bajar la calidad.

Es claro que la privatización es un esguince para eludir los derechos fundamentales. Así, las EPS sirvieron de escudo para incumplir el mandato de la salud universal. Del mismo modo, la privatización de la educación es una disculpa para incumplir el derecho a la formación superior. Lo grave es que el panorama se tornara más gris con la Regla Fiscal, que interferirá con los fallos de la Corte Constitucional y las tutelas. Tal como quedó en el reciente acto legislativo, constituirá otra excusa para no cumplir o postergar los derechos fundamentales consignados en la Carta.

El país no puede llamarse a engaño. La privatización y la limitación de recursos representaron un severo impedimento para la realización de los derechos fundamentales de la salud, educación y trabajo. Su cumplimiento en el futuro está condicionado a un modelo que propicie una estructura productiva que asegure el empleo bien remunerado a toda la población y frene las ganancias del capital, al tiempo que formalice una organización social que le dé prioridad a la equidad sobre la eficiencia.

Analfabetismo digital

Por: Armando Montenegro

PISA ACABA DE PUBLICAR LOS REsultados de los exámenes internacionales de lectura digital realizados en 2009 para jóvenes de 15 años.

Por la complejidad del estudio, sólo participaron 19 países: 16 de la OECD y 3 invitados: Hong Kong-China, Macao-China y Colombia. Colombia tuvo, de lejos, las peores calificaciones.

La prueba midió la capacidad de usar los computadores para “acceder, manejar, integrar y evaluar información; construir nuevos conocimientos a partir de textos electrónicos”. Se evaluó la destreza para navegar por la red, diseñar estrategias de búsqueda, integrar informaciones variadas y examinar resultados y fuentes de información diversas para lograr el conocimiento de un tema.

El promedio de los resultados para los 16 países de la OECD fue de 499 puntos. Hong Kong y Macao se situaron cerca de ese número. Los mejores puntajes fueron para Corea, Nueva Zelandia y Australia, todos por encima de 530 puntos. Colombia registró el peor de todos: 368; fue el único país por debajo de los 400 puntos.

La calificación tuvo cinco niveles, en forma ascendente, de 1 a 5. El nivel crítico fue el 2, por debajo del cual las aptitudes en lectura digital no son suficientes para aprender, absorber conocimientos y tecnologías en el mundo actual. El nivel más alto, el 5, fue alcanzado por el 17% de los estudiantes de Corea, el 8% de los jóvenes de los países de la OECD y sólo cerca del 1% de los colombianos.

El resultado más preocupante fue que cerca del 70% de los jóvenes colombianos estuvo por debajo del nivel 2. Todos ellos, simplemente, son analfabetos digitales funcionales (semejantes a quienes han aprendido a leer y escribir textos en papel, pero no pueden entender lecturas de alguna complejidad). No tienen la capacidad de desempeñarse en la economía del siglo XXI y acceder a las enormes oportunidades que sí van a tener los jóvenes de otros países. 

Los resultados de Colombia están relacionados con varias carencias que también señala PISA: sólo cerca del 45% y el 30% de los jóvenes colombianos tienen en su casa computador y acceso a internet, y casi todos estos privilegiados (el 90% y el 95%, respectivamente) pertenecen a estratos altos. Los rectores reportan, además, que casi el 65% de las escuelas no dispone de computadores.

Éstas y otras evaluaciones muestran, a gritos, que es imperiosa una profunda reforma a la educación en Colombia. Millones de muchachos van a la escuela, asisten a clase, presentan exámenes, terminan sus estudios, pero no aprenden nada o, si les va bien, no aprenden lo suficiente. Ellos y sus padres están perdiendo el tiempo.

Lo más grave es que los datos de PISA prueban que no sólo Colombia se está rezagando frente al resto del mundo, sino que, dentro del mismo país, se está ampliando la brecha entre los jóvenes que van a las buenas escuelas privadas que proveen adecuada formación digital, y la gran mayoría, que asiste a escuelas públicas, con escasa o nula dotación de computadores, que carece de maestros capacitados y modernos, de espaldas a la tecnología y la cultura digital. Esta brecha, como se ha comentado tantas veces, mantiene y amplía la gran diferencia de oportunidades en la sociedad colombiana; después de todo, una de las principales causas de la enorme desigualdad del ingreso y la riqueza es el increíble contraste en la calidad de la educación entre sus clases sociales.

http://elespectador.com/impreso/opinion/columna-283138-analfabetismo-digital

Quién hace qué en los procesos de paz: los roles de la mediación, Articulo OnLine

Quién hace qué en los procesos de paz: los roles de la mediación, Articulo OnLine:

Por Vicenç Fisas*

OPINIÓNDebemos a Christopher Mitchell una tipología muy práctica sobre los roles que intervienen en un proceso de mediación, que es oportuno adaptar al caso colombiano.

Jueves 19 Mayo 2011

Debemos al maestro Christopher Mitchell una tipología muy práctica sobre los diferentes roles que intervienen en un proceso de mediación, que es oportuno recordar y adaptar al caso colombiano. La idea básica es que la mediación es un proceso en el que intervienen diferentes personas u organismos, que cada cual juega un rol específico y que conviene cumplir con todos los roles posibles. Este principio desbarata la idea popularizada de que existen “mediadores”, para dar paso a un conjunto de tareas, todas ellas imprescindibles.

El primer rol la ejerce la persona que explora las oportunidades, posibilidades y disponibilidades de las partes en conflicto. Es una tarea anónima, discreta y fundamental, pues depende de la conclusión a que llegue dicha persona que después se puedan poner en marcha otros roles. Nadie, ni un presidente de Gobierno, debe impedir que los “exploradores” ejerzan su función de tanteo, aunque es una tarea que a veces se realiza por encargo gubernamental, para sondear a la otra parte. Puede ocurrir lo inverso, esto es, que un grupo armado pida a un tercero que sondee la disponibilidad de un Gobierno (y sus precondiciones) para abrir negociaciones o iniciar unos diálogos informales. El “explorador”, por tanto, ha de poder llegar a las dos partes y al final de su trabajo ha de sacar la conclusión de si hay condiciones para empezar un proceso. Su trabajo es diferente al del “mensajero”, que se limita a llevar un mensaje de una las partes a la otra, pero sin tener que investigar las intenciones de cada una de ellas. El mensajero no hace preguntas, sólo lleva razones.

En estas fases iniciales actúa otra persona, que es la “preparadora”. Su trabajo consiste en formar a una de las partes (o a las dos) para que pueda estar en las condiciones más óptimas a la hora de iniciar una negociación. El “preparador” proporciona materiales escritos o audiovisuales, organiza seminarios a la carta o prepara giras con el propósito de apoderar al máximo a la parte beneficiada por esta atención. Es un trabajo que puede ser individualizado o por grupo. Las comandancias de las guerrillas salvadoreña y mozambiqueña, por ejemplo, fueron formadas secretamente en España e Italia, respectivamente, para estar en mejores condiciones de negociar y de hacerlo de forma realista y posibilista. Pueden organizarse seminarios específicos para los negociadores de un grupo, para así llegar a la mesa de negociación con mayor juicio.

Cuando las cosas ya están maduras le llega el turno al “convocante”, una persona o institución que llama a las partes a sentarse a la mesa de negociación, pero sabiendo ya que existen las condiciones, justamente por el trabajo previo de los exploradores y preparadores. El convocante ha de tener la autoridad moral y el prestigio para que sea aceptado por las partes. En el trabajo exploratorio, incluso, puede convenirse quien sería el convocante ideal. Puede ser la Iglesia, un ex presidente, un organismo regional o internacional, un centro especializado o una persona carismática y respetada. Una vez convocadas las partes empieza la negociación formal, donde jugará un rol fundamental el “facilitador”, que es la persona con mayor visibilidad de todo el proceso, ya que interviene en toda la negociación de forma pública, aunque las negociaciones se hagan de forma discreta. La negociación puede ser confidencial, pero no se puede ocultar quien la facilita.

A veces, y personalmente creo que es acertado tenerlo, en la negociación participa un “observador externo”, que da fe y es testigo de todo cuanto se habla en la negociación. Es útil para evitar malas interpretaciones. Su misión es escuchar, no opinar, aunque las partes pueden preguntarle cómo ha entendido un tema que pueda estar sujeto a diferencias. Juega un rol diferentes al de los Países Amigos que “acompañan” el proceso, y que se limitan a ser informados por las partes después de cada ronda negociadora. Si las partes no lo explican igual, de nuevo será útil la versión del observador externo. Una de las funciones de los Países Amigos es la de ser “incentivadores” políticos y económicos, especialmente en los momentos de crisis, aunque este cometido lo pueden cumplir otras instancias (la Unión Europea sería un ejemplo clásico).

En algunos procesos se utiliza la figura de un Grupo Internacional de Contacto, o similar, para acompañar una negociación. En la de la guerrilla del MILF filipino con el Gobierno hay una instancia formada por cuatro países y cuatro ONG internacionales. Pueden tener voz o sólo actuar como testigos, aunque en este último caso pueden hacer sugerencias informales fuera de la mesa de negociación, lo que puede enriquecer el formato. No obstante, hay que cuidar con no hinchar el número de actores, pues puede ser contraproducente. Lo que sí es conveniente en toda negociación es tener preparado un dispositivo complementario de apoyo, especialmente académico, para “generar ideas” en momentos de incertidumbre o de colapso de las negociaciones. A veces el facilitador puede sugerir una pausa, de días o semanas, para reconceptualizar lo hecho hasta entonces, darle un giro e introducir nuevos planteamientos. Un seminario de expertos independientes puede lograr eso, y dar insumos que luego pueden ser incorporados en la mesa de negociación.

Algunos de los acuerdos a que se llegan en la mesa de negociación necesitan luego ser verificados por terceras instancias. Si son de tipo militar, habrán de ser militares los que cumplan esta función, aunque se pueden explorar mecanismos alternativos (en Filipinas, por ejemplo, hay un alto el fuego que está verificado por la sociedad civil). De nuevo, los Países Amigos, o instancias como UNASUR podrían ayudar en esta tarea, de un fuerte componente técnico. Los “verificadores” son diferentes a los “garantes”, que son personas o instituciones que garantizan a las partes que no van a sufrir costos desmesurados por el hecho de negociar, y que les ofrecen garantías de que lo que firme luego se tendrá que cumplir. Una variante de esta función es la del “implementador”, que tiene capacidad para imponer sanciones a las partes que no cumplan con lo prometido.

Un buen proceso de paz, en suma, es aquel que es capaz de poner en marcha todas estas figuras y de acertar con las personas adecuadas. No hay que olvidar que la causa más frecuente de crisis en la mayoría de las negociaciones es justamente el modelo de mediación. Es importante, por ello, pensarlo con calma y decidir de forma consensuada quien deberá hacer qué y en qué momento.

*Director de la Escuela de Cultura de Paz


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Contra la corrupción | ELESPECTADOR.COM

Contra la corrupción | ELESPECTADOR.COM: "Contra la corrupción

Por: Santiago Montenegro

EL PAÍS HA SIDO TESTIGO DE UNA asombrosa cantidad de fallos y denuncias de corrupción como la destitución del contralor de Bogotá y su inhabilidad y la del exparlamentario Olano para ejercer cargos públicos; el carrusel de pensiones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los informes de Mauricio Gómez en CM& sobre el despilfarro de la regalías, entre otros.

Pero tanto o más grave, es que nadie sabe qué hacer más allá de pronunciamientos generales y vagos para fortalecer la justicia, vigorizar los sistemas de investigación y las veedurías ciudadanas o imponer penas ejemplares.

En el corazón de la corrupción están unas inmensas asimetrías de información entre los infractores de los contratos y quienes los suscriben y aprueban a nombre de la comunidad. Los que infringen los contratos saben que la probabilidad de que el incumplimiento se detecte es baja o estiman que su conocimiento se dará después de mucho tiempo, el suficiente para que prescriban los procesos o para estar ya fugitivos. No exclusivamente, pero buena parte de la corrupción se genera en la ejecución de los proyectos. Por supuesto que muchas veces los problemas comienzan desde las convocatorias, los concursos, las subastas y los proceso de adjudicación, pero, aun si todo lo anterior se hace bien, los incumplimientos, los robos y también las renegociaciones injustificadas se dan en la ejecución. Y todo esto sucede por la opacidad existente. No existen en Colombia sistemas de información que nos señalen en tiempo real y en forma automática, además de los presupuestos, cómo van los desembolsos, sus fuentes de financiación, los montos comprometidos y los ejecutados, el avance físico de las obras frente a los cronogramas. Pero quizá aún más grave: los organismos de control realizan su labor, no por proyectos de inversión —que por lo general involucran muchas entidades y agencias—, sino por organismo, ministerio o departamento administrativo y se concentran más en los gastos recurrentes que en los de inversión.

¿Qué hacer, entonces? Muy simple: implementar sistemas de información fiscal y financiera como los que existen en Perú. Para poder comprometer un gasto, lo que allá llaman abrir un pliego, sólo se puede hacer por medio del sistema de información, que tiene dos características: es público y está en tiempo real en internet. Es decir, además de apertura del pliego, todas las transacciones que tienen que ver con el gasto, sus fuentes de financiación, el sector donde se realiza, su lugar geográfico, la entidad que la efectúa, todas esas novedades se tienen que procesar y registrar en el sistema de información y las puede ver cualquier ciudadano en Perú o en cualquier parte del mundo. Allí se puede hacer seguimiento desde la cifra más agregada de todo el presupuesto nacional, hasta las de las entidades más pequeñas, como un hospital o un colegio, tanto para los llamados gastos recurrentes como para los proyectos de inversión. Y la información está actualizada al día anterior. La buena noticia es que en Colombia ya tenemos algunos elementos de un sistema semejante —el SIIF de Hacienda y el SUIFP del DNP—, lo que falta es hacerlos públicos en la web, completarlos con la totalidad de las entidades, con todo tipo de gasto y adecuarlos a formatos que le sirvan a las entidades de control. Esta es una idea concreta que debería implementarse a la brevedad.

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Guerra, propaganda y los límites del Estado | ELESPECTADOR.COM

Guerra, propaganda y los límites del Estado | ELESPECTADOR.COM: "Guerra, propaganda y los límites del Estado

Por: Elespectador.com

EN TANTO QUE DE AHÍ PROVIENE SU respaldo, la opinión pública es algo que ni al Estado ni a los grupos subversivos les conviene descuidar en un conflicto como el que vive Colombia. La propaganda, es claro, tiene un papel ineludible en él.

No en vano las Farc han acudido siempre a instancias nacionales e internacionales vendiendo la idea de que las guerrillas son víctimas y no victimarios, ni en vano insiste a diario el Gobierno que con quien lidia es, en realidad, con terroristas. Atacar la legitimidad del oponente, o cuestionar su fuerza y unidad, es un objetivo estratégico, como lo es reafirmarle al amplio público las virtudes propias. Sin embargo, aunque el instrumento sea el mismo para ambos, las reglas, por fortuna, no lo son y el Estado, a diferencia de las fuerzas ilegales, no puede engañar a quien le sirve. La verdad, por razones de seguridad, puede demorarse, incluso parcializarse, pero en ningún caso puede retorcerse para, sirviéndole al prestigio militar, tergiversar ante la opinión pública cuánto hubo de real.

Desde 2008 se rumoró que la ‘Operación Jaque’ no había sido tanto un rescate como una liberación producto de un acuerdo con alias César, en el que además del exilio en Francia de él y su compañera se le había ofrecido un cuantioso pago. Los rumores se opacaron y en medio de bombos y platillos la ‘Operación Jaque’ se consolidó como el ejemplo resplandeciente de la superioridad de la Fuerza Pública sobre la insurgencia. Por Wikileaks hemos conocido esta semana, sin embargo, que en un cable enviado meses antes del operativo militar, la embajada estadounidense habló de las conversaciones entre la Iglesia, el Gobierno y César para lograr la liberación de Íngrid Betancourt a cambio de ciertos beneficios. No por ello, claro está, la ‘Operación Jaque’ deja de ser brillante. Lo que resulta cuestionable es que se hubiese presentado con medias verdades a una ciudadanía alborozada. ¿Había necesidad? ¿Hubiera perdido su impacto? Claro que no.

Otra bofetada a la ciudadanía es la que todo indica fue una falsa desmovilización del frente Cacique La Gaitana en 2006. El 7 de marzo de ese año, al parecer, en lugar de darse la desmovilización más grande de un grupo de las Farc, lo que se vio fue a vagabundos recién reclutados, frescos y estrenando uniformes, bajo el mando de Olivo Saldaña, quien había desertado del grupo guerrillero dos años antes y desde entonces se encontraba condenado por rebelión. A pesar de los 19 procesos judiciales en su contra, se le concedieron beneficios al punto que con sus compañeros conformó una ONG, la cual recibió, según se ha dicho esta semana, dineros públicos y donaciones internacionales. Este episodio, de cuya verdad dudaron los medios de comunicación en su momento y, de acuerdo con los cables de Wikileaks, también la embajada americana que estuvo presente en la ceremonia, ha sido denunciado por los mismos desmovilizados y la investigación de la Fiscalía comienza a ofrecer conclusiones.

Sobre estos dos triunfos emblemáticos del Gobierno contra las Farc, cierto es, es más lo que se especula que lo que se sabe a ciencia cierta, pero de comprobarse los ríos de información que se están destapando, la credibilidad ganada por el Estado queda comprometida. La propaganda no es de suyo un problema: los logros sí se pueden magnificar al punto de volverlos hitos. Pero transgredir los límites morales hasta llegar al engaño no hace sino arruinar la credibilidad del mensaje oficial. La sociedad colombiana está claramente del lado de las instituciones y flaco favor se le hace a ese compromiso cuando se acude a los malabares de la manipulación para ganar aplausos pasajeros.

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LAS ECONOMÍAS NO PUEDEN SIMPLEMENTE SEGUIR CRECIENDO | Foreign Policy en español

LAS ECONOMÍAS NO PUEDEN SIMPLEMENTE SEGUIR CRECIENDO | Foreign Policy en español: "LAS ECONOMÍAS NO PUEDEN SIMPLEMENTE SEGUIR CRECIENDO
Thomas Homer-Dixon

La humanidad ha hecho grandes progresos durante los últimos 2.000 años y con frecuencia asumimos que nuestra trayectoria, a pesar de unos cuantos baches que hemos podido encontrar en el camino, va siempre hacia arriba. Pero nos equivocamos: es probable que durante este siglo las limitaciones medioambientales y de recursos detengan el crecimiento económico global.

Los límites sobre los recursos disponibles ya restringen la actividad económica en muchos sectores, aunque su impacto normalmente no se reconoce. Tomemos como ejemplo los elementos conocidos como “tierras raras”, minerales y óxidos que resultan esenciales para la fabricación de muchas tecnologías. Cuando hace poco China paró de exportarlos, la repentina escasez amenazó con obstaculizar la actividad de una amplia gama de industrias. La mayoría de los comentaristas creyeron que la contracción de la oferta se relajaría una vez que abrieran nuevas minas de tierras raras (o minas que permanecían en la reserva). Pero este optimismo pasa por alto una realidad física fundamental. A medida que los mejores yacimientos del mineral se van agotando, quienes explotan las minas se van desplazando hacia depósitos con menos concentración y que presentan circunstancias naturales más difíciles. Estas minas causan más contaminación y requieren más energía. En otras palabras, abrir nuevas minas de tierras raras fuera de China dará como resultado un demoledor impacto medioambiental.

O consideremos el petróleo, que proporciona aproximadamente un 40% de la energía comercial del mundo y más del 95 % de la energía del transporte. Las empresas petrolíferas generalmente tienen que trabajar cada vez más para obtener cada nuevo barril de crudo.

El carbón y el gas natural todavía ofrecen altos rendimientos en energía. De modo que, a medida que el oro negro se vaya haciendo más difícil de obtener en las próximas décadas, estas fuentes de energía serán cada vez más vitales para la economía mundial. Pero son combustibles fósiles, y quemarlos genera dióxido de carbono que contribuye al cambio climático. Si las tasas de crecimiento económico proyectadas por el Banco Mundial se mantienen estables, la producción global se habrá multiplicado casi por 10 para 2100, llegando a más de 600 billones de dólares de hoy. Así que incluso si los países llevan a cabo drásticas reducciones en sus emisiones de dióxido de carbono por dólar de PIB, las emisiones globales se triplicarán desde el nivel de hoy hasta más de 90.000 millones de toneladas métricas por año. Los científicos nos dicen que esto causaría olas de calor, sequías y tormentas tan extremas que es muy probable que los campesinos descubrieran que no pueden producir los alimentos que se necesitan para una población mundial estimada de 9.000 millones de personas. De hecho, el daño económico causado por semejante cambio climático probablemente detendría el crecimiento por sí mismo.

La humanidad está atrapada. Para los 2.700 millones de personas que actualmente viven con menos de 2 dólares al día, el crecimiento económico es esencial para satisfacer las más básicas exigencias de la dignidad humana. Y en las sociedades que son mucho más ricas, la gente necesita el crecimiento para pagar sus deudas, apoyar la libertad y mantener la paz civil. Para producir y sostener este crecimiento, deben consumir enormes cantidades de energía. Sin embargo nuestra mejor fuente —el combustible fósil— es el principal factor que contribuye al cambio climático, y éste, si no se controla, detendrá el crecimiento.

No podemos vivir con crecimiento, y no podemos vivir sin él. Esta contradicción es el mayor desafío de la humanidad este siglo, pero mientras la creencia establecida sostenga que el crecimiento puede continuar para siempre, es un desafío que no podremos abordar realmente.

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Nuevas reglas - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM

Nuevas reglas - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM:

"Supongamos que los principales estrategas políticos del mundo se volvieran a reunir en Bretton Woods (New Hampshire) para diseñar un nuevo orden económico global. Naturalmente, estarían preocupados por los problemas de hoy: crisis de la eurozona, recuperación global, regulación financiera, desequilibrios macroeconómicos internacionales y demás. Pero abordar estas cuestiones exigiría que los líderes reunidos se elevaran por encima de ellas y consideraran la solidez de los acuerdos económicos globales en general.

He aquí siete principios lógicos de gobernancia económica global sobre los que podrían llegar a un acuerdo.

1. Los mercados deben estar profundamente incorporados a los sistemas de gobernancia. La idea de que los mercados se autorregulan recibió un golpe mortal en la reciente crisis financiera y se la debería enterrar de una vez por todas. Los mercados requieren que otras instituciones sociales los respalden. Se basan en tribunales, marcos legales y reguladores para establecer e implementar reglas. Dependen de funciones estabilizadoras que ofrecen los bancos centrales y la política fiscal contracíclica. Necesitan el compromiso político que la tributación redistributiva, las redes de seguridad y el seguro social ayudan a generar. Y todo esto es válido también para los mercados globales.

2. Para el futuro previsible, la gobernancia democrática quizá se organice básicamente dentro de comunidades políticas nacionales. El estado nacional vive, si no del todo bien, y sigue siendo esencialmente la mejor alternativa. La búsqueda de gobernancia global es algo absurdo. Es improbable que los gobiernos nacionales cedan un control significativo a instituciones trasnacionales, y las reglas armonizadoras no beneficiarían a sociedades con necesidades y preferencias diversas. La Unión Europea puede ser la única excepción para este axioma.

3. Prosperidad pluralista. Reconocer que la infraestructura institucional de la economía global debe construirse a nivel nacional libera a los países para desarrollar las instituciones que más les convienen.

4. Los países tienen derecho a proteger sus propias regulaciones e instituciones. El reconocimiento de la diversidad institucional no tendría sentido si los países no tuvieran los instrumentos a su disposición para forjar y mantener a sus instituciones.

5. Los países no tienen derecho a imponerles sus instituciones a los demás. Utilizar restricciones al comercio o a las finanzas transfronterizos para defender valores y regulaciones en casa es muy diferente de usarlas para imponer esos valores y regulaciones a otros países. Los países tienen derecho a la diferencia, no a una convergencia impuesta.

6. Los acuerdos económicos internacionales deben establecer reglas para administrar la interacción entre instituciones nacionales. Basarse en los Estados nacionales para que proporcionen las funciones de gobernancia esenciales de la economía mundial no implica que se deba abandonar las reglas internacionales. Lo que necesitamos son reglas de tráfico para la economía global que ayuden a los vehículos de diferente tamaño, forma y velocidad a navegar uno junto al otro, en lugar de imponer un auto idéntico o un límite de velocidad uniforme.

7. Los países no democráticos no pueden contar con los mismos derechos y privilegios en el orden económico internacional que las democracias. Lo que les da atractivo y legitimidad a los principios previos es que se basan en una deliberación democrática. Cuando los Estados no son democráticos, este andamiaje colapsa. De modo que las no democracias deben actuar con reglas diferentes, menos permisivas.

Estos son los principios que los arquitectos del próximo orden económico global deben aceptar. Más aún, deben comprender la máxima paradoja que cada uno de estos principios resalta: la globalización funciona mejor cuando no se la empuja demasiado lejos.

CAMBRIDGE.
Dani Rodrik
Profesor de Economía Política en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Copyright: Project Syndicate

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Editorial: Dos años para enmendar - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM

Editorial: Dos años para enmendar - Columnas y Editoriales de Colombia y el Mundo - ELTIEMPO.COM:

"A mediados de la próxima semana se cumplirán dos años de la toma de juramento de Barack Hussein Obama como el presidente número 44 de la historia de Estados Unidos. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde ese entonces y no toda en la dirección correcta. Así, el desgaste ha sido inevitable para un mandatario cuya elección constituyó un hito, tanto por su raza como por su origen pluriétnico, que incluyó el haber nacido en Hawái de una madre blanca y norteamericana y un padre negro oriundo de Kenia, para luego vivir casi un lustro en Indonesia.

El haber roto con todos los moldes previos le ha hecho difícil ganarse la confianza de una porción importante de la ciudadanía, que todavía lo considera demasiado foráneo. Pero quizás el inconveniente más grande que ha tenido el ex senador por el estado de Illinois es su dificultad para traducir en hechos reales las promesas realizadas durante la campaña que lo condujo a la Casa Blanca. De manera que la esperanza que supo transmitir en su momento y que llevó a millones de personas a entregarle los destinos del coloso del norte sigue sin concretarse.

En su favor hay que recordar que los obstáculos que ha enfrentado son formidables. Para comenzar, Obama recibió de su antecesor, George W. Bush, una pavorosa crisis económica, que puso en serios problemas a decenas de países, lo cual requirió la toma de medidas de emergencia para contener la hemorragia. La posibilidad de un cataclismo, que era real en el 2009, hoy se ve cada día más lejana, así unas cuantas naciones europeas sigan en medio de problemas serios.

Además, el presidente estadounidense encontró dos guerras perdidas -en Irak y Afganistán- sin una estrategia de salida clara y con un cuantioso desangre, tanto en términos de recursos como de vidas humanas. Manejar la debacle no ha sido fácil, si bien en el caso del Golfo Pérsico hay un programa de retiro de tropas en marcha. No obstante, la lucha contra los talibanes promete ser más larga y costosa de lo que se prevé, con escasas posibilidades de una victoria.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el clima interno en Estados Unidos no es precisamente el mejor. Aparte de las sombras que acompañan una tasa de desempleo superior al 9 por ciento, existe una preocupante polarización, estimulada por los sectores radicales de derecha, que plantea serias inquietudes respecto al futuro de una sociedad que tuvo en la tolerancia y el respeto por los demás una de sus principales cualidades. Episodios como el de la trágica balacera de la semana pasada en Arizona, que dejó 6 muertos y 14 heridos, entre estos la congresista demócrata Gabrielle Giffords, han abierto interrogantes sobre el futuro, para los cuales no hay respuestas fáciles.

Uno de ellos es, precisamente, el de la manera de desarmar no solo los espíritus, algo que no es nada fácil en un país en el que sus habitantes son dueños de más de 300 millones de armas de fuego, en ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente. Otro es el de moderar el volumen de la confrontación política y lograr consensos entre las bancadas demócrata y republicana. Quienes ven posible un resurgir de Obama creen que su mensaje de unidad acabará triunfando, por lo menos en la calma chicha previa al comienzo de la campaña presidencial del 2012.

Por tal motivo, es prematuro decir que el actual inquilino de la Casa Blanca tiene los días contados en el cargo. En la medida en que la economía mejore, como lo ha hecho levemente en los últimos meses, sus posibilidades de quedarse en la Presidencia subirán. También será determinante el manejo de los problemas nacionales, al igual que la recomposición efectiva de su equipo cercano, la cual ya tuvo lugar. Hace unos días, las encuestas mostraron que su nivel de aprobación había vuelto a pasar del 50 por ciento, algo que ayuda a recuperar su margen de maniobra.

La posibilidad de que el mandatario tome un segundo aire es vista más con indiferencia que con esperanza en América Latina. Y es que, tal como ocurrió con su predecesor, el mensaje que ha quedado claro en esta parte del continente es que la región no se encuentra dentro de las prioridades de Washington. Sin desconocer las giras o los acercamientos ocasionales de la Secretaria de Estado, lo que hay para mostrar es poco.

Es cierto que, frente al antagonismo de la era Bush, las cosas han cambiado, pero la desilusión sobre lo que pudo ser y no fue es grande. Adicionalmente, los funcionarios designados para seguir los asuntos del 'patio trasero' norteamericano se destacan por su mediocridad y la pobreza de sus planteamientos. Debido a ello, desde Ciudad de México hasta Buenos Aires, pasando por Brasilia o Lima, el énfasis está en tender puentes con el otro lado del Pacífico, pues cada vez los destinos de las naciones de ambos lados de ese océano están atados por eslabones más fuertes.

Episodios como el maltrato dado a Colombia y Panamá en relación con los respectivos tratados de libre comercio, que siguen en el limbo, han reiterado la impresión de que Latinoamérica tiene que buscar a sus mejores amigos en otras latitudes. Ignorar esa situación sería un error garrafal y estratégico para Barack Obama, quien todavía tiene dos años para enmendar una plana en la que sobresalen, en la región, más los errores que los aciertos.

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El problema de las armas en Colombia | ELESPECTADOR.COM

El problema de las armas en Colombia | ELESPECTADOR.COM:

Por: Elespectador.com

SEGÚN MEDICINA LEGAL, EN 2009 fueron asesinadas 17.717 personas, 13.851 de ellas con un arma de fuego.

El año pasado, aunque todavía no están consolidadas, las cifras mostraron un desempeño semejante. De hecho, desde 2005 se habla de más o menos 17 mil homicidios por año y de un 70% de éstos cometidos por armas de fuego. Las escandalosas cifras —la tasa de homicidios en Colombia es ocho veces más alta que el promedio mundial—, sumadas a las noticias decembrinas sobre balas perdidas y demás crímenes incrementados en tiempos festivos, traen consigo un debate obligado: ¿Debería prohibirse el porte de armas en Colombia? Tristemente, más allá del impacto público de las recientes desgracias, está la sombra de una difícil realidad: el problema con las armas en Colombia no tiene que ver realmente con la convivencia social como en EE.UU., ni con la “cultura mafiosa” como en México o Centro América. Según lo asegura la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, el uso de las armas en Colombia es mayoritariamente profesional y, de ahí, predominantemente letal.

Esto no quiere decir, por supuesto, que el uso indiscriminado de las armas de fuego por parte de particulares, por ser menor, no deba controlarse. Estaría bien discutir, si bien no la prohibición de la tenencia, por lo menos sí la del porte. Finalmente, los ciudadanos no tienen derecho a poner en peligro la vida de los demás disparando en público, hecho que implica todas las veces un riesgo y debería ser asumido sólo por los profesionales de la Policía, su entrenamiento y sus protocolos. Esta restricción es una idea que las autoridades deberían considerar, al tiempo que deberían también revisar la posibilidad de que sea la Policía Nacional, y no una oficina del Ministerio de Defensa, la que otorgue los salvoconductos. La tenencia de armas cortas no es un problema de soberanía nacional y la Policía sí debe ser la institución encargada de relacionarse directamente con la ciudadanía, en últimas, porque es la que responde por su conducta.

No obstante, esta solución, si bien salvaría varias vidas, no reduciría de manera significativa el número de homicidios en el país, pues, nuevamente, más del 90% del uso letal de las armas de fuego obedece a situaciones muy específicas del ejercicio profesional de la violencia. No es para menos: después de más de cinco décadas de un conflicto entrelazado con el problema estructural de narcotráfico y bandas delictivas altamente calificadas, es de esperarse que las armas lleguen a quienes las saben usar y estén prontos a hacerlo. El problema grave es, por ello, no el porte legal de armas por particulares, sino el uso profesional que es abastecido por el tráfico ilegal. Tráfico que ha mermado con la presión del Estado sobre el narcotráfico, pero que sigue siendo la constante en las fronteras.

Se estima que en Colombia hay de tres a cuatro armas ilegales, por cada arma legal. Esto significa que, si las armas legales son 1 millón 280 mil, estaríamos bajo el problema de alrededor de 4 millones 480 mil armas de fuego ilegales, la inmensa mayoría provenientes del tráfico negro en las fronteras. Muchas entran por Buenaventura y Turbo, pero muchas otras en cargamentos pequeñísimos de 15 a 20 armas a lo largo del territorio. Este tráfico “hormiga”, que multiplicado por miles explica el tamaño del mercado negro, debe ser atacado con radicalidad. Es necesario investigar no sólo los grandes casos, sino también los más pequeños y, más aún, continuar e intensificar los canales de presión internacional. Sin embargo, y como bien lo resalta la Fundación Ideas para la Paz, es necesario que la sociedad civil se apropie del problema del tráfico ilegal y también asuma como propia la tarea de generar la información necesaria para que los hacedores de política tomen decisiones. Es tarea de la veeduría privada contribuir a entender y dimensionar el problema que significa el tráfico ilegal de armas. La responsabilidad de los problemas del país no puede ser sólo del Estado.

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La inconstitucionalidad de la reelección según Álvaro Uribe | ELESPECTADOR.COM

La inconstitucionalidad de la reelección según Álvaro Uribe | ELESPECTADOR.COM:

Por: Rodrigo Uprimny

LAS CONFESIONES DE LA EX CONGRESISTA Yidis Medina han puesto en seria duda la legitimidad de la reforma que estableció la reelección, pues hoy es claro que varios votos decisivos fueron obtenidos gracias a prebendas ofrecidas por el Gobierno.

Sin embargo, algunos columnistas cercanos al Gobierno, como Alfredo Rangel, consideran que se trata de un problema menor, porque en las democracias sería legítimo que el Ejecutivo use sus recursos de poder, como las inversiones o la asignación de cargos, para lograr apoyo a sus iniciativas en el Congreso.

La ironía del asunto es que esa visión de Rangel en 2008 ya fue refutada en 2001 en un juicioso estudio constitucional hecho por… Álvaro Uribe.

La historia es la siguiente: en 2001, el candidato presidencial Álvaro Uribe demandó ante la Corte Constitucional la ley de presupuesto, por considerar que ésta incluía ciertas partidas que eran auxilios parlamentarios disfrazados. Se trataba de dineros que, con el visto bueno del Gobierno, podían ser usados por los congresistas para el desarrollo de sus regiones. Y eso, argumentaba Uribe, era inconstitucional, entre otras cosas porque ese tipo de auxilios amenazaba la independencia del Congreso frente al Gobierno, por ser “halagos presupuestales, burocráticos o contractuales” que limitaban la libertad de opinión y de crítica de los parlamentarios.

Esto significa que, contrariamente a la visión de Rangel, para el constitucionalista Álvaro Uribe modelo 2001 lo que hizo su gobierno en 2004, al ofrecer a Yidis cargos burocráticos e inversiones en su región, para que ella apoyara la reelección, no era una transacción legítima sino una práctica inconstitucional. Y lo cierto es que la Corte le dio la razón al constitucionalista Uribe.

En efecto, su demanda condujo a la importante sentencia C-1168 de 2001. En ella, la Corte concluye que es inconstitucional, una verdadera desviación del uso del poder, que el Gobierno manipule las votaciones en el Congreso mediante la oferta de partidas presupuestales u otras prebendas. La única razón por la cual la Corte no anuló las partidas demandadas fue porque consideró que no había una prueba contundente de que con ellas el Gobierno hubiera querido distorsionar la voluntad del Congreso. Es decir, que no había en esa ocasión algo semejante a las confesiones de Yidis Medina.

En síntesis, si uno combina las declaraciones de Yidis Medina con la visión del constitucionalista Uribe Vélez de 2001, recogida por la sentencia C-1168 de 2001, una conclusión parece ineludible: la aprobación de la reforma de la reelección en 2004 fue inconstitucional.

Algunos podrían objetar que la anterior es una conclusión académica sin consecuencias prácticas, pues la Corte ya declaró la constitucionalidad de la reelección.

Pero no creo que esta reflexión esté desprovista de implicaciones prácticas: existen buenas razones para sostener que las confesiones de Yidis Medina pueden llevar a una reapertura del debate constitucional sobre la reelección. Y en todo caso, esta historia muestra que el desdén del Gobierno frente a los principios jurídicos tiene muy graves costos para nuestra precaria institucionalidad democrática.

*Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” (www.dejusticia.org).

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Del capataz al dueño

Por: Felipe Zuleta Lleras

ALGO DEBE ESTAR HACIENDO MUY bien el presidente Juan M. Santos, para que los uribistas anden tan crispados de los nervios.

Tal vez uno de los más representativos  es el columnista Ernesto Yamhure que, esta semana, se vino lanza en ristre en contra de Santos, dizque porque toma whisky y no sé que más bobadas.

 El hecho concreto es que el distanciamiento entre Santos y Uribe —desmentido por ellos el viernes— no se limita a un almuerzo con frijoles y chicarrón. Esa ruptura de relaciones, que están tan frías que queman, viene desde el mismo día en que Santos fue electo como presidente.

 Su gobierno de unidad nacional le cayó a Uribe como una patada en donde sabemos, pues eso necesariamente implicaba que a los ministerios llegarían personas como Germán  Vargas Lleras o Juan Camilo Restrepo a quienes  este arriero tenía en su infinita lista de odios.  Y claro está, en estos seis  meses de gobierno los colombianos hemos podido ver la diferencia entre el capataz y el dueño de la finca.

 Todo, absolutamente todo, lo que Uribe detesta es lo que Santos representa. Es bogotano, tiene clase, buenos modales, le ha devuelto a la figura presidencial el decoro y la mesura que pereció en las manos de su antecesor.

Jamás pensé, les confieso, que yo pudiera estar defendiendo al gobierno de Santos. Por eso sostuve  en Hora 20 hace un par de meses que si  él  nos hubiera contado cómo iba a ser su gobierno, yo le  habría dado mi voto.  Liberal, demócrata, con proyectos como la devolución de tierras y la reparación de víctimas, respetuoso de las otras ramas del poder público.  Lo irónico de esto, es que Yamhure sostiene lo mismo pero al revés: es decir que si los uribistas a ultranza hubieran sabido que Santos haría un gobierno liberal, jamás hubieran votado por él.

 Y fíjense ustedes que en los tres últimos meses me ha ocurrido que quienes en el pasado éramos, y seguimos siendo, anti uribistas, ahora  defendemos a Santos y, los otrora uribistas,  lo atacan con rabia y rencor.

Las diferencias entre Santos y Uribe se notan, no solo en lo que he  mencionado ya, sino en cosas como los miembros del gabinete. ¿Cómo comparar por ejemplo a la canciller María Ángela Holguín con el bobancio de Bermúdez o al pincher con Juan Camilo Restrepo, por no mencionar al incompetente Andrés Uriel Gallego con Germán Cardona?

 Las molestias de Uribe, por supuesto, no se limitan al estilo de gobernar de Santos, sino a la preocupación de que, literalmente, se le vino la estantería encima. Es claro que  ya no tiene como tapar  todos los delitos que se cometieron durante su gobierno y que han puesto a varias personas tras las rejas; y llegarán otras por cuenta de la rectitud de la nueva fiscala general de la Nación.

 Mejor dicho, a Uribe se le totearon los tres huevos y por eso anda, literalmente, trinando de la rabia y preocupación. ¡Y faltan delitos por saberse!

 Entre otras ¿cómo seguirá el desafortunado caballo que patió a Uribe?