Cómo reparar el mercado inmobiliario en ruinas de EE.UU. | ELESPECTADOR.COM

Cómo reparar el mercado inmobiliario en ruinas de EE.UU. | ELESPECTADOR.COM: "Cómo reparar el mercado inmobiliario en ruinas de EE.UU.

Por: Joseph E. Stiglitz

UNA SEÑAL CLARA DE UNA ECONOmía de mercado disfuncional es la persistencia del desempleo.

En los Estados Unidos hoy, uno de cada seis trabajadores al que le gustaría tener un empleo de tiempo completo no lo encuentra. Es una economía con enormes necesidades insatisfechas y, aún así, con vastos recursos ociosos.

El mercado inmobiliario es otra anomalía estadounidense: existen cientos de miles de personas sin techo (más de 1,5 millón de estadounidenses pasaron por lo menos una noche en un refugio en 2009), mientras cientos de miles de viviendas están vacías.

Por cierto, la tasa de ejecuciones hipotecarias está en aumento. Dos millones de estadounidenses perdieron sus casas en 2008 y 2,8 millones más en 2009, pero se espera que las cifras sean aún más elevadas en 2010. Nuestros mercados financieros tuvieron un pésimo desempeño —los mercados de buen desempeño y “racionales” no le prestan a la gente que no puede o no va a pagar— y, sin embargo, quienes manejaron esos mercados fueron recompensados como si hubieran sido genios de las finanzas.

Nada de esto es una novedad. Lo que sí es novedad es el reconocimiento tardío y a regañadientes por parte de la administración Obama de que sus esfuerzos para que los mercados inmobiliario e hipotecario volvieran a funcionar básicamente fallaron. Es curioso, pero existe un creciente consenso tanto en la izquierda como en la derecha de que el gobierno tendrá que seguir apuntalando el mercado inmobiliario en el futuro inmediato. Esta postura es desconcertante y posiblemente peligrosa.

Es desconcertante porque en análisis convencionales de qué actividades deberían estar en el dominio público, nunca se menciona la de administrar el mercado hipotecario nacional. Dominar la información específica relacionada con la evaluación de la solvencia y el control del comportamiento de la cartera de préstamos es precisamente el tipo de tarea en la que se supone que el sector privado sobresale.

Sin embargo, es una postura entendible: ambos partidos estadounidenses apoyaron políticas que alentaron una excesiva inversión en vivienda y un excesivo apalancamiento, mientras que la ideología de libre mercado disuadió a los reguladores de intervenir para poner freno a un préstamo descontrolado. Si el Gobierno ahora se retirara, los precios de los bienes raíces caerían aún más, los bancos se verían sometidos a una mayor presión financiera y las perspectivas a corto plazo de la economía se volverían más sombrías.

No obstante, esa es precisamente la razón por la que un mercado hipotecario administrado por el Gobierno es peligroso. Las tasas de interés distorsionadas, las garantías oficiales y los subsidios impositivos alientan una continua inversión en bienes raíces, cuando lo que la economía necesita es inversión en, digamos, tecnología y energía limpia.

Es más, una continua inversión en bienes raíces torna mucho más difícil destetar a la economía de su adicción a los bienes inmuebles, y al mercado inmobiliario de su adicción al respaldo gubernamental. Apoyar una mayor inversión en vivienda haría que el valor del sector fuera aún más dependiente de las políticas gubernamentales, lo que garantizaría que los futuros estrategas políticos enfrentaran una mayor presión política de grupos de interés como desarrolladores inmobiliarios y tenedores de bonos.

La actual política estadounidense es, cuando menos, confusa. La Junta de la Reserva Federal ya no es el prestador de último recurso, sino el prestador de primer recurso. El Gobierno es el que asume el riesgo crediticio en el mercado hipotecario, y la Fed, el riesgo del mercado. Nadie debería sorprenderse ante lo que ha sucedido: el mercado privado esencialmente ha desaparecido.

El Gobierno anunció que estas medidas, que funcionan (si es que funcionan) mediante una reducción de las tasas de interés, son temporales. Pero eso significa que cuando se termine la intervención, las tasas de interés aumentarán —y todos los tenedores de bonos respaldados por hipotecas experimentarán una pérdida de capital, potencialmente importante—.

Ningún actor privado compraría un activo semejante. Por el contrario, la Fed no tiene que reconocer la pérdida; mientras que los defensores del libre mercado podrían hablar de las virtudes de la fijación de precios de mercado y el “descubrimiento de precios”, la Fed puede hacer como si no hubiera pasado nada.

Si el Gobierno asume el riesgo crediticio, las hipotecas se vuelven tan seguras como los bonos del Gobierno de vencimiento comparable. Por ende, la intervención de la Fed en el mercado inmobiliario realmente es una intervención en el mercado de bonos del Gobierno; el aparente “cambio” de comprar hipotecas a comprar bonos del Gobierno es de escasa importancia. La Fed está comprometida en la difícil tarea de intentar fijar no sólo la tasa de interés a corto plazo, sino también las tasas de interés a más largo plazo.

Resucitar el mercado inmobiliario resulta muy difícil por dos motivos. Primero, los bancos que solían otorgar préstamos hipotecarios convencionales están en mala situación financiera. Segundo, el modelo de securitización está muy deteriorado y es probable que no se le reemplace en lo inmediato. Desafortunadamente, ni la administración Obama ni la Fed parecen dispuestas a enfrentar estas realidades.

La securitización —reunir grandes cantidades de hipotecas para venderlas a fondos de pensión e inversores en todo el mundo— funcionó sólo porque había agencias de calificación a las que se les confió la tarea de asegurar que los préstamos hipotecarios fueran otorgados a personas que pudieran pagarlos. Hoy, nadie confiará, ni tendría por qué hacerlo, en las agencias de calificación, ni en los bancos de inversión que proveyeron de productos defectuosos (a veces hasta los diseñaron para perder dinero).

En resumen, las políticas gubernamentales para respaldar al mercado inmobiliario no sólo no solucionaron el problema, sino que están prolongando el proceso de desapalancamiento y creando las condiciones para una crisis al estilo japonés. Evitar este “nuevo normal” lúgubre será difícil, pero existen políticas alternativas con perspectivas mucho mejores de hacer regresar a Estados Unidos y a la economía global a la prosperidad.

Las empresas han aprendido a tomar las malas noticias con calma, registrar las pérdidas en los libros y seguir adelante, pero nuestros gobiernos no. En una de cada cuatro hipotecas estadounidenses, la deuda supera el valor de la vivienda. Los desalojos no hacen más que aumentar la cantidad de gente sin techo y de casas desocupadas. Lo que hace falta es pasar a pérdida sin demoras el valor de las hipotecas. Los bancos tendrán que reconocer las pérdidas y, si fuera necesario, encontrar el capital adicional para cumplir con los requisitos de reservas.

Esto, por supuesto, será doloroso para los bancos, pero su dolor no será nada comparado con el sufrimiento que le infligieron a la gente en el resto de la economía global.



* Premio Nobel de Economía en 2001.© Project Syndicate 1995-2010.

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Joseph E. Stiglitz

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Sacar campesinos | ELESPECTADOR.COM

Sacar campesinos | ELESPECTADOR.COM: "Sacar campesinos

Por: Alfredo Molano Bravo

LA TIERRA ESTÁ DE MODA; YA HASTA en La W se habla de ella, de su injusta distribución, del presupuesto del Ministerio de Agricultura, de la deuda que tiene el país con los 'labriegos'. En fin, en cocteles y desayunos ejecutivos, en clubes y sacristías, el asunto ha salido del clóset. Un paso adelante.

Después de tanta oscuridad, cualquier bombillo es un amanecer. Pero aun así quieren apagarlo a como dé lugar: de un zapatazo, de un varillazo, y algunos, de un balazo. O de varios, de muchos. Como siempre. El frenazo a la Ley de Tierras de López Pumarejo significó la Violencia de los años 50; el Pacto de Chicoral de 1974, que enterró la Reforma Agraria de los 60, abonó la tierra donde echó raíces la guerra de las drogas de la que no salimos. Ahora, la nueva Ley de Tierras propuesta por Juan Camilo Restrepo ha iniciado su viacrucis. Tendrá muchas estaciones, y cuatro grandes retenes: el de los gremios, el del Congreso, el de los fusiles y el del mercado. Por ahora comienza a interponerse el colador de los gremios. Es el primero, el que da la línea entre venias y agua de colonia. Y es temible por eso mismo. Sacarán a relucir cifras, estadísticas, curvas para reducir la iniciativa a sus “justas proporciones”. O sea, para acomodarla a sus propios –y mezquinos– intereses. A la Ley 200 del 36, la función social de la propiedad, le atravesaron la Ley 100 del 44, que amplió el plazo para que las tierras no explotadas de los latifundios volvieran a Estado y ese plazo se amplió y amplió hasta disolverse . A la reforma Agraria de Lleras –llamémosla así– le colgaron todo tipo de precondiciones: construcción de distritos de riego, carreteras, hospitales, colegios; organización de cooperativas de mercadeo, creación de programas de crédito supervisado, etc., de tal suerte que la plata destinada a darle tierra al campesino se enredó hasta anular la distribución. No es que esos requisitos no fueran válidos, pero no podían sustituir –como lo hicieron– la entrega de tierras.

La propuesta del Gobierno de devolver a los campesinos dos millones de hectáreas –500.000 cada año– y 100.000 hectáreas ahora mismo, ha levantado tantas ampollas en los presuntos perjudicados como respaldo en la opinión pública y esperanza en los desterrados. Cien mil hectáreas fue lo que la reforma del 61 entregó en 15 años, descontando la titulación de baldíos. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) ha comenzado a disparar argumentos. El primero, contra las Zonas de Reserva Campesina, una figura útil para impedir que las tierras repartidas regresen a manos de los usurpadores –o de otros con las mismas mañas– pocos años después. El argumento es que los límites legales de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), o sea la extensión de los predios considerados de economía campesina, deben ser abolidos. Sería algo así como liquidar en las ciudades el criterio de estrato, que de alguna manera ha favorecido a los pobres. La UAF para la SAC se debe liquidar, lo que significa que las Zonas de Reserva Campesina también. Por esta razón, don Rafael Mejía, presidente de la SAC, propone que los campesinos, a quienes se les devolverían las tierras robadas, deberían antes probar ser emprendedores empresarios. Está lejos de entender que antes de ser un negocio, la economía campesina es una cultura, tal como lo es la indígena o la de las comunidades negras ancestrales. Para este gran empresario todo lo que no es ganancia es una pendejada. De esta premisa da un salto para afirmar que los desplazados no quieren regresar a sus tierras –inclusive da cifras, sabrá Dios sacadas de qué almohadón–. Olvida, por supuesto, la función cumplida por la motosierra. Yo no dudo que muchos desplazados teman volver a sus fincas porque de ahí los sacaron a sangre y fuego. Esa sangre está fresca y ese fuego no está apagado. En el fondo es una crítica a un Estado que no les da garantías de retorno. La solución –propongo– sería quitarles un poco de escoltas a los escoltados de siempre y trasladárselas a los campesinos.
Es más, agregaría don Rafael: los que quieren regresar no lo hacen por vocación campesina, sino por negocio: piensan vender la tierra que se les dará. Son, pues –concluiría– especuladores de la propiedad rústica. Tan pronto el Estado les titule, dan la vuelta y venden los predios .No faltará el calanchín que agregue: Y se gastarán la plata en aguardiente. ¿Para qué tanta vuelta legal, tanto recurso presupuestal, tanto abogado, tanta demagogia, para resultar vendiéndonos la tierra a nosotros, los grandes empresarios del campo, pensarán los Presidentes de los gremios, mientras miran a una familia pidiendo limosna en un semáforo? Y no les falta razón si el Estado hace lo de siempre, dejar que el mercado gobierne la tierra.

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Alfredo Molano Bravo

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