El tiempo apremia - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "El tiempo apremia
El Partido Verde quedó ante una fuerte exigencia: arranca o desaparece. La carta enviada por Sergio Fajardo, líder del Movimiento Compromiso Ciudadano (y ex compañero de fórmula presidencial de Antanas Mockus), la puso en blanco y negro. La decepción por el aplazamiento recurrente de las discusiones que definan tanto las condiciones de entrada de Fajardo y su movimiento a los verdes, como los derroteros de trabajo futuro, además de comprensible, resulta preocupante.
Es comprensible, porque Compromiso Ciudadano, como cualquier movimiento político, necesita saber cuáles son las reglas de juego para decidir si se incorpora al Partido Verde o sigue haciendo política por su lado. Y es preocupante, porque el aplazamiento revela que la dirigencia del partido está enfrascada en discusiones de trámite, pero no de contenidos, ni de estrategias.
No de otra manera se explica cómo una colectividad sin una conducción política clara y con una base territorial tan frágil se mete en el absurdo de tener una dirección nacional de 17 personas. ¿Lo hacen pensando en una mayor representación de las regiones? ¿O están buscando espacios para la participación de las minorías? La respuesta, penosa por cierto, es que abrieron la dirección nacional a los congresistas elegidos por el partido. ¿A cuenta de qué los senadores y representantes deben estar en la dirección nacional del partido por el que fueron elegidos?
¿Acaso no se iba a hacer una política distinta? ¿Los verdes no querían ser alternativa de poder? Pues eso no se logra dejando 'parlamentarizar' el partido, ni tratando de resolver las tensiones internas, ni ampliando o reduciendo los puestos de la dirección nacional. Es el camino en el que los partidos y los políticos tradicionales se han hundido.
Quizá la principal contribución que los verdes le pueden hacer al país es el saldo pedagógico que dejen las acciones y decisiones de sus militantes. Y aquí los congresistas pueden demostrar que los miles de votos que obtuvieron en marzo pasado no les dan más poder, sino más responsabilidades, que es muy distinto. Y que, en lugar de que les rindan honores, son ellos los que deben estar rindiendo cuentas.
Con los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, la época del partido pequeño y de las candidaturas solitarias y personales, se acabó. Ahora, el Partido Verde es la segunda fuerza política y electoral del país. Eso implica una dirigencia y una militancia con un sentido muy distinto.
El camino es más simple. Ya que la multitudinaria dirección nacional existe, les prestaría un gran servicio a su colectividad y al país si se reúne y, antes de votar por unanimidad su disolución, nombra un presidente, que asuma la conducción política y sea el vocero del partido. Y elige una comisión política de tres o cuatro personas que se encargue de la tarea de darles a los verdes: 1) una base territorial, que no solo extienda las ideas políticas, sino que les dé una organización regional y local que las movilice; 2) una estructura programática, que traduzca las ideas políticas en propuestas concretas de futuro para municipios y departamentos, y 3) un grupo de líderes locales y regionales que le permita al partido presentarse con candidatos de verdadera valía ética y profesional a las próximas elecciones de concejales, diputados, alcaldes y gobernadores.
Mientras, hay que facilitar las condiciones de entrada de Sergio Fajardo y su grupo al Partido Verde y de todos aquellos dirigentes dispuestos a construir un nuevo país. Para ganar tiempo, hay que arrancar con las campañas electorales que, como la de Peñalosa en Bogotá, se puedan convertir en una oferta realista y viable política y electoralmente. Eso le da solidez política al proyecto.
Estamos a un año de las elecciones locales y regionales, y el estado de cosas no da espera. No es un asunto de impaciencia. Es la respuesta seria y puntual a un compromiso adquirido en las elecciones pasadas. Y, ojo con la alerta que comienzan a lanzar los jóvenes militantes: 'Por andar creyendo que somos los Rolling Stones, si no trabajamos, podemos quedar convertidos en los enanitos verdes'. Y pueden tener razón.
Pedro Medellín Torres
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martes, 24 de agosto de 2010
domingo, 22 de agosto de 2010
Cómo enviar un artículo de opinión para el International Herald Tribune y NYTimes.com ' s Sección Opinión Global - Op -Ed - NYTimes.com
Cómo enviar un artículo de opinión para el International Herald Tribune y NYTimes.com ' s Sección Opinión Global - Op -Ed - NYTimes.com: "¿Cómo puedo enviar un artículo de opinión a las páginas de opinión del International Herald Tribune, incluyendo la sección de Opinión Global de NYTimes.com ?
El International Herald Tribune (IHT ) da la bienvenida a los artículos remitidos para su publicación en la sección de Opinión Global de NYTimes.com y las vistas de páginas de las ediciones impresas del IHT . Los artículos pueden ser sobre cualquier tema , de preferencia 650-800 palabras. Leemos todas las propuestas lo antes posible , y se comunicará con usted por correo electrónico en un plazo de 10 días si su artículo es probable que sea publicado. Si usted no ha oído hablar de nosotros dentro de 10 días , usted puede asumir que no son capaces de utilizar su artículo. No podemos acordar la publicación de un artículo hasta que no hayamos visto la versión final. No solemos publicar artículos que han aparecido en otras publicaciones en idioma Inglés , y en general se prefiere la exclusividad. En todos los casos , insistimos en que nos diga si un artículo haya sido publicado, o está a punto de publicarse , en cualquier idioma en otro sitio . Al presentar un artículo , por favor asegúrese de que incluye una forma de llegar , el lugar donde se escribió el artículo ( ' fecha límite ') y una breve descripción de lo que eres .
La mejor manera de enviarnos su artículo es por correo electrónico a opinion@iht.com.
También puede enviarlo por fax al : +331-4143-9332 .
Tan pronto como recibamos el artículo, le enviaremos una respuesta automática . Si creemos que tiene muchas posibilidades de ser publicada, le enviaremos un mensaje pidiendo un poco de información. Editamos todos los artículos para la longitud , la claridad y la coherencia de estilo, y vamos a escribir el título . Si la edición incluye los cambios de fondo, nos aseguraremos de que usted lo ve antes de que sea publicado. Pagamos una modestos honorarios para los artículos de opinión publicados , pero no a los funcionarios de gobierno o de otro cuyo trabajo consiste en representar a su organización.
Consejos para escribir un artículo de opinión :
Trate de aproximadamente 750 palabras, pero no estires el pensamiento . Si es perfecto en 400, grande, si se exige absolutamente 1.000 , vamos a tratar de acomodarlo.
• Abrir con un sentido claro de lo que estás escribiendo y por qué el lector debería preocuparse por él, luego continuar con un argumento contundente que conduce a una conclusión firme . Demasiado numerosos artículos dan una gran descripción del problema, pero luego se agotan en una conclusión débil que 'es hora de que 'alguien hace algo. Danos una visión de futuro y la solución original.
• Dicho esto , no hay fórmula fija . Nos gusta la innovación estilística.
• No espere demasiado tiempo. Noticias rápidamente se estropea .
• Recuerde que estamos leyendo la prensa internacional . Problemas con la recolección de basura locales son interesantes para nuestros lectores sólo si reflejan un problema más universal.
• cuidadosamente elegidos , los ejemplos concretos y anécdotas interponer un tema vivo para el lector. No trate de paquete de demasiados pensamientos en su ensayo. Un punto argumentado a fondo suele ser suficiente .
• Evite el lenguaje formal, los sentimientos justos y burocrático o jerga de reflexión . Usted está escribiendo para el lector general , que no puede conocer la diferencia entre UNMIK , la KFOR y Doha.
• Ser apasionado, por todos los medios , pero repuesto tu bar- sala de fiestas rave .
• Evite los lugares comunes como la peste.
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Trate de aproximadamente 750 palabras, pero no estires el pensamiento . Si es perfecto en 400, grande, si se exige absolutamente 1.000 , vamos a tratar de acomodarlo.
• Abrir con un sentido claro de lo que estás escribiendo y por qué el lector debería preocuparse por él, luego continuar con un argumento contundente que conduce a una conclusión firme . Demasiado numerosos artículos dan una gran descripción del problema, pero luego se agotan en una conclusión débil que 'es hora de que 'alguien hace algo. Danos una visión de futuro y la solución original.
• Dicho esto , no hay fórmula fija . Nos gusta la innovación estilística.
• No espere demasiado tiempo. Noticias rápidamente se estropea .
• Recuerde que estamos leyendo la prensa internacional . Problemas con la recolección de basura locales son interesantes para nuestros lectores sólo si reflejan un problema más universal.
• cuidadosamente elegidos , los ejemplos concretos y anécdotas interponer un tema vivo para el lector. No trate de paquete de demasiados pensamientos en su ensayo. Un punto argumentado a fondo suele ser suficiente .
• Evite el lenguaje formal, los sentimientos justos y burocrático o jerga de reflexión . Usted está escribiendo para el lector general , que no puede conocer la diferencia entre UNMIK , la KFOR y Doha.
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Adelante con la reforma a las regalías - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
Adelante con la reforma a las regalías - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "Adelante con la reforma a las regalías
Cuando en campaña el equipo del actual Presidente propuso una reforma del sistema de regalías, imaginé que, cuando tal iniciativa se presentara formalmente, los actuales beneficiarios de tales giros, es decir, los departamentos y municipios productores de recursos minero-energéticos, con discreción agacharían la cabeza, y en silencio permitirían que la sociedad colombiana examinara el uso de esos dineros y les diera un nuevo destino.
Imaginé tal cosa, pues supuse que tenían algo de decoro, y que en algún grado sentían vergüenza por el modo como hasta ahora se han ejecutado las regalías. Hoy, tras casi treinta años de haberse iniciado en Colombia los más grandes proyectos de explotación en petróleo y carbón; hoy, cuando El Cerrejón, Caño Limón y Cusiana no son novedades sino ya elementos de nuestra historia, produce la mayor tristeza constatar que los departamentos y municipios que han recibido multimillonarias regalías siguen, en su gran mayoría, agobiados por la pobreza, y en algunos casos incluso sufren la carencia de elementos indispensables para una vida decente como el agua potable.
No vale la pena repetir los más sonoros casos de exuberante despilfarro: ellos han sido ya denunciados por los medios. Baste con decir que, según informe publicado en EL TIEMPO (15 de agosto), hay un expediente con más de 24.000 irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos. Se han conocido casos de corrupción, de desvío hacia grupos armados ilegales, de derroche, y de inversión en proyectos inútiles y extravagantes. El periodista Mauricio Gómez, en su excelente serie sobre las regiones de Colombia en CM&, mostró el caso de la construcción inconclusa de un hospital en Arauca, cuyos ascensores no tendrían espacio para transportar camillas. Abandonada, la construcción yace en ruinas.
Por todo lo anterior, me llevé una gran sorpresa al constatar la actitud combativa, llena de indignación, que han mostrado los beneficiarios de regalías ante el simple anuncio de la reforma. Como si su ejecución de los recursos fuera ejemplar, y como si sus departamentos y municipios fuesen hoy arquetipos de desarrollo humano, una cierta asociación de municipios petroleros (Ampet) advirtió que no permitirá 'un raponazo a las zonas productoras' ('Portafolio', 17 de agosto). La senadora del Meta Maritza Martínez dijo que la reforma no debe implicar 'despojo para los productores'.
Despojo es lo que han sufrido los habitantes de esos municipios y departamentos, esas personas cuyas necesidades siguen insatisfechas, cuya infraestructura es deficiente, y cuyos colegios son ruinosos. 'Raponazo' es lo que han sufrido esas regiones, opulentas en riqueza del subsuelo, pero incapaces en muchos casos de proporcionar a su población agua potable.
No cabe duda sobre la necesidad de esta reforma. Pero sea ella también la ocasión para aprender. Esa 'maldición de los recursos' que han experimentado las zonas productoras debe ser vista como un anuncio, aun cuando en exceso dramático, de lo que podría suceder a nivel nacional con el inminente aumento de los ingresos por minería y petróleo.
Hay allí también una moraleja sobre la descentralización: sobre cómo ese concepto debe asumirse de manera analítica, y no como aquel intocable dogma que muchos abanderaron en los años recientes, sin duda como reacción al extremo y fatal centralismo anterior. Examinada, caso por caso, la descentralización ha de considerarse por sus méritos y por la capacidad de los entes territoriales para asumirla con decencia y con eficacia.
Y quedaría por hacer una advertencia: es bienvenida la reforma de las regalías, siempre y cuando no se busque con ella aliviar el problema fiscal del Gobierno central. Tal cosa no sería más que una suerte de hipnosis, en medio de la cual omitiríamos la urgente tarea de equilibrar el ingreso público y de racionalizar el gasto.
La advertencia es válida por cuanto la tentación será grande: un déficit proyectado de 4,4 por ciento para 2010, creciente presión en pensiones, desplazamiento forzado, y salud; en fin, un panorama frente al cual resultaría tentador echar mano a la renta del subsuelo.
* Investigador del Instituto de Ciencia Política
Andrés Mejía Vergnaud*
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Cuando en campaña el equipo del actual Presidente propuso una reforma del sistema de regalías, imaginé que, cuando tal iniciativa se presentara formalmente, los actuales beneficiarios de tales giros, es decir, los departamentos y municipios productores de recursos minero-energéticos, con discreción agacharían la cabeza, y en silencio permitirían que la sociedad colombiana examinara el uso de esos dineros y les diera un nuevo destino.
Imaginé tal cosa, pues supuse que tenían algo de decoro, y que en algún grado sentían vergüenza por el modo como hasta ahora se han ejecutado las regalías. Hoy, tras casi treinta años de haberse iniciado en Colombia los más grandes proyectos de explotación en petróleo y carbón; hoy, cuando El Cerrejón, Caño Limón y Cusiana no son novedades sino ya elementos de nuestra historia, produce la mayor tristeza constatar que los departamentos y municipios que han recibido multimillonarias regalías siguen, en su gran mayoría, agobiados por la pobreza, y en algunos casos incluso sufren la carencia de elementos indispensables para una vida decente como el agua potable.
No vale la pena repetir los más sonoros casos de exuberante despilfarro: ellos han sido ya denunciados por los medios. Baste con decir que, según informe publicado en EL TIEMPO (15 de agosto), hay un expediente con más de 24.000 irregularidades detectadas en el manejo de estos recursos. Se han conocido casos de corrupción, de desvío hacia grupos armados ilegales, de derroche, y de inversión en proyectos inútiles y extravagantes. El periodista Mauricio Gómez, en su excelente serie sobre las regiones de Colombia en CM&, mostró el caso de la construcción inconclusa de un hospital en Arauca, cuyos ascensores no tendrían espacio para transportar camillas. Abandonada, la construcción yace en ruinas.
Por todo lo anterior, me llevé una gran sorpresa al constatar la actitud combativa, llena de indignación, que han mostrado los beneficiarios de regalías ante el simple anuncio de la reforma. Como si su ejecución de los recursos fuera ejemplar, y como si sus departamentos y municipios fuesen hoy arquetipos de desarrollo humano, una cierta asociación de municipios petroleros (Ampet) advirtió que no permitirá 'un raponazo a las zonas productoras' ('Portafolio', 17 de agosto). La senadora del Meta Maritza Martínez dijo que la reforma no debe implicar 'despojo para los productores'.
Despojo es lo que han sufrido los habitantes de esos municipios y departamentos, esas personas cuyas necesidades siguen insatisfechas, cuya infraestructura es deficiente, y cuyos colegios son ruinosos. 'Raponazo' es lo que han sufrido esas regiones, opulentas en riqueza del subsuelo, pero incapaces en muchos casos de proporcionar a su población agua potable.
No cabe duda sobre la necesidad de esta reforma. Pero sea ella también la ocasión para aprender. Esa 'maldición de los recursos' que han experimentado las zonas productoras debe ser vista como un anuncio, aun cuando en exceso dramático, de lo que podría suceder a nivel nacional con el inminente aumento de los ingresos por minería y petróleo.
Hay allí también una moraleja sobre la descentralización: sobre cómo ese concepto debe asumirse de manera analítica, y no como aquel intocable dogma que muchos abanderaron en los años recientes, sin duda como reacción al extremo y fatal centralismo anterior. Examinada, caso por caso, la descentralización ha de considerarse por sus méritos y por la capacidad de los entes territoriales para asumirla con decencia y con eficacia.
Y quedaría por hacer una advertencia: es bienvenida la reforma de las regalías, siempre y cuando no se busque con ella aliviar el problema fiscal del Gobierno central. Tal cosa no sería más que una suerte de hipnosis, en medio de la cual omitiríamos la urgente tarea de equilibrar el ingreso público y de racionalizar el gasto.
La advertencia es válida por cuanto la tentación será grande: un déficit proyectado de 4,4 por ciento para 2010, creciente presión en pensiones, desplazamiento forzado, y salud; en fin, un panorama frente al cual resultaría tentador echar mano a la renta del subsuelo.
* Investigador del Instituto de Ciencia Política
Andrés Mejía Vergnaud*
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¿Un gobierno ambientalista? - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
¿Un gobierno ambientalista? - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "¿Un gobierno ambientalista?
'En un acto simbólico, con profundos significados trascendentes, los 'mamos' me entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras. Una representa la tierra, que debemos cuidar. Otra representa el agua, que es la fuente de la vida. Otra representa la naturaleza, con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador. Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno -esos símbolos preciados- harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.' Estas palabras, con las que el presidente Santos inició su discurso de posesión y se refirió a la ceremonia a la que acudió con su familia en el gran templo de Seiyua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la mañana del 7 de agosto, le sirvieron para enmarcar y explicar el sentido y metas de su programa de gobierno.
Subrayó que 'un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagrados en la Carta del 91', y que a 'nuestros niños les debemos también la obligación de velar, con responsabilidad, por la preservación de nuestro medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. Crearemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Agua, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales'.
Quienes votamos por el Partido Verde debemos reconocer que, de haber llegado nuestro candidato a la Presidencia, difícilmente habríamos estado en una ceremonia y un discurso de posesión tan verde.
Para alcanzar sus objetivos, el presidente Santos deberá enfrentar complejos retos y dilemas. En efecto, en la Constitución de 1991 se consagró la más ambiciosa política para la protección de la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestra historia, que ya para esa fecha había recibido un definitivo impulso del gobierno del presidente Barco. Los derechos a la identidad cultural y territorial de las minorías étnicas se concretan hoy en el hecho de que cerca del 36 por ciento del área continental del país sean resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Pero es una política que está profundamente amenazada como consecuencia del desplazamiento violento de estas comunidades, el asesinato de sus líderes, la minería ilegal, la usurpación de sus tierras y la destrucción de sus bosques por parte de paraempresarios y narcos. Vencer este conjunto de actos criminales contra las minorías étnicas y la integridad de sus territorios requerirá entonces mucho más que la Ley de Ordenamiento Territorial.
Y en todo el territorio nacional, incluyendo el marino, ¿cómo armonizará el nuevo gobierno el impulso de las grandes locomotoras que jalarán la prosperidad democrática, como son la minería, la infraestructura y el agro, con su política de protección ambiental anunciada el 7 de agosto? Estas locomotoras tomaron desde hace años el rumbo equivocado, como lo evidencian los graves y crecientes daños a nuestra riqueza en biodiversidad y agua que están dejando a su paso y que incluyen, entre otros, la escandalosa deforestación de 2'356.000 hectáreas registrada entre el 2000 y el 2007, recientemente revelada por el Ideam.
Recrear el Ministerio del Ambiente y anunciar como ministra designada a una reconocida ambientalista son medidas necesarias pero insuficientes. Ante todo se requiere que, bajo la batuta del Jefe del Estado, los ministerios de Agricultura, Minas y Hacienda y Planeación Nacional enrumben estas desbocadas locomotoras, siguiendo el principio según el cual 'el gobierno debe respetar el orden de la naturaleza', adoptado por el presidente Santos de los 'mamos'. De lo contrario, habríamos simplemente presenciado un chévere paseo presidencial a la Sierra coronado en la Plaza de Bolívar con un discurso de desenguayabe teñido de verde.
Manuel Rodríguez Becerra
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'En un acto simbólico, con profundos significados trascendentes, los 'mamos' me entregaron un bastón de mando y un collar con cuatro piedras. Una representa la tierra, que debemos cuidar. Otra representa el agua, que es la fuente de la vida. Otra representa la naturaleza, con la que debemos estar en armonía. La cuarta representa el gobierno, que debe respetar el orden de la naturaleza y la voluntad del Creador. Tierra, agua, naturaleza y buen gobierno -esos símbolos preciados- harán parte integral de la administración que hoy comenzamos.' Estas palabras, con las que el presidente Santos inició su discurso de posesión y se refirió a la ceremonia a la que acudió con su familia en el gran templo de Seiyua, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la mañana del 7 de agosto, le sirvieron para enmarcar y explicar el sentido y metas de su programa de gobierno.
Subrayó que 'un gran reto del nuevo Congreso será la aprobación, por fin, de la Ley de Ordenamiento Territorial que impulse la descentralización y desarrolle los derechos de las minorías étnicas consagrados en la Carta del 91', y que a 'nuestros niños les debemos también la obligación de velar, con responsabilidad, por la preservación de nuestro medio ambiente y por el futuro de nuestro planeta. Crearemos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Agua, para garantizar una mayor protección del agua y de nuestros recursos naturales'.
Quienes votamos por el Partido Verde debemos reconocer que, de haber llegado nuestro candidato a la Presidencia, difícilmente habríamos estado en una ceremonia y un discurso de posesión tan verde.
Para alcanzar sus objetivos, el presidente Santos deberá enfrentar complejos retos y dilemas. En efecto, en la Constitución de 1991 se consagró la más ambiciosa política para la protección de la diversidad cultural y la biodiversidad de nuestra historia, que ya para esa fecha había recibido un definitivo impulso del gobierno del presidente Barco. Los derechos a la identidad cultural y territorial de las minorías étnicas se concretan hoy en el hecho de que cerca del 36 por ciento del área continental del país sean resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Pero es una política que está profundamente amenazada como consecuencia del desplazamiento violento de estas comunidades, el asesinato de sus líderes, la minería ilegal, la usurpación de sus tierras y la destrucción de sus bosques por parte de paraempresarios y narcos. Vencer este conjunto de actos criminales contra las minorías étnicas y la integridad de sus territorios requerirá entonces mucho más que la Ley de Ordenamiento Territorial.
Y en todo el territorio nacional, incluyendo el marino, ¿cómo armonizará el nuevo gobierno el impulso de las grandes locomotoras que jalarán la prosperidad democrática, como son la minería, la infraestructura y el agro, con su política de protección ambiental anunciada el 7 de agosto? Estas locomotoras tomaron desde hace años el rumbo equivocado, como lo evidencian los graves y crecientes daños a nuestra riqueza en biodiversidad y agua que están dejando a su paso y que incluyen, entre otros, la escandalosa deforestación de 2'356.000 hectáreas registrada entre el 2000 y el 2007, recientemente revelada por el Ideam.
Recrear el Ministerio del Ambiente y anunciar como ministra designada a una reconocida ambientalista son medidas necesarias pero insuficientes. Ante todo se requiere que, bajo la batuta del Jefe del Estado, los ministerios de Agricultura, Minas y Hacienda y Planeación Nacional enrumben estas desbocadas locomotoras, siguiendo el principio según el cual 'el gobierno debe respetar el orden de la naturaleza', adoptado por el presidente Santos de los 'mamos'. De lo contrario, habríamos simplemente presenciado un chévere paseo presidencial a la Sierra coronado en la Plaza de Bolívar con un discurso de desenguayabe teñido de verde.
Manuel Rodríguez Becerra
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Son mejores las jodas que las odas - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
Son mejores las jodas que las odas - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "Son mejores las jodas que las odas
Es la crónica de una anulación anunciada. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe pactó con Washington el montaje de bases militares en Colombia, numerosos abogados y comentaristas advirtieron que, al haber prescindido de la aprobación del Congreso y el control jurisdiccional, el acuerdo era un cadáver jurídico. La Corte Constitucional acaba de confirmarlo.
Temo que las mayorías oficiales lo resuciten en el Capitolio y perdamos así la histórica oportunidad de cerrar las bases con el más democrático de los pretextos, que es el régimen de Derecho. Pero lo importante es preguntarse cómo puede ser que un Presidente desoiga toda advertencia y firme un tratado anticonstitucional. La respuesta más probable es que nadie en la Casa de Nariño tuvo el valor de decírselo. Una placa en ese edificio transcribe la acertada frase de un prócer según la cual 'el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad'. El temperamento napoleónico de Uribe necesitaba que se lo gritaran, no bastaba con tímidas miradas. Pero en torno a él solo florecían las sonrisas serviles y las voces de encomio.
Por falta de consejo o por sordera imperial, numerosas iniciativas se le cayeron al Gobierno en las cortes o salieron tijereteadas: el último decreto de conmoción interior, la Ley de Justicia y Paz, el Código Penal, el Estatuto de Desarrollo Rural (se negó tercamente a consultar a negros e indígenas) y aun el proceso de re-reelección, guiado a control remoto desde la Presidencia.
¿Quiénes asesoraban a Uribe, qué amigos verdaderos le cantaban la verdad? Pocos o ninguno. Lo rodeaban incondicionales y cortesanos. Todo se apoyaba en la popularidad que conquistaron la laboriosidad y el manejo de medios del Presidente y en su personalidad ('En su universo no hay sino un planeta rey: usted mismo', escribió Plinio Mendoza, uno de sus áulicos).
Ahora empiezan a reconocerse errores gordos del mandato pasado, como el de las bases. Era imposible no incurrir en ellos cuando alrededor del gobernante no existía un sistema de asesores capaz de llevarle la contraria y protegerlo, sino un coro fervoroso de aplausos. Pasarán a la historia nacional del sonrojo algunas páginas con las que lloraron la terminación del anterior gobierno cercanos adoradores suyos. Transcribo pocos fragmentos, pues la obra completa provoca náuseas:
Armando Benedetti: 'Puede decirse sin exageraciones que Álvaro Uribe Vélez es un fenómeno universal de opinión pública literalmente irrepetible'.
Ernesto Yahmure: 'Culmina el mejor período presidencial de la historia de Colombia... La democracia ha dicho que era necesario un relevo en el poder. Aceptamos el veredicto y con el corazón compungido le decimos que lo vamos a extrañar. Difícilmente alguien podrá ser más querido y respetado por su pueblo'.
José Obdulio Gaviria: 'Finaliza la Presidencia más larga, enjundiosa, brillante y fructífera de nuestra historia. La Providencia nos regaló una inteligencia superior; un guía providencial para dirigir a su pueblo en la travesía del desierto... ¡Qué orgullo haber acompañado al presidente Uribe en su gestión; qué honor participar en la formulación de las bases históricas e ideológicas del cuerpo de doctrina que guio la esplendorosa transformación vivida por Colombia!'.
Fernando Londoño Hoyos: 'Como hombre de guerra ha sido inmaculado y como hombre de gobierno no tiene tacha... Su inteligencia es a veces ofuscante, desmedida, sin concesiones ni parcelas... Su memoria es desconcertante... Su fama crecerá 'como la sombra cuando el sol declina'... Parece nacido de la raza de los titanes. Es humanamente inexplicable. Otro como él no volverá'.
Leyendo estos textos se convence uno de que el mayor mérito de Uribe fue haber gobernado en medio de tanta lambonería. Lo que no advirtieron los corifeos es que de titán a Titanic solo hay dos letras, y por eso se les hundieron tantos proyectos. Espero que sea cierto aquello de que el susodicho es 'irrepetible' y que 'otro como él no volverá'.
Señores gobernantes: desconfíen de los aduladores. Estimulen la franqueza. Busquen contradictores. Agradezcan más las jodas que las odas.
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Es la crónica de una anulación anunciada. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe pactó con Washington el montaje de bases militares en Colombia, numerosos abogados y comentaristas advirtieron que, al haber prescindido de la aprobación del Congreso y el control jurisdiccional, el acuerdo era un cadáver jurídico. La Corte Constitucional acaba de confirmarlo.
Temo que las mayorías oficiales lo resuciten en el Capitolio y perdamos así la histórica oportunidad de cerrar las bases con el más democrático de los pretextos, que es el régimen de Derecho. Pero lo importante es preguntarse cómo puede ser que un Presidente desoiga toda advertencia y firme un tratado anticonstitucional. La respuesta más probable es que nadie en la Casa de Nariño tuvo el valor de decírselo. Una placa en ese edificio transcribe la acertada frase de un prócer según la cual 'el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad'. El temperamento napoleónico de Uribe necesitaba que se lo gritaran, no bastaba con tímidas miradas. Pero en torno a él solo florecían las sonrisas serviles y las voces de encomio.
Por falta de consejo o por sordera imperial, numerosas iniciativas se le cayeron al Gobierno en las cortes o salieron tijereteadas: el último decreto de conmoción interior, la Ley de Justicia y Paz, el Código Penal, el Estatuto de Desarrollo Rural (se negó tercamente a consultar a negros e indígenas) y aun el proceso de re-reelección, guiado a control remoto desde la Presidencia.
¿Quiénes asesoraban a Uribe, qué amigos verdaderos le cantaban la verdad? Pocos o ninguno. Lo rodeaban incondicionales y cortesanos. Todo se apoyaba en la popularidad que conquistaron la laboriosidad y el manejo de medios del Presidente y en su personalidad ('En su universo no hay sino un planeta rey: usted mismo', escribió Plinio Mendoza, uno de sus áulicos).
Ahora empiezan a reconocerse errores gordos del mandato pasado, como el de las bases. Era imposible no incurrir en ellos cuando alrededor del gobernante no existía un sistema de asesores capaz de llevarle la contraria y protegerlo, sino un coro fervoroso de aplausos. Pasarán a la historia nacional del sonrojo algunas páginas con las que lloraron la terminación del anterior gobierno cercanos adoradores suyos. Transcribo pocos fragmentos, pues la obra completa provoca náuseas:
Armando Benedetti: 'Puede decirse sin exageraciones que Álvaro Uribe Vélez es un fenómeno universal de opinión pública literalmente irrepetible'.
Ernesto Yahmure: 'Culmina el mejor período presidencial de la historia de Colombia... La democracia ha dicho que era necesario un relevo en el poder. Aceptamos el veredicto y con el corazón compungido le decimos que lo vamos a extrañar. Difícilmente alguien podrá ser más querido y respetado por su pueblo'.
José Obdulio Gaviria: 'Finaliza la Presidencia más larga, enjundiosa, brillante y fructífera de nuestra historia. La Providencia nos regaló una inteligencia superior; un guía providencial para dirigir a su pueblo en la travesía del desierto... ¡Qué orgullo haber acompañado al presidente Uribe en su gestión; qué honor participar en la formulación de las bases históricas e ideológicas del cuerpo de doctrina que guio la esplendorosa transformación vivida por Colombia!'.
Fernando Londoño Hoyos: 'Como hombre de guerra ha sido inmaculado y como hombre de gobierno no tiene tacha... Su inteligencia es a veces ofuscante, desmedida, sin concesiones ni parcelas... Su memoria es desconcertante... Su fama crecerá 'como la sombra cuando el sol declina'... Parece nacido de la raza de los titanes. Es humanamente inexplicable. Otro como él no volverá'.
Leyendo estos textos se convence uno de que el mayor mérito de Uribe fue haber gobernado en medio de tanta lambonería. Lo que no advirtieron los corifeos es que de titán a Titanic solo hay dos letras, y por eso se les hundieron tantos proyectos. Espero que sea cierto aquello de que el susodicho es 'irrepetible' y que 'otro como él no volverá'.
Señores gobernantes: desconfíen de los aduladores. Estimulen la franqueza. Busquen contradictores. Agradezcan más las jodas que las odas.
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Son mejores las jodas que las odas - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
Son mejores las jodas que las odas - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "Son mejores las jodas que las odas
Es la crónica de una anulación anunciada. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe pactó con Washington el montaje de bases militares en Colombia, numerosos abogados y comentaristas advirtieron que, al haber prescindido de la aprobación del Congreso y el control jurisdiccional, el acuerdo era un cadáver jurídico. La Corte Constitucional acaba de confirmarlo.
Temo que las mayorías oficiales lo resuciten en el Capitolio y perdamos así la histórica oportunidad de cerrar las bases con el más democrático de los pretextos, que es el régimen de Derecho. Pero lo importante es preguntarse cómo puede ser que un Presidente desoiga toda advertencia y firme un tratado anticonstitucional. La respuesta más probable es que nadie en la Casa de Nariño tuvo el valor de decírselo. Una placa en ese edificio transcribe la acertada frase de un prócer según la cual 'el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad'. El temperamento napoleónico de Uribe necesitaba que se lo gritaran, no bastaba con tímidas miradas. Pero en torno a él solo florecían las sonrisas serviles y las voces de encomio.
Por falta de consejo o por sordera imperial, numerosas iniciativas se le cayeron al Gobierno en las cortes o salieron tijereteadas: el último decreto de conmoción interior, la Ley de Justicia y Paz, el Código Penal, el Estatuto de Desarrollo Rural (se negó tercamente a consultar a negros e indígenas) y aun el proceso de re-reelección, guiado a control remoto desde la Presidencia.
¿Quiénes asesoraban a Uribe, qué amigos verdaderos le cantaban la verdad? Pocos o ninguno. Lo rodeaban incondicionales y cortesanos. Todo se apoyaba en la popularidad que conquistaron la laboriosidad y el manejo de medios del Presidente y en su personalidad ('En su universo no hay sino un planeta rey: usted mismo', escribió Plinio Mendoza, uno de sus áulicos).
Ahora empiezan a reconocerse errores gordos del mandato pasado, como el de las bases. Era imposible no incurrir en ellos cuando alrededor del gobernante no existía un sistema de asesores capaz de llevarle la contraria y protegerlo, sino un coro fervoroso de aplausos. Pasarán a la historia nacional del sonrojo algunas páginas con las que lloraron la terminación del anterior gobierno cercanos adoradores suyos. Transcribo pocos fragmentos, pues la obra completa provoca náuseas:
Armando Benedetti: 'Puede decirse sin exageraciones que Álvaro Uribe Vélez es un fenómeno universal de opinión pública literalmente irrepetible'.
Ernesto Yahmure: 'Culmina el mejor período presidencial de la historia de Colombia... La democracia ha dicho que era necesario un relevo en el poder. Aceptamos el veredicto y con el corazón compungido le decimos que lo vamos a extrañar. Difícilmente alguien podrá ser más querido y respetado por su pueblo'.
José Obdulio Gaviria: 'Finaliza la Presidencia más larga, enjundiosa, brillante y fructífera de nuestra historia. La Providencia nos regaló una inteligencia superior; un guía providencial para dirigir a su pueblo en la travesía del desierto... ¡Qué orgullo haber acompañado al presidente Uribe en su gestión; qué honor participar en la formulación de las bases históricas e ideológicas del cuerpo de doctrina que guio la esplendorosa transformación vivida por Colombia!'.
Fernando Londoño Hoyos: 'Como hombre de guerra ha sido inmaculado y como hombre de gobierno no tiene tacha... Su inteligencia es a veces ofuscante, desmedida, sin concesiones ni parcelas... Su memoria es desconcertante... Su fama crecerá 'como la sombra cuando el sol declina'... Parece nacido de la raza de los titanes. Es humanamente inexplicable. Otro como él no volverá'.
Leyendo estos textos se convence uno de que el mayor mérito de Uribe fue haber gobernado en medio de tanta lambonería. Lo que no advirtieron los corifeos es que de titán a Titanic solo hay dos letras, y por eso se les hundieron tantos proyectos. Espero que sea cierto aquello de que el susodicho es 'irrepetible' y que 'otro como él no volverá'.
Señores gobernantes: desconfíen de los aduladores. Estimulen la franqueza. Busquen contradictores. Agradezcan más las jodas que las odas.
Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna en cambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano
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Es la crónica de una anulación anunciada. Cuando el gobierno de Álvaro Uribe pactó con Washington el montaje de bases militares en Colombia, numerosos abogados y comentaristas advirtieron que, al haber prescindido de la aprobación del Congreso y el control jurisdiccional, el acuerdo era un cadáver jurídico. La Corte Constitucional acaba de confirmarlo.
Temo que las mayorías oficiales lo resuciten en el Capitolio y perdamos así la histórica oportunidad de cerrar las bases con el más democrático de los pretextos, que es el régimen de Derecho. Pero lo importante es preguntarse cómo puede ser que un Presidente desoiga toda advertencia y firme un tratado anticonstitucional. La respuesta más probable es que nadie en la Casa de Nariño tuvo el valor de decírselo. Una placa en ese edificio transcribe la acertada frase de un prócer según la cual 'el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad'. El temperamento napoleónico de Uribe necesitaba que se lo gritaran, no bastaba con tímidas miradas. Pero en torno a él solo florecían las sonrisas serviles y las voces de encomio.
Por falta de consejo o por sordera imperial, numerosas iniciativas se le cayeron al Gobierno en las cortes o salieron tijereteadas: el último decreto de conmoción interior, la Ley de Justicia y Paz, el Código Penal, el Estatuto de Desarrollo Rural (se negó tercamente a consultar a negros e indígenas) y aun el proceso de re-reelección, guiado a control remoto desde la Presidencia.
¿Quiénes asesoraban a Uribe, qué amigos verdaderos le cantaban la verdad? Pocos o ninguno. Lo rodeaban incondicionales y cortesanos. Todo se apoyaba en la popularidad que conquistaron la laboriosidad y el manejo de medios del Presidente y en su personalidad ('En su universo no hay sino un planeta rey: usted mismo', escribió Plinio Mendoza, uno de sus áulicos).
Ahora empiezan a reconocerse errores gordos del mandato pasado, como el de las bases. Era imposible no incurrir en ellos cuando alrededor del gobernante no existía un sistema de asesores capaz de llevarle la contraria y protegerlo, sino un coro fervoroso de aplausos. Pasarán a la historia nacional del sonrojo algunas páginas con las que lloraron la terminación del anterior gobierno cercanos adoradores suyos. Transcribo pocos fragmentos, pues la obra completa provoca náuseas:
Armando Benedetti: 'Puede decirse sin exageraciones que Álvaro Uribe Vélez es un fenómeno universal de opinión pública literalmente irrepetible'.
Ernesto Yahmure: 'Culmina el mejor período presidencial de la historia de Colombia... La democracia ha dicho que era necesario un relevo en el poder. Aceptamos el veredicto y con el corazón compungido le decimos que lo vamos a extrañar. Difícilmente alguien podrá ser más querido y respetado por su pueblo'.
José Obdulio Gaviria: 'Finaliza la Presidencia más larga, enjundiosa, brillante y fructífera de nuestra historia. La Providencia nos regaló una inteligencia superior; un guía providencial para dirigir a su pueblo en la travesía del desierto... ¡Qué orgullo haber acompañado al presidente Uribe en su gestión; qué honor participar en la formulación de las bases históricas e ideológicas del cuerpo de doctrina que guio la esplendorosa transformación vivida por Colombia!'.
Fernando Londoño Hoyos: 'Como hombre de guerra ha sido inmaculado y como hombre de gobierno no tiene tacha... Su inteligencia es a veces ofuscante, desmedida, sin concesiones ni parcelas... Su memoria es desconcertante... Su fama crecerá 'como la sombra cuando el sol declina'... Parece nacido de la raza de los titanes. Es humanamente inexplicable. Otro como él no volverá'.
Leyendo estos textos se convence uno de que el mayor mérito de Uribe fue haber gobernado en medio de tanta lambonería. Lo que no advirtieron los corifeos es que de titán a Titanic solo hay dos letras, y por eso se les hundieron tantos proyectos. Espero que sea cierto aquello de que el susodicho es 'irrepetible' y que 'otro como él no volverá'.
Señores gobernantes: desconfíen de los aduladores. Estimulen la franqueza. Busquen contradictores. Agradezcan más las jodas que las odas.
Desde hace varios años, el autor del texto recibe comentarios a su columna en cambalache@mail.ddnet.es
Daniel Samper Pizano
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Cultura del manoseo | ELESPECTADOR.COM
Cultura del manoseo | ELESPECTADOR.COM: "Notas de buhardilla
Cultura del manoseo
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
¿QUÉ HACÍAN DOS MINISTROS DE EStado de visita en la Corte Constitucional, una hora antes de que definiera la constitucionalidad de las bases militares de los Estados Unidos?
Los funcionarios dirán que fueron simplemente a informar a los magistrados sobre el alcance del acuerdo con los americanos y no a exigir que se profiriera sentencia favorable. Aunque ese haya sido el tono de la visita y a pesar de que el Gobierno perdió el pleito, lo cierto es que la actitud de quien concurre a un despacho judicial a hablarle privadamente a su juez de la causa en la que tiene interés, así no le plantee sugerencia alguna acerca del sentido de su decisión, incurre en una imprudencia grande.
Seguramente a Hillary Clinton no se le ocurriría presentarse ante la respetada Corte americana, en la antesala de una decisión en la que su cartera tenga interés. Allá debe de haber otros mecanismos, como los hay en Colombia, para que los funcionarios expresen legítimamente sus opiniones o formulen sus solicitudes sobre un asunto pendiente de decisión judicial, que por supuesto no pueden ser las visitas personalizadas.
La costumbre de abordar por teléfono o en su oficina a los jueces, para tocarles los negocios en los que intervienen, es otra mala herencia de la seguridad democrática. Con el cuento de que hay que actuar sin hipocresía, se patentó el manoseo a la justicia. Pero si en esto también se equivocó el gobierno anterior, no menos aquellos magistrados que se dejaron alcanzar en su pedestal para que el poder les hablara al oído.
Fueron muchas las señales que el anterior mandatario dio acerca de su método de abordar como fuera a los jueces. No lo digo solamente por haber coronado la audacia de hacer magistrados de la Corte Constitucional a quien fuera su Secretario Jurídico y a uno de sus más cercanos aliados políticos, en su orden, Mauricio González y Jorge Pretelt, quienes en el desempeño de sus cargos no han dejado duda alguna de dónde proceden. Hace apenas un mes, González —a pesar de ser Vicepresidente— no fue capaz siquiera de leer el comunicado en el que la Corporación que preside protestó por los ultrajes presidenciales al magistrado Yesid Ramírez. Resultó notorio el culillo de enfrentar a su jefe.
Tan protuberante fue el sello de ese estilo abusivo de relacionarse con los hombres de la justicia, que el entonces jefe de Estado irrumpió en una sesión del Consejo Nacional Electoral, cuando decidía un asunto de su interés. Ese mal ejemplo cundió, pues la saliente ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, tuvo el arrojo de llamar a un magistrado para hablarle de una tutela que estaba a su despacho, y claro, el enhiesto funcionario con decencia y firmeza, la mandó al lugar adecuado. Lo mismo hizo el anterior Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, quien un buen día llegó a la Corte Suprema, precisamente cuando se iban a tomar determinaciones sensibles para el régimen.
El gobierno de Santos arrancó bien al dar muestras de reconciliación con las Cortes, relaciones pulverizadas en el gobierno anterior desde el mismo instante en el que nombraron ministro de Justicia al indelicado “Héroe de Invercolsa”, Fernando Londoño. Por eso haría bien el Presidente en instruir a todos sus ministros para que no incurran en el disparate de pretender hablar de sus pleitos con sus jueces, ni siquiera de generar sospechas. Naturalmente los togados también pueden contribuir a ese buen clima, si se amarran los pantalones cuando alguien se atreva. Por allí comienza la independencia y la autonomía.
Adenda. Raro tanto nombramiento del Procurador goterero, Alejandro Ordóñez. Ojalá ese festín burocrático no tenga por finalidad aquerenciarse con quienes tienen la responsabilidad de juzgar sus faltas.
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Cultura del manoseo
Por: Ramiro Bejarano Guzmán
¿QUÉ HACÍAN DOS MINISTROS DE EStado de visita en la Corte Constitucional, una hora antes de que definiera la constitucionalidad de las bases militares de los Estados Unidos?
Los funcionarios dirán que fueron simplemente a informar a los magistrados sobre el alcance del acuerdo con los americanos y no a exigir que se profiriera sentencia favorable. Aunque ese haya sido el tono de la visita y a pesar de que el Gobierno perdió el pleito, lo cierto es que la actitud de quien concurre a un despacho judicial a hablarle privadamente a su juez de la causa en la que tiene interés, así no le plantee sugerencia alguna acerca del sentido de su decisión, incurre en una imprudencia grande.
Seguramente a Hillary Clinton no se le ocurriría presentarse ante la respetada Corte americana, en la antesala de una decisión en la que su cartera tenga interés. Allá debe de haber otros mecanismos, como los hay en Colombia, para que los funcionarios expresen legítimamente sus opiniones o formulen sus solicitudes sobre un asunto pendiente de decisión judicial, que por supuesto no pueden ser las visitas personalizadas.
La costumbre de abordar por teléfono o en su oficina a los jueces, para tocarles los negocios en los que intervienen, es otra mala herencia de la seguridad democrática. Con el cuento de que hay que actuar sin hipocresía, se patentó el manoseo a la justicia. Pero si en esto también se equivocó el gobierno anterior, no menos aquellos magistrados que se dejaron alcanzar en su pedestal para que el poder les hablara al oído.
Fueron muchas las señales que el anterior mandatario dio acerca de su método de abordar como fuera a los jueces. No lo digo solamente por haber coronado la audacia de hacer magistrados de la Corte Constitucional a quien fuera su Secretario Jurídico y a uno de sus más cercanos aliados políticos, en su orden, Mauricio González y Jorge Pretelt, quienes en el desempeño de sus cargos no han dejado duda alguna de dónde proceden. Hace apenas un mes, González —a pesar de ser Vicepresidente— no fue capaz siquiera de leer el comunicado en el que la Corporación que preside protestó por los ultrajes presidenciales al magistrado Yesid Ramírez. Resultó notorio el culillo de enfrentar a su jefe.
Tan protuberante fue el sello de ese estilo abusivo de relacionarse con los hombres de la justicia, que el entonces jefe de Estado irrumpió en una sesión del Consejo Nacional Electoral, cuando decidía un asunto de su interés. Ese mal ejemplo cundió, pues la saliente ministra de Cultura, Paula Marcela Moreno, tuvo el arrojo de llamar a un magistrado para hablarle de una tutela que estaba a su despacho, y claro, el enhiesto funcionario con decencia y firmeza, la mandó al lugar adecuado. Lo mismo hizo el anterior Secretario Jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, quien un buen día llegó a la Corte Suprema, precisamente cuando se iban a tomar determinaciones sensibles para el régimen.
El gobierno de Santos arrancó bien al dar muestras de reconciliación con las Cortes, relaciones pulverizadas en el gobierno anterior desde el mismo instante en el que nombraron ministro de Justicia al indelicado “Héroe de Invercolsa”, Fernando Londoño. Por eso haría bien el Presidente en instruir a todos sus ministros para que no incurran en el disparate de pretender hablar de sus pleitos con sus jueces, ni siquiera de generar sospechas. Naturalmente los togados también pueden contribuir a ese buen clima, si se amarran los pantalones cuando alguien se atreva. Por allí comienza la independencia y la autonomía.
Adenda. Raro tanto nombramiento del Procurador goterero, Alejandro Ordóñez. Ojalá ese festín burocrático no tenga por finalidad aquerenciarse con quienes tienen la responsabilidad de juzgar sus faltas.
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Humor: Cuba: dos pasos atrás; ninguno adelante | ELESPECTADOR.COM
Cuba: dos pasos atrás; ninguno adelante | ELESPECTADOR.COM: "Cuba: dos pasos atrás; ninguno adelante
Por: Mauricio Botero Caicedo
“Huid del país donde uno solo ejerza el poder; es un país de esclavos” Simón Bolívar, 2 de enero de 1814.
LA SENTENCIA DE BOLÍVAR ES INOBjetable, con la única excepción de que en Cuba no es uno solo el que ejerce el poder, sino dos. Los inefables hermanos Castro Ruz, según Montaner, “son personajes absolutamente mesiánicos, sin vestigios de prudencia ni sentido del límite, y que tienen una visión delirante de la historia y de la realidad política planetaria”.
Aparte de ser un país de esclavos, Cuba probablemente es el mayor ejemplo del fracaso político, económico, y social del comunismo. Los hermanos Castro convirtieron a Cuba en una nación empobrecida, hambreada y sin esperanzas. En sus épocas de gloria, Cuba tuvo 156 ingenios que producían 8,1 millones de toneladas de azúcar. Hoy, 44 factorías no llegan al millón de toneladas, reconociendo oficialmente el gobierno que están en los mismos niveles que en 1905. Es decir, el comunismo ha hecho retroceder a los cubanos 105 años. Cuba, que a principios del siglo pasado era autosuficiente, hoy tiene que importar el 70% de sus necesidades alimentarias. En los últimos 51 años lo que los Castro han dado son dos pasos atrás, ninguno adelante.
Sobre Cuba, la mientología marxista ha tejido tres mitos, los tres tan bien urdidos como espurios y fraudulentos:
- Mito No. 1: Cuba es pobre porque durante los últimos 50 años ha sufrido un bloqueo por parte de Estados Unidos.
Realidad: Lejos de existir un “bloqueo” (Cuba mantiene relaciones comerciales con el 99% de los países del mundo) lo único que ocurre es una suspensión unilateral del flujo comercial con Estados Unidos. Lo que los gringos han hecho es exactamente lo mismo que Chávez hace con Colombia, pero nadie argumenta que Colombia sufre un “bloqueo” sólo por el hecho de tener suspendidos los flujos comerciales con Venezuela. Cuba, no nos digamos mentiras, no genera divisas para cubrir sus necesidades básicas. Dependiendo de la caridad para sobrevivir, los Castro convirtieron la isla en una sociedad mendicante.
- Mito No. 2: El óptimo nivel de educación es uno de los grandes logros de la Revolución castrista.
Realidad: Que hay alfabetización universal en Cuba, nadie lo discute. Pero aparte de enseñarles a leer y escribir, la educación en Cuba es mediocre y circunscrita a un pénsum arcaico y sin vigencia alguna. Entrando en la segunda década del siglo XXI, en Cuba la libertad de información sigue siendo coartada y el acceso a internet estrictamente limitado a la ‘nomenclatura’; y sólo un mamerto despistado argumentaría que hoy Cuba tiene un adecuado y moderno nivel de educación. Adicionalmente está científicamente comprobado que las lecturas de los discursos de Fidel y los libros de Eduardo Galeano, ambas obligatorias en las escuelas cubanas, pueden causar irreversibles daños cerebrales.
- Mito No. 3: La salud en Cuba, además de ser gratuita, es de excelente calidad.
Realidad: Con excepción de algunos males menores como la gripa, no es prudente enfermarse en Cuba. No sólo los hospitales carecen de infraestructura, insumos y tecnología, sino que todo médico y enfermera competente sigue abandonando masivamente la isla vía Venezuela.
La última farsa de Fidel es el considerar un “disparate” y un “absurdo” que hayan nombrado a Uribe vicepresidente de la comisión que investiga el ataque israelí a una flotilla. Lo que sí es sospechoso es que las declaraciones del fósil vengan inmediatamente después de una larga entrevista con la senadora Piedad Córdoba, “Teodora”. Si hay alguien responsable del deterioro de las relaciones entre Venezuela y Colombia, es esta nefasta mujer que envenenó al sátrapa venezolano en contra nuestra. Hoy, “Teodora” pretende repetir en Cuba lo que con inocultable éxito logró en Venezuela.
*
Mauricio Botero Caicedo
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Por: Mauricio Botero Caicedo
“Huid del país donde uno solo ejerza el poder; es un país de esclavos” Simón Bolívar, 2 de enero de 1814.
LA SENTENCIA DE BOLÍVAR ES INOBjetable, con la única excepción de que en Cuba no es uno solo el que ejerce el poder, sino dos. Los inefables hermanos Castro Ruz, según Montaner, “son personajes absolutamente mesiánicos, sin vestigios de prudencia ni sentido del límite, y que tienen una visión delirante de la historia y de la realidad política planetaria”.
Aparte de ser un país de esclavos, Cuba probablemente es el mayor ejemplo del fracaso político, económico, y social del comunismo. Los hermanos Castro convirtieron a Cuba en una nación empobrecida, hambreada y sin esperanzas. En sus épocas de gloria, Cuba tuvo 156 ingenios que producían 8,1 millones de toneladas de azúcar. Hoy, 44 factorías no llegan al millón de toneladas, reconociendo oficialmente el gobierno que están en los mismos niveles que en 1905. Es decir, el comunismo ha hecho retroceder a los cubanos 105 años. Cuba, que a principios del siglo pasado era autosuficiente, hoy tiene que importar el 70% de sus necesidades alimentarias. En los últimos 51 años lo que los Castro han dado son dos pasos atrás, ninguno adelante.
Sobre Cuba, la mientología marxista ha tejido tres mitos, los tres tan bien urdidos como espurios y fraudulentos:
- Mito No. 1: Cuba es pobre porque durante los últimos 50 años ha sufrido un bloqueo por parte de Estados Unidos.
Realidad: Lejos de existir un “bloqueo” (Cuba mantiene relaciones comerciales con el 99% de los países del mundo) lo único que ocurre es una suspensión unilateral del flujo comercial con Estados Unidos. Lo que los gringos han hecho es exactamente lo mismo que Chávez hace con Colombia, pero nadie argumenta que Colombia sufre un “bloqueo” sólo por el hecho de tener suspendidos los flujos comerciales con Venezuela. Cuba, no nos digamos mentiras, no genera divisas para cubrir sus necesidades básicas. Dependiendo de la caridad para sobrevivir, los Castro convirtieron la isla en una sociedad mendicante.
- Mito No. 2: El óptimo nivel de educación es uno de los grandes logros de la Revolución castrista.
Realidad: Que hay alfabetización universal en Cuba, nadie lo discute. Pero aparte de enseñarles a leer y escribir, la educación en Cuba es mediocre y circunscrita a un pénsum arcaico y sin vigencia alguna. Entrando en la segunda década del siglo XXI, en Cuba la libertad de información sigue siendo coartada y el acceso a internet estrictamente limitado a la ‘nomenclatura’; y sólo un mamerto despistado argumentaría que hoy Cuba tiene un adecuado y moderno nivel de educación. Adicionalmente está científicamente comprobado que las lecturas de los discursos de Fidel y los libros de Eduardo Galeano, ambas obligatorias en las escuelas cubanas, pueden causar irreversibles daños cerebrales.
- Mito No. 3: La salud en Cuba, además de ser gratuita, es de excelente calidad.
Realidad: Con excepción de algunos males menores como la gripa, no es prudente enfermarse en Cuba. No sólo los hospitales carecen de infraestructura, insumos y tecnología, sino que todo médico y enfermera competente sigue abandonando masivamente la isla vía Venezuela.
La última farsa de Fidel es el considerar un “disparate” y un “absurdo” que hayan nombrado a Uribe vicepresidente de la comisión que investiga el ataque israelí a una flotilla. Lo que sí es sospechoso es que las declaraciones del fósil vengan inmediatamente después de una larga entrevista con la senadora Piedad Córdoba, “Teodora”. Si hay alguien responsable del deterioro de las relaciones entre Venezuela y Colombia, es esta nefasta mujer que envenenó al sátrapa venezolano en contra nuestra. Hoy, “Teodora” pretende repetir en Cuba lo que con inocultable éxito logró en Venezuela.
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Mauricio Botero Caicedo
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Obras son amores, no buenas razones | ELESPECTADOR.COM
Obras son amores, no buenas razones | ELESPECTADOR.COM: "Obras son amores, no buenas razones
Por: María Elvira Samper
EL ESCENARIO DE UN GOBIERNO CON todos los recursos del poder, abrumadoras mayorías parlamentarias y una oposición disminuida y sin marco legal para el ejercicio de sus derechos es tan poco democrático que, tal vez por eso, recién elegido, Santos dio las primeras señales de que el comportamiento de su gobierno con sus contradictores iba a ser diametralmente opuesto al de su antecesor.
Uribe gobernó contra la oposición e hizo lo que estuvo a su alcance para reducirla y desacreditarla. Su discurso macartizador –aliados de la guerrilla, enemigos de la Patria, comunistas disfrazados…– caló tanto, que muchos se tragaron el cuento de que opositores y Farc eran prácticamente harina del mismo costal.
Santos, por el contrario, ofrece gobernar respetando a sus contradictores y ha dado pasos en esa dirección: reunión con el ex candidato del Polo, Gustavo Petro –desautorizado por su partido– de quien acogió las propuestas sobre tierra y víctimas, e incluyó en la agenda legislativa, y el encuentro del ministro del Interior, Germán Vargas, con la cúpula del Polo –el único partido en abierta oposición al Gobierno– para oír su memorial de agravios y proponer un trabajo conjunto para sacar el Estatuto de la Oposición, intención que ratificó cuando, en el debate citado por ese partido, pidió al Senado asumir sin miedo la discusión sobre las garantías para la oposición.
En los países democráticos, la oposición como derecho legítimo y parte del juego político pacífico y normal no se discute y, en general, la propia Constitución es el estatuto de la oposición. En Colombia, donde la oposición ha tenido que transitar por caminos tortuosos y según las diferentes circunstancias históricas, políticas y sociales ha sido asociada o con sectarismo o con guerrilla, los constituyentes del 91 debieron consagrar en forma específica el Estatuto en la nueva Carta Política (Capítulo III, artículo 112), que estableció que una ley estatutaria debía reglamentar “íntegramente la materia”. Han pasado 19 años y la tarea sigue pendiente. El último intento fue saboteado por el uribismo en 2004 para dejar la campaña reeleccionista en amplia e indebida ventaja.
El nuevo gobierno, aunque de estirpe uribista, promete enmendar la plana pero, como dice el refrán, “obras son amores y no buenas razones”. Hay hechos que contradicen las buenas intenciones: la ratificación del director del DAS, comprometido en la destrucción de documentos sobre las operaciones ilegales contra miembros de la oposición; la manguala de la coalición de la “unidad nacional” que impidió al Polo hacer parte de la Comisión de Acusaciones con el socorrido argumento leguleyo de la cifra repartidora, y la segura exclusión del Polo del Consejo Nacional Electoral, con argumento similar. De remate, la elección de la contralora Sandra Morelli mostró el poder de la aplanadora oficialista.
Ojalá el Presidente, que parece haber recuperado algo de su talante liberal, recordara y les recordara a sus huestes lo que, tras la tragedia del Palacio de Justicia, dijo Virgilio Barco, entonces candidato presidencial y jefe del Partido Liberal: “Un buen gobierno está compuesto por dos elementos inseparables: lo que ese gobierno ofrece y hace desde la cima del poder y lo que no le permite hacer la oposición desde la llanura. (…) la oposición es el gran servicio público a la democracia y quizás el más importante de todos”. Pero se trata también de que ésta sea responsable y actúe en forma constructiva, que vigile y contribuya al desarrrollo de las instituciones, que no haga oposición por el prurito de oponerse. Porque la oposicion cerrera y ciega lo que hace es alimentar los más bajos instintos de la reacción.
*
María Elvira Samper
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Por: María Elvira Samper
EL ESCENARIO DE UN GOBIERNO CON todos los recursos del poder, abrumadoras mayorías parlamentarias y una oposición disminuida y sin marco legal para el ejercicio de sus derechos es tan poco democrático que, tal vez por eso, recién elegido, Santos dio las primeras señales de que el comportamiento de su gobierno con sus contradictores iba a ser diametralmente opuesto al de su antecesor.
Uribe gobernó contra la oposición e hizo lo que estuvo a su alcance para reducirla y desacreditarla. Su discurso macartizador –aliados de la guerrilla, enemigos de la Patria, comunistas disfrazados…– caló tanto, que muchos se tragaron el cuento de que opositores y Farc eran prácticamente harina del mismo costal.
Santos, por el contrario, ofrece gobernar respetando a sus contradictores y ha dado pasos en esa dirección: reunión con el ex candidato del Polo, Gustavo Petro –desautorizado por su partido– de quien acogió las propuestas sobre tierra y víctimas, e incluyó en la agenda legislativa, y el encuentro del ministro del Interior, Germán Vargas, con la cúpula del Polo –el único partido en abierta oposición al Gobierno– para oír su memorial de agravios y proponer un trabajo conjunto para sacar el Estatuto de la Oposición, intención que ratificó cuando, en el debate citado por ese partido, pidió al Senado asumir sin miedo la discusión sobre las garantías para la oposición.
En los países democráticos, la oposición como derecho legítimo y parte del juego político pacífico y normal no se discute y, en general, la propia Constitución es el estatuto de la oposición. En Colombia, donde la oposición ha tenido que transitar por caminos tortuosos y según las diferentes circunstancias históricas, políticas y sociales ha sido asociada o con sectarismo o con guerrilla, los constituyentes del 91 debieron consagrar en forma específica el Estatuto en la nueva Carta Política (Capítulo III, artículo 112), que estableció que una ley estatutaria debía reglamentar “íntegramente la materia”. Han pasado 19 años y la tarea sigue pendiente. El último intento fue saboteado por el uribismo en 2004 para dejar la campaña reeleccionista en amplia e indebida ventaja.
El nuevo gobierno, aunque de estirpe uribista, promete enmendar la plana pero, como dice el refrán, “obras son amores y no buenas razones”. Hay hechos que contradicen las buenas intenciones: la ratificación del director del DAS, comprometido en la destrucción de documentos sobre las operaciones ilegales contra miembros de la oposición; la manguala de la coalición de la “unidad nacional” que impidió al Polo hacer parte de la Comisión de Acusaciones con el socorrido argumento leguleyo de la cifra repartidora, y la segura exclusión del Polo del Consejo Nacional Electoral, con argumento similar. De remate, la elección de la contralora Sandra Morelli mostró el poder de la aplanadora oficialista.
Ojalá el Presidente, que parece haber recuperado algo de su talante liberal, recordara y les recordara a sus huestes lo que, tras la tragedia del Palacio de Justicia, dijo Virgilio Barco, entonces candidato presidencial y jefe del Partido Liberal: “Un buen gobierno está compuesto por dos elementos inseparables: lo que ese gobierno ofrece y hace desde la cima del poder y lo que no le permite hacer la oposición desde la llanura. (…) la oposición es el gran servicio público a la democracia y quizás el más importante de todos”. Pero se trata también de que ésta sea responsable y actúe en forma constructiva, que vigile y contribuya al desarrrollo de las instituciones, que no haga oposición por el prurito de oponerse. Porque la oposicion cerrera y ciega lo que hace es alimentar los más bajos instintos de la reacción.
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María Elvira Samper
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¿De dónde proviene la grandeza? | ELESPECTADOR.COM
¿De dónde proviene la grandeza? | ELESPECTADOR.COM: "Terapia
¿De dónde proviene la grandeza?
Por: María Antonieta Solórzano
Todos podemos entender el significado de la frase bíblica: 'Por sus actos los conoceréis'.
Aunque lo que somos, para bien o para mal, se evidencia en nuestros comportamientos, éstos provienen de las creencias y los valores con los que nos identificamos. Así que la distancia que existe entre un impulso y un acto es un camino habitado por los valores.
Por ejemplo, quien cree en el perdón y en el amor intentará que su dolor o su sufrimiento lo lleven lejos de las acciones de venganza. Una joven que había sufrido una violación en una condición de secuestro, mientras su madre amenazada de muerte era obligada a observar, decía: “Todo esto quiero dejarlo en el pasado, mi madre y yo nos merecemos un futuro en el que nada nos recuerde este hecho. Lo común sería querer la venganza, pero lo que tiene sentido es recuperar nuestra vida”.
En la otra cara de la moneda están aquellos, como los secuestradores, para quienes tener el poder de subyugar a otros es su motivación y actúan quizá bajo el lema de: “Yo valgo porque soy el que manda, se hace mi voluntad y nadie se opone”. Sus vidas comienzan siendo los matones del colegio o perteneciendo al grupo de secuaces y avanzan con determinación hacia alguna forma de dictadura pública o privada.
Para quienes participan de estas creencias, en su versión más civilizada, un desacuerdo es una ofensa que autoriza una acción de sometimiento como el castigo en el aula de clase. O en la versión más aterradora, autoriza los genocidios y las matanzas en las que se despliegan niveles de crueldad inenarrables.
La elección que cada uno de nosotros hace frente al manejo de la adversidad marca una diferencia en la calidad de vida presente y futura. Si decidimos creer que la vida es una lucha por la supervivencia del más fuerte, veremos, mientras el planeta aguante, una historia en la que la devastación, la injusticia social, la crueldad y la muerte estarán a la orden del día.
Si en cambio optamos por considerar que la vida es una co-creación en la que la vida del planeta y la de cada ser humano es sagrada, podremos saber que la conservación del medio ambiente, la equidad social y la benignidad estarán en la cotidianidad.
Sin embargo, para hacer de estos valores una realidad tendremos que usar nuestro coraje y grandeza para olvidar aquello que calificamos como ofensa; toda la fortaleza y la capacidad de trabajo para reconstruir lo que hasta ahora ha sido devastado; toda la confianza, la creatividad y la serenidad para sembrar una forma de vida cuyos frutos recogerán las generaciones siguientes y a nosotros nos permitirá ser conocidos por la vocación de servicio a los otros, lo cual, por supuesto, tiene sentido.
*
María Antonieta Solórzano
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¿De dónde proviene la grandeza?
Por: María Antonieta Solórzano
Todos podemos entender el significado de la frase bíblica: 'Por sus actos los conoceréis'.
Aunque lo que somos, para bien o para mal, se evidencia en nuestros comportamientos, éstos provienen de las creencias y los valores con los que nos identificamos. Así que la distancia que existe entre un impulso y un acto es un camino habitado por los valores.
Por ejemplo, quien cree en el perdón y en el amor intentará que su dolor o su sufrimiento lo lleven lejos de las acciones de venganza. Una joven que había sufrido una violación en una condición de secuestro, mientras su madre amenazada de muerte era obligada a observar, decía: “Todo esto quiero dejarlo en el pasado, mi madre y yo nos merecemos un futuro en el que nada nos recuerde este hecho. Lo común sería querer la venganza, pero lo que tiene sentido es recuperar nuestra vida”.
En la otra cara de la moneda están aquellos, como los secuestradores, para quienes tener el poder de subyugar a otros es su motivación y actúan quizá bajo el lema de: “Yo valgo porque soy el que manda, se hace mi voluntad y nadie se opone”. Sus vidas comienzan siendo los matones del colegio o perteneciendo al grupo de secuaces y avanzan con determinación hacia alguna forma de dictadura pública o privada.
Para quienes participan de estas creencias, en su versión más civilizada, un desacuerdo es una ofensa que autoriza una acción de sometimiento como el castigo en el aula de clase. O en la versión más aterradora, autoriza los genocidios y las matanzas en las que se despliegan niveles de crueldad inenarrables.
La elección que cada uno de nosotros hace frente al manejo de la adversidad marca una diferencia en la calidad de vida presente y futura. Si decidimos creer que la vida es una lucha por la supervivencia del más fuerte, veremos, mientras el planeta aguante, una historia en la que la devastación, la injusticia social, la crueldad y la muerte estarán a la orden del día.
Si en cambio optamos por considerar que la vida es una co-creación en la que la vida del planeta y la de cada ser humano es sagrada, podremos saber que la conservación del medio ambiente, la equidad social y la benignidad estarán en la cotidianidad.
Sin embargo, para hacer de estos valores una realidad tendremos que usar nuestro coraje y grandeza para olvidar aquello que calificamos como ofensa; toda la fortaleza y la capacidad de trabajo para reconstruir lo que hasta ahora ha sido devastado; toda la confianza, la creatividad y la serenidad para sembrar una forma de vida cuyos frutos recogerán las generaciones siguientes y a nosotros nos permitirá ser conocidos por la vocación de servicio a los otros, lo cual, por supuesto, tiene sentido.
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María Antonieta Solórzano
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¿Quién responde por la inequidad? | ELESPECTADOR.COM
¿Quién responde por la inequidad? | ELESPECTADOR.COM: "El proceso se inició en el gobierno Gaviria
¿Quién responde por la inequidad?
Por: Eduardo Sarmiento
La salida de Uribe del gobierno permitió avanzar en un acuerdo sobre el estado de la Nación. En amplios círculos se reconoce que Colombia tiene una de las peores distribuciones del mundo, la mitad de la población está en la pobreza y el 60% de la fuerza de trabajo está sumida en el desempleo y la informalidad.
Este resultado no se dio silvestre ni intempestivamente. Los índices de equidad y pobreza empezaron a deteriorarse aceleradamente en 1993, al poco tiempo de establecerse la apertura comercial en todas sus dimensiones. En ese entonces, en abierta confrontación con la información oficial que revelaba un milagro económico, mostré cómo la distribución del ingreso desmejoró notablemente en los primeros años de la administración Gaviria.
Asimismo, en 1995 ilustré cómo el desempleo se disparaba y la industria despedía mano de obra sin consideración. Luego, durante la administración Pastrana dejé al descubierto que se trataba del cuatrienio de peor desempeño de la historia del país. Nunca antes se habían registrado tasas tan altas de desempleo, pobreza e inequidad.
Infortunadamente, este historial no se entendió ni se reconoció en los diagnósticos de la administración Uribe. En el primer plan de desarrollo la palabra social no aparece y en el segundo (plan 2019) se pretendió revertir las tendencias negativas de los últimos años con el mismo modelo que las había causado. Los resultados están a la vista. Todas las metas propuestas para 2010 en materia de crecimiento, pobreza, distribución del ingreso y empleo se incumplieron en forma garrafal.
El mal desempeño de la economía colombiana no es único. En los últimos veinte años la mayoría de los países retrocedieron con respecto a las anteriores décadas en materia de crecimiento y equidad. Esta es una evidencia de la invalidez de las visiones clásicas y neoclásicas que predecían que la globalización y la desregulación financiera aumentarían el crecimiento económico sin afectar mayormente la equidad.
La explicación es simple. En varios libros he mostrado que las teorías de ventaja comparativa, la teoría de la neutralidad del dinero de la Universidad de Chicago y la teoría del mercado financiero eficaz que justificaron la globalización, la austeridad monetaria y fiscal, así como la desregulación financiera, no corresponden a la realidad. En todas partes, su aplicación deprimió los salarios y en un mayor grado de la mano de obra no calificada, propició la valorización de activos a expensas de los ingresos laborales y frenó la producción y el empleo.
¿Quién responde por el descalabro social del país? En los foros de despliegue nacional no se escucha a los protagonistas explicar y esclarecer por qué no se cumplieron los planes y los informes que durante veinte años ofrecieron reducir el desempleo y la informalidad, bajar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Al igual que en los temas de justicia, no es posible rectificar los errores y garantizar que no se vuelvan a cometer mientras no se reconozca la verdad.
Mal podría esperar el país que los daños a la equidad se puedan reparar con las mismas teorías que los provocaron y con una exención tributaria al empleo de medio punto porcentual del producto nacional.
*
Eduardo Sarmiento
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¿Quién responde por la inequidad?
Por: Eduardo Sarmiento
La salida de Uribe del gobierno permitió avanzar en un acuerdo sobre el estado de la Nación. En amplios círculos se reconoce que Colombia tiene una de las peores distribuciones del mundo, la mitad de la población está en la pobreza y el 60% de la fuerza de trabajo está sumida en el desempleo y la informalidad.
Este resultado no se dio silvestre ni intempestivamente. Los índices de equidad y pobreza empezaron a deteriorarse aceleradamente en 1993, al poco tiempo de establecerse la apertura comercial en todas sus dimensiones. En ese entonces, en abierta confrontación con la información oficial que revelaba un milagro económico, mostré cómo la distribución del ingreso desmejoró notablemente en los primeros años de la administración Gaviria.
Asimismo, en 1995 ilustré cómo el desempleo se disparaba y la industria despedía mano de obra sin consideración. Luego, durante la administración Pastrana dejé al descubierto que se trataba del cuatrienio de peor desempeño de la historia del país. Nunca antes se habían registrado tasas tan altas de desempleo, pobreza e inequidad.
Infortunadamente, este historial no se entendió ni se reconoció en los diagnósticos de la administración Uribe. En el primer plan de desarrollo la palabra social no aparece y en el segundo (plan 2019) se pretendió revertir las tendencias negativas de los últimos años con el mismo modelo que las había causado. Los resultados están a la vista. Todas las metas propuestas para 2010 en materia de crecimiento, pobreza, distribución del ingreso y empleo se incumplieron en forma garrafal.
El mal desempeño de la economía colombiana no es único. En los últimos veinte años la mayoría de los países retrocedieron con respecto a las anteriores décadas en materia de crecimiento y equidad. Esta es una evidencia de la invalidez de las visiones clásicas y neoclásicas que predecían que la globalización y la desregulación financiera aumentarían el crecimiento económico sin afectar mayormente la equidad.
La explicación es simple. En varios libros he mostrado que las teorías de ventaja comparativa, la teoría de la neutralidad del dinero de la Universidad de Chicago y la teoría del mercado financiero eficaz que justificaron la globalización, la austeridad monetaria y fiscal, así como la desregulación financiera, no corresponden a la realidad. En todas partes, su aplicación deprimió los salarios y en un mayor grado de la mano de obra no calificada, propició la valorización de activos a expensas de los ingresos laborales y frenó la producción y el empleo.
¿Quién responde por el descalabro social del país? En los foros de despliegue nacional no se escucha a los protagonistas explicar y esclarecer por qué no se cumplieron los planes y los informes que durante veinte años ofrecieron reducir el desempleo y la informalidad, bajar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Al igual que en los temas de justicia, no es posible rectificar los errores y garantizar que no se vuelvan a cometer mientras no se reconozca la verdad.
Mal podría esperar el país que los daños a la equidad se puedan reparar con las mismas teorías que los provocaron y con una exención tributaria al empleo de medio punto porcentual del producto nacional.
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Eduardo Sarmiento
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¡Nos pillaron! | ELESPECTADOR.COM
¡Nos pillaron! | ELESPECTADOR.COM: "Lo divino y lo humano
¡Nos pillaron!
Por: Lisandro Duque Naranjo
EL PASADO 15 DE AGOSTO, SEIS MIEMbros de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), formando parte de una delegación presidida por Piedad Córdoba, nos reunimos con Fidel Castro en la ciudad de La Habana.
Antes de salir de Bogotá, los invitados ignorábamos el asunto a tratar con nuestro anfitrión, lo que no nos importó, pues tratándose de un personaje de esa dimensión, cualquier charla ameritaba nuestra curiosidad, y en mayor grado si era sobre algo que desconocíamos. Además, el ex presidente nos envió un avión privado y esos detalles no se desairan. Así que nos fuimos.
Ya reunidos con Fidel, al día siguiente, nos enteramos de las intrigas que habían rondado los preámbulos de nuestro viaje. El legendario comandante, en efecto, inició el diálogo con esta pregunta, hecha en tono nada molesto y sonriendo con cierta travesura: “¿Y se puede saber por qué el gobierno de ustedes quería obstaculizar esta reunión?”. No encontrando en nosotros más respuesta que el asombro —pues el prudente embajador cubano en Colombia, Iván Mora, no nos había informado de nada al despedirnos en la escalerilla—, Fidel nos reveló las presiones que la canciller María Ángela Holguín, telefónicamente, le había hecho al diplomático para impedir que aterrizara en Bogotá el avión que nos transportaría. Desde luego, el Embajador, con mucha rapidez, puso al tanto del impasse a Fidel, en momentos en que el avión estaba apenas a una hora de aterrizar en Eldorado. Toreado en tantas plazas a lo largo de cincuenta años, Fidel dijo que de su parte no daría la orden para que el avión se devolviera, pues de hecho necesitaba reabastecerse, porque de no hacerlo iba a estrellarse. Como quien dice, problema de la Canciller si no dejaba salir del país a sus invitados. Problema con nosotros, diría yo, pues el único motivo por el que podía impedírsenos la libre movilización al extranjero —con mayor razón a un país con el que se tienen relaciones diplomáticas—, era que estuviéramos empapelados ante la justicia.
La enojosa intrusión se resolvió sin problemas, aunque con la solicitud de la Canciller al Embajador de que la reunión en Cuba no incluyera alusiones al conflicto armado en Colombia. Qué tal lo controladora que es la dama.
Y claro que en Cuba hablamos de lo que ella quería prohibirnos, ni más faltaba. Pero como los visitantes no teníamos nada que proponerle a Fidel sobre ese asunto, ni él nada que añadirle a lo que siempre dice al respecto, pues doblamos la página y punto. Nuestra guerra no es lo único de lo que hay que hablar por fuera, de modo que fresca, ministra.
El motivo de la invitación era otro: Fidel se la pasa en diálogos con todos los colectivos pacifistas del mundo que se inquieten ante la amenaza de un ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. Él sabe de su poder de convocatoria y aspira a que su preocupación se universalice y logre abortar esa guerra, que tendría dimensiones de holocausto. Para eso nos llamó, para que Colombianos y Colombianas por la Paz se sumara a las organizaciones similares del resto de países y contribuyéramos a darle acústica al repudio que se merece esa locura, que pudiera ser la última.
Fidel tiene un ojo clínico para detectar a ciertos seres excepcionales. Por eso le dijo a Piedad: “Tú eres hija de padre negro y madre blanca. Obama también, y además, de madre cristiana y padre musulmán. Tú debes hablar con él y convencerlo de que no sea el primero en jalar del gatillo. Si lo logras, hasta el conflicto de tu país puede solucionarse”. Piedad le dijo: “Ya estoy en eso, comandante”.
Nuestra visita a La Habana, pues, no fue “secreta”, como lo informaron algunos medios. Comenzando porque nos despedimos hasta del gato. Lo realmente secreto fue la tentativa de la Canciller por impedir que viajáramos. El pillado aquí fue el Gobierno.
lisandroduque@hotmail.com
*
Lisandro Duque Naranjo
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¡Nos pillaron!
Por: Lisandro Duque Naranjo
EL PASADO 15 DE AGOSTO, SEIS MIEMbros de Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), formando parte de una delegación presidida por Piedad Córdoba, nos reunimos con Fidel Castro en la ciudad de La Habana.
Antes de salir de Bogotá, los invitados ignorábamos el asunto a tratar con nuestro anfitrión, lo que no nos importó, pues tratándose de un personaje de esa dimensión, cualquier charla ameritaba nuestra curiosidad, y en mayor grado si era sobre algo que desconocíamos. Además, el ex presidente nos envió un avión privado y esos detalles no se desairan. Así que nos fuimos.
Ya reunidos con Fidel, al día siguiente, nos enteramos de las intrigas que habían rondado los preámbulos de nuestro viaje. El legendario comandante, en efecto, inició el diálogo con esta pregunta, hecha en tono nada molesto y sonriendo con cierta travesura: “¿Y se puede saber por qué el gobierno de ustedes quería obstaculizar esta reunión?”. No encontrando en nosotros más respuesta que el asombro —pues el prudente embajador cubano en Colombia, Iván Mora, no nos había informado de nada al despedirnos en la escalerilla—, Fidel nos reveló las presiones que la canciller María Ángela Holguín, telefónicamente, le había hecho al diplomático para impedir que aterrizara en Bogotá el avión que nos transportaría. Desde luego, el Embajador, con mucha rapidez, puso al tanto del impasse a Fidel, en momentos en que el avión estaba apenas a una hora de aterrizar en Eldorado. Toreado en tantas plazas a lo largo de cincuenta años, Fidel dijo que de su parte no daría la orden para que el avión se devolviera, pues de hecho necesitaba reabastecerse, porque de no hacerlo iba a estrellarse. Como quien dice, problema de la Canciller si no dejaba salir del país a sus invitados. Problema con nosotros, diría yo, pues el único motivo por el que podía impedírsenos la libre movilización al extranjero —con mayor razón a un país con el que se tienen relaciones diplomáticas—, era que estuviéramos empapelados ante la justicia.
La enojosa intrusión se resolvió sin problemas, aunque con la solicitud de la Canciller al Embajador de que la reunión en Cuba no incluyera alusiones al conflicto armado en Colombia. Qué tal lo controladora que es la dama.
Y claro que en Cuba hablamos de lo que ella quería prohibirnos, ni más faltaba. Pero como los visitantes no teníamos nada que proponerle a Fidel sobre ese asunto, ni él nada que añadirle a lo que siempre dice al respecto, pues doblamos la página y punto. Nuestra guerra no es lo único de lo que hay que hablar por fuera, de modo que fresca, ministra.
El motivo de la invitación era otro: Fidel se la pasa en diálogos con todos los colectivos pacifistas del mundo que se inquieten ante la amenaza de un ataque de EE.UU. e Israel contra Irán. Él sabe de su poder de convocatoria y aspira a que su preocupación se universalice y logre abortar esa guerra, que tendría dimensiones de holocausto. Para eso nos llamó, para que Colombianos y Colombianas por la Paz se sumara a las organizaciones similares del resto de países y contribuyéramos a darle acústica al repudio que se merece esa locura, que pudiera ser la última.
Fidel tiene un ojo clínico para detectar a ciertos seres excepcionales. Por eso le dijo a Piedad: “Tú eres hija de padre negro y madre blanca. Obama también, y además, de madre cristiana y padre musulmán. Tú debes hablar con él y convencerlo de que no sea el primero en jalar del gatillo. Si lo logras, hasta el conflicto de tu país puede solucionarse”. Piedad le dijo: “Ya estoy en eso, comandante”.
Nuestra visita a La Habana, pues, no fue “secreta”, como lo informaron algunos medios. Comenzando porque nos despedimos hasta del gato. Lo realmente secreto fue la tentativa de la Canciller por impedir que viajáramos. El pillado aquí fue el Gobierno.
lisandroduque@hotmail.com
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Lisandro Duque Naranjo
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¿Ignorada en la luna de miel? | ELESPECTADOR.COM
¿Ignorada en la luna de miel? | ELESPECTADOR.COM: "¿Ignorada en la luna de miel?
Por: Armando Montenegro
A PESAR DE LOS INNEGABLES AVANces en la cobertura, la calidad de la educación en Colombia sigue siendo terrible. Los resultados de las pruebas PISA muestran, por ejemplo, que entre 49 países Colombia ocupó el puesto 43 en ciencias y el 46 en matemáticas.
Una de las políticas más recomendadas para mejorar la calidad, entre otros, por el propio presidente Obama, es hacer que los jóvenes reciban más tiempo de clase. Algunos trabajos muestran que hay una relación directa entre los resultados de las pruebas como las PISA y el número de horas de instrucción en las aulas.
Las estadísticas parecen confirmar la validez de este punto de vista. Un niño de Hong Kong recibe más de 1.300 horas de clase al año; 1.000 en Australia y Canadá; menos de 900 en Rusia y en una escuela pública de Colombia no llega a 700. Los resultados de las pruebas PISA caen en forma paralela con la reducción del tiempo de instrucción.
Algunos estudios muestran, sin embargo, que esa política no sería útil en nuestro medio. El problema se origina en la productividad de cada hora de instrucción. Mientras que en Finlandia y Japón, por ejemplo, cada clase es impartida por maestros capacitados, con buena infraestructura y ayudas tecnológicas, con motivación de los alumnos, en muchos de los países en desarrollo todos estos elementos son escasos o inexistentes. Aumentar el tiempo de instrucción con maestros que no tienen conocimientos suficientes y con escuelas que carecen de elementos esenciales, no produce efectos significativos sobre los resultados escolares.
El estudio reciente de Victor Lavy de la Universidad Hebrea (www.nber.org/wp16227) llega a esta conclusión después de estudiar la relación entre los números de PISA y el tiempo de instrucción en 49 países. Sin embargo, Lavy sostiene que el incremento del tiempo de instrucción en países como Colombia sí tendría un impacto sobre su aprendizaje si se dan cuatro condiciones: (i) los resultados de las pruebas escolares se utilizan para calificar a los rectores de las escuelas; (ii) esos resultados se involucran en la evaluación y remuneración de los maestros; (iii) la escuela tiene autonomía para administrar a los maestros y asignar recursos para incentivar la calidad, en línea con la búsqueda de resultados; y (iv) las escuelas se califican públicamente y los padres conocen los resultados de la institución donde envían a sus hijos.
En Colombia no se ha discutido seriamente cuál debería ser un conjunto razonable de políticas para mejorar la calidad de la educación. Aunque ya existe muy buena información (resultados de pruebas y evaluaciones) y se han hecho avances que redundan sobre la calidad, no existe un modelo o modelos que los municipios y las escuelas de avanzada puedan adoptar en forma independiente para alcanzar metas ambiciosas de calidad.
Es necesario preguntarnos si el nuevo gobierno estaría dispuesto a crear una comisión de expertos de alto nivel, del país y del exterior, que estudie experiencias nacionales e internacionales y que proponga iniciativas precisas, que sirvan de base de un proyecto de ley para lanzar una gran política dirigida a mejorar la calidad de la educación en Colombia. A pesar de que éste es un tema que, por ahora, parece ausente de las prioridades públicas, no sobra repetir que es fundamental para el futuro de la sociedad colombiana.
*
Armando Montenegro
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Por: Armando Montenegro
A PESAR DE LOS INNEGABLES AVANces en la cobertura, la calidad de la educación en Colombia sigue siendo terrible. Los resultados de las pruebas PISA muestran, por ejemplo, que entre 49 países Colombia ocupó el puesto 43 en ciencias y el 46 en matemáticas.
Una de las políticas más recomendadas para mejorar la calidad, entre otros, por el propio presidente Obama, es hacer que los jóvenes reciban más tiempo de clase. Algunos trabajos muestran que hay una relación directa entre los resultados de las pruebas como las PISA y el número de horas de instrucción en las aulas.
Las estadísticas parecen confirmar la validez de este punto de vista. Un niño de Hong Kong recibe más de 1.300 horas de clase al año; 1.000 en Australia y Canadá; menos de 900 en Rusia y en una escuela pública de Colombia no llega a 700. Los resultados de las pruebas PISA caen en forma paralela con la reducción del tiempo de instrucción.
Algunos estudios muestran, sin embargo, que esa política no sería útil en nuestro medio. El problema se origina en la productividad de cada hora de instrucción. Mientras que en Finlandia y Japón, por ejemplo, cada clase es impartida por maestros capacitados, con buena infraestructura y ayudas tecnológicas, con motivación de los alumnos, en muchos de los países en desarrollo todos estos elementos son escasos o inexistentes. Aumentar el tiempo de instrucción con maestros que no tienen conocimientos suficientes y con escuelas que carecen de elementos esenciales, no produce efectos significativos sobre los resultados escolares.
El estudio reciente de Victor Lavy de la Universidad Hebrea (www.nber.org/wp16227) llega a esta conclusión después de estudiar la relación entre los números de PISA y el tiempo de instrucción en 49 países. Sin embargo, Lavy sostiene que el incremento del tiempo de instrucción en países como Colombia sí tendría un impacto sobre su aprendizaje si se dan cuatro condiciones: (i) los resultados de las pruebas escolares se utilizan para calificar a los rectores de las escuelas; (ii) esos resultados se involucran en la evaluación y remuneración de los maestros; (iii) la escuela tiene autonomía para administrar a los maestros y asignar recursos para incentivar la calidad, en línea con la búsqueda de resultados; y (iv) las escuelas se califican públicamente y los padres conocen los resultados de la institución donde envían a sus hijos.
En Colombia no se ha discutido seriamente cuál debería ser un conjunto razonable de políticas para mejorar la calidad de la educación. Aunque ya existe muy buena información (resultados de pruebas y evaluaciones) y se han hecho avances que redundan sobre la calidad, no existe un modelo o modelos que los municipios y las escuelas de avanzada puedan adoptar en forma independiente para alcanzar metas ambiciosas de calidad.
Es necesario preguntarnos si el nuevo gobierno estaría dispuesto a crear una comisión de expertos de alto nivel, del país y del exterior, que estudie experiencias nacionales e internacionales y que proponga iniciativas precisas, que sirvan de base de un proyecto de ley para lanzar una gran política dirigida a mejorar la calidad de la educación en Colombia. A pesar de que éste es un tema que, por ahora, parece ausente de las prioridades públicas, no sobra repetir que es fundamental para el futuro de la sociedad colombiana.
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Armando Montenegro
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La crisis en las antípodas | ELESPECTADOR.COM
La crisis en las antípodas | ELESPECTADOR.COM: "La crisis en las antípodas
Por: Joseph E. Stiglitz
LA GRAN RECESIÓN DE 2008 LLEGÓ hasta los rincones más alejados de la Tierra. Aquí, en Australia, se refieren a ella como la CFM: la crisis financiera mundial.
Kevin Rudd, que era primer ministro cuando sobrevino la crisis, aplicó uno de los planes de estímulo keynesiano mejor concebidos por país alguno del mundo. Comprendió que era importante apresurarse a actuar, con dinero que se gastaría rápidamente, pero que había riesgo de que la crisis no acabara pronto. Por eso, la primera parte del estímulo consistió en subvenciones en metálico, seguidas de inversiones, que tardarían más en ejecutarse.
El estímulo de Rudd dio resultado: Australia tuvo la más corta y más superficial de las recesiones de los países industriales avanzados, pero, irónicamente, se ha centrado la atención en que no se gastó parte del dinero de las inversiones todo lo bien que debería haberlo hecho y en el déficit fiscal que causaron la contracción y la reacción del Gobierno.
Naturalmente, debemos esforzarnos porque se gaste el dinero lo más productivamente posible, pero los seres humanos y las instituciones humanas son falibles y la tarea de velar por que se gaste el dinero bien entraña costos. Dicho en la jerga económica, la eficiencia requiere equiparar el costo marginal relacionado con la asignación (tanto obteniendo información sobre los beneficios relativos de los diferentes proyectos, como supervisando las inversiones) con los beneficios marginales. Dicho brevemente: gastar demasiado dinero para prevenir el despilfarro resulta despilfarrador.
Si bien de momento la atención está centrada en el despilfarro del sector público, éste palidece en comparación con el despilfarro de recursos resultante de un sector financiero privado que funciona mal y que en los Estados Unidos asciende ya a billones de dólares. Asimismo, el despilfarro resultante de no utilizar plenamente los recursos de la sociedad —consecuencia inevitable de no haber dispuesto de un estímulo rápido y cuantioso— supera el del sector público en un orden de magnitud.
Para un estadounidense, la preocupación australiana por el déficit y la deuda resulta en cierto modo divertida: su déficit como porcentaje del PIB es inferior a la mitad del de los EE.UU.; su deuda nacional bruta es inferior a la tercera parte de la de éstos.
El fetichismo del déficit nunca tiene sentido: la deuda nacional es sólo un aspecto del balance general de un país. Reducir inversiones muy rentables (como la educación, la infraestructura y la tecnología) simplemente para reducir el déficit es en verdad ridículo, pero en particular en el caso de un país como Australia, cuya deuda es tan reducida. De hecho, si nos preocupa, como debe preocuparnos, la deuda a largo plazo de un país, semejante fetichismo del déficit es particularmente estúpido, ya que el mayor crecimiento resultante de esas inversiones públicas producirá más ingresos fiscales.
Hay otra ironía: algunos de los mismos australianos que han criticado los déficits han criticado también propuestas de aumento de los impuestos a las minas. Australia tiene la suerte de estar dotada de una gran riqueza de recursos naturales, incluido el hierro. Dichos recursos forman parte del patrimonio del país. Pertenecen a toda la población. Sin embargo, en todos los países las compañías mineras intentan obtener esos recursos gratuitamente... o por el menor precio posible.
Naturalmente, las compañías mineras deben obtener una rentabilidad justa de sus inversiones, pero las compañías extractoras de hierro han obtenido un beneficio inesperado cuando sus precios han aumentado de manera espectacular (hasta casi duplicarse desde 2007). El aumento de los beneficios no es el resultado de su proeza minera, sino de la enorme demanda de acero por parte de China.
No hay razón para que las compañías mineras recojan esa recompensa para sí mismas. Deben compartir la bonanza de los elevados precios con los ciudadanos de Australia y un impuesto a la minería apropiadamente concebido es una forma de garantizar ese resultado.
Se debería reservar ese dinero para un fondo especial que se debería utilizar para inversiones. El país se empobrecerá inevitablemente al agotarse sus recursos naturales, a no ser que aumente el valor de su capital humano y físico.
Otra cuestión que cuenta en las antípodas es el calentamiento planetario. Aunque no era un negacionista del cambio climático, el anterior gobierno australiano, encabezado por John Howard, se sumó a la irresponsabilidad del presidente George W. Bush en relación con el cambio climático: otros tendrían que hacerse cargo de velar por la supervivencia del planeta.
Fue particularmente extraño, en vista de que Australia ha sido uno de los grandes beneficiarios del Convenio de Montreal, que prohibió los gases destructores de la capa de ozono. Los agujeros en la capa de ozono expusieron a los australianos a la radiación causante de cáncer. La comunidad internacional se unió, prohibió esas substancias y ahora se están cerrando los agujeros. No obstante, el gobierno de Howard, como el de Bush, estuvo dispuesto a exponer a todo el planeta a los riesgos del calentamiento planetario, que amenaza la propia existencia de muchos estados insulares.
Rudd prometió en su campaña invertir esa posición, pero el fracaso de las negociaciones sobre el cambio climático en Copenhague el pasado mes de diciembre, cuando el presidente Barack Obama se negó a formular en nombre de los Estados Unidos el tipo de compromiso que hacía falta, dejó al gobierno de Rudd en una posición embarazosa. El fallo del dirigente de los EE.UU. tiene consecuencias planetarias.
Los ciudadanos deben pensar en la herencia que dejarán a sus hijos, parte de la cual son las deudas financieras, pero otra parte de nuestra herencia es medioambiental. Es hipócrita afirmar que se siente preocupación por el futuro y después no velar porque el país sea compensado por el agotamiento de sus recursos o pasar por alto la degradación del medio ambiente. Peor aún es dejar a nuestros hijos sin infraestructuras adecuadas y las demás inversiones públicas necesarias para ser competitivos en el siglo XXI.
Todos los países afrontan esas cuestiones. A veces podemos verlas con mayor claridad al observar cómo las afrontan otros. La forma como voten los australianos en sus elecciones (este fin de semana) puede ser un presagio de lo que está por venir. Esperemos —por su bien y por el del mundo— que no se dejen engañar por las florituras retóricas y las manías personales y vean las cuestiones más amplias que están en juego.
* Premio Nobel de Economía 2001.
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Por: Joseph E. Stiglitz
LA GRAN RECESIÓN DE 2008 LLEGÓ hasta los rincones más alejados de la Tierra. Aquí, en Australia, se refieren a ella como la CFM: la crisis financiera mundial.
Kevin Rudd, que era primer ministro cuando sobrevino la crisis, aplicó uno de los planes de estímulo keynesiano mejor concebidos por país alguno del mundo. Comprendió que era importante apresurarse a actuar, con dinero que se gastaría rápidamente, pero que había riesgo de que la crisis no acabara pronto. Por eso, la primera parte del estímulo consistió en subvenciones en metálico, seguidas de inversiones, que tardarían más en ejecutarse.
El estímulo de Rudd dio resultado: Australia tuvo la más corta y más superficial de las recesiones de los países industriales avanzados, pero, irónicamente, se ha centrado la atención en que no se gastó parte del dinero de las inversiones todo lo bien que debería haberlo hecho y en el déficit fiscal que causaron la contracción y la reacción del Gobierno.
Naturalmente, debemos esforzarnos porque se gaste el dinero lo más productivamente posible, pero los seres humanos y las instituciones humanas son falibles y la tarea de velar por que se gaste el dinero bien entraña costos. Dicho en la jerga económica, la eficiencia requiere equiparar el costo marginal relacionado con la asignación (tanto obteniendo información sobre los beneficios relativos de los diferentes proyectos, como supervisando las inversiones) con los beneficios marginales. Dicho brevemente: gastar demasiado dinero para prevenir el despilfarro resulta despilfarrador.
Si bien de momento la atención está centrada en el despilfarro del sector público, éste palidece en comparación con el despilfarro de recursos resultante de un sector financiero privado que funciona mal y que en los Estados Unidos asciende ya a billones de dólares. Asimismo, el despilfarro resultante de no utilizar plenamente los recursos de la sociedad —consecuencia inevitable de no haber dispuesto de un estímulo rápido y cuantioso— supera el del sector público en un orden de magnitud.
Para un estadounidense, la preocupación australiana por el déficit y la deuda resulta en cierto modo divertida: su déficit como porcentaje del PIB es inferior a la mitad del de los EE.UU.; su deuda nacional bruta es inferior a la tercera parte de la de éstos.
El fetichismo del déficit nunca tiene sentido: la deuda nacional es sólo un aspecto del balance general de un país. Reducir inversiones muy rentables (como la educación, la infraestructura y la tecnología) simplemente para reducir el déficit es en verdad ridículo, pero en particular en el caso de un país como Australia, cuya deuda es tan reducida. De hecho, si nos preocupa, como debe preocuparnos, la deuda a largo plazo de un país, semejante fetichismo del déficit es particularmente estúpido, ya que el mayor crecimiento resultante de esas inversiones públicas producirá más ingresos fiscales.
Hay otra ironía: algunos de los mismos australianos que han criticado los déficits han criticado también propuestas de aumento de los impuestos a las minas. Australia tiene la suerte de estar dotada de una gran riqueza de recursos naturales, incluido el hierro. Dichos recursos forman parte del patrimonio del país. Pertenecen a toda la población. Sin embargo, en todos los países las compañías mineras intentan obtener esos recursos gratuitamente... o por el menor precio posible.
Naturalmente, las compañías mineras deben obtener una rentabilidad justa de sus inversiones, pero las compañías extractoras de hierro han obtenido un beneficio inesperado cuando sus precios han aumentado de manera espectacular (hasta casi duplicarse desde 2007). El aumento de los beneficios no es el resultado de su proeza minera, sino de la enorme demanda de acero por parte de China.
No hay razón para que las compañías mineras recojan esa recompensa para sí mismas. Deben compartir la bonanza de los elevados precios con los ciudadanos de Australia y un impuesto a la minería apropiadamente concebido es una forma de garantizar ese resultado.
Se debería reservar ese dinero para un fondo especial que se debería utilizar para inversiones. El país se empobrecerá inevitablemente al agotarse sus recursos naturales, a no ser que aumente el valor de su capital humano y físico.
Otra cuestión que cuenta en las antípodas es el calentamiento planetario. Aunque no era un negacionista del cambio climático, el anterior gobierno australiano, encabezado por John Howard, se sumó a la irresponsabilidad del presidente George W. Bush en relación con el cambio climático: otros tendrían que hacerse cargo de velar por la supervivencia del planeta.
Fue particularmente extraño, en vista de que Australia ha sido uno de los grandes beneficiarios del Convenio de Montreal, que prohibió los gases destructores de la capa de ozono. Los agujeros en la capa de ozono expusieron a los australianos a la radiación causante de cáncer. La comunidad internacional se unió, prohibió esas substancias y ahora se están cerrando los agujeros. No obstante, el gobierno de Howard, como el de Bush, estuvo dispuesto a exponer a todo el planeta a los riesgos del calentamiento planetario, que amenaza la propia existencia de muchos estados insulares.
Rudd prometió en su campaña invertir esa posición, pero el fracaso de las negociaciones sobre el cambio climático en Copenhague el pasado mes de diciembre, cuando el presidente Barack Obama se negó a formular en nombre de los Estados Unidos el tipo de compromiso que hacía falta, dejó al gobierno de Rudd en una posición embarazosa. El fallo del dirigente de los EE.UU. tiene consecuencias planetarias.
Los ciudadanos deben pensar en la herencia que dejarán a sus hijos, parte de la cual son las deudas financieras, pero otra parte de nuestra herencia es medioambiental. Es hipócrita afirmar que se siente preocupación por el futuro y después no velar porque el país sea compensado por el agotamiento de sus recursos o pasar por alto la degradación del medio ambiente. Peor aún es dejar a nuestros hijos sin infraestructuras adecuadas y las demás inversiones públicas necesarias para ser competitivos en el siglo XXI.
Todos los países afrontan esas cuestiones. A veces podemos verlas con mayor claridad al observar cómo las afrontan otros. La forma como voten los australianos en sus elecciones (este fin de semana) puede ser un presagio de lo que está por venir. Esperemos —por su bien y por el del mundo— que no se dejen engañar por las florituras retóricas y las manías personales y vean las cuestiones más amplias que están en juego.
* Premio Nobel de Economía 2001.
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A punto de sangre | ELESPECTADOR.COM
A punto de sangre | ELESPECTADOR.COM: "A punto de sangre
Por: Alfredo Molano Bravo
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI —escribe Robert C. West, estudioso historiador norteamericano— se explotaban las llamadas “minas de adentro, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como la Teta, Jelima, Ovejos), fueron placeres importantes del distrito de Popayán…”. Los terrenos de la Teta y Jelima fueron propiedad de una congregación religiosa hasta la abolición de la esclavitud en 1851, fecha en la que sus derechos fueron transferidos a las familias negras que habían trabajado las minas: los Carabalí, Balanta, Lucumí, Ararat.
Enlaces patrocinados - Paute Fácil
Estos apellidos hacen parte hasta hoy de una comunidad negra ancestral que ha explotado la mina por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, un modo de distribución equilibrada de beneficios según no sólo el trabajo invertido, sino la capacidad física individual para trabajar. La explotación de la mina se complementaba con agricultura parcelaria, hasta que en 1980 se construyó la hidroeléctrica de Salvajina, proyecto copiado por Lauchlin Currie del Tennessee Valley, cuyo objeto era regar las tierras de los ingenios del Valle y producir electricidad. Numerosas minas, casas y fincas quedaron sumergidas sin que el Estado haya indemnizado a los afectados a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. La construcción de la Salvajina desplazó pues a una parte de la comunidad negra, que se dedicó por completo a la minería en La Teta.
Sobra decir que las técnicas de explotación eran y son muy rudimentarias. Digamos que, pese a los atropellos de la CVC y luego de EPSA, en Salvajina, todo se mantenía en “orden”. Hasta cuando estalló a partir del 2002 la feria de concesiones mineras. Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, claro está, comunidades negras. Uno de los casos más aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas.
La concesión se dio con el argumento de que los negros estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció después que sí hay comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y por tanto se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no en los de exploración y aprobación de la concesión, lo que es verdaderamente aberrante. La comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y la Alcaldía de Suárez ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaran a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía ha rodeado la zona varias veces, pero la prudencia de la gente ha impedido un choque.
La situación es tensa y peligrosa. Las comunidades han jurado no ceder a sus derechos ni dejarse quitar lo que les ha permitido supervivir desde hace tres siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido las Águilas Negras acusando a los dirigentes de “estar en contra de las empresas, del desarrollo y de oponerse al Gobierno”. Lo que suceda en este litigio marcará la historia futura de los conflictos que la gran minería puede desatar con la minería tradicional. El proyecto minero del Gobierno se propone multiplicar por ocho las exportaciones de productos minero-energéticos.
*
Alfredo Molano Bravo
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Por: Alfredo Molano Bravo
DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XVI —escribe Robert C. West, estudioso historiador norteamericano— se explotaban las llamadas “minas de adentro, establecidas en las gravas de los márgenes de numerosos tributarios del Cauca (como la Teta, Jelima, Ovejos), fueron placeres importantes del distrito de Popayán…”. Los terrenos de la Teta y Jelima fueron propiedad de una congregación religiosa hasta la abolición de la esclavitud en 1851, fecha en la que sus derechos fueron transferidos a las familias negras que habían trabajado las minas: los Carabalí, Balanta, Lucumí, Ararat.
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Estos apellidos hacen parte hasta hoy de una comunidad negra ancestral que ha explotado la mina por medio de un sistema de asociación familiar llamado Tonga, un modo de distribución equilibrada de beneficios según no sólo el trabajo invertido, sino la capacidad física individual para trabajar. La explotación de la mina se complementaba con agricultura parcelaria, hasta que en 1980 se construyó la hidroeléctrica de Salvajina, proyecto copiado por Lauchlin Currie del Tennessee Valley, cuyo objeto era regar las tierras de los ingenios del Valle y producir electricidad. Numerosas minas, casas y fincas quedaron sumergidas sin que el Estado haya indemnizado a los afectados a pesar de los acuerdos suscritos desde 1986. La construcción de la Salvajina desplazó pues a una parte de la comunidad negra, que se dedicó por completo a la minería en La Teta.
Sobra decir que las técnicas de explotación eran y son muy rudimentarias. Digamos que, pese a los atropellos de la CVC y luego de EPSA, en Salvajina, todo se mantenía en “orden”. Hasta cuando estalló a partir del 2002 la feria de concesiones mineras. Desde entonces el subsuelo de la Nación ha sido casi todo concesionado a firmas nacionales y empresas multinacionales: 7.000 títulos mineros en todo el país; 1.800 en la Amazonia, la mayoría reserva forestal; 44 en Parques Nacionales; 13 en el municipio de Suárez. La concesión de títulos se ha hecho sobre zonas protegidas como páramos, humedales, resguardos y, claro está, comunidades negras. Uno de los casos más aberrantes ha sido el de La Teta, en Suárez, Cauca. Allí se le ha otorgado al señor Jesús Sarria un título minero sobre un área trabajada desde hace más de 374 años por el Consejo Comunitario de La Toma, que agrupa unas 1.100 familias, que habitan cinco veredas.
La concesión se dio con el argumento de que los negros estaban a 18 kilómetros y por tanto no se requería para la explotación ningún requisito posterior. Sin embargo, el Ministerio del Interior reconoció después que sí hay comunidades afrodescendientes dentro de la concesión y por tanto se debería realizar una consulta previa, libre e informada, según lo exige el Convenio 169 de la OIT. El señor Sarria tiene derecho, según el Ministerio de Minas, a realizar con el Ministerio del Interior la consulta sólo en el caso de explotación, pero no en los de exploración y aprobación de la concesión, lo que es verdaderamente aberrante. La comunidad se opuso a los trabajos de exploración, expedición del título minero y explotación del señor Sarria, y la Alcaldía de Suárez ordenó entonces el desalojo de los mineros que se negaran a abandonar la mina. El Escuadrón antimotines de la Policía ha rodeado la zona varias veces, pero la prudencia de la gente ha impedido un choque.
La situación es tensa y peligrosa. Las comunidades han jurado no ceder a sus derechos ni dejarse quitar lo que les ha permitido supervivir desde hace tres siglos. Para quebrar esta decisión han aparecido las Águilas Negras acusando a los dirigentes de “estar en contra de las empresas, del desarrollo y de oponerse al Gobierno”. Lo que suceda en este litigio marcará la historia futura de los conflictos que la gran minería puede desatar con la minería tradicional. El proyecto minero del Gobierno se propone multiplicar por ocho las exportaciones de productos minero-energéticos.
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Alfredo Molano Bravo
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Piratas honrados | ELESPECTADOR.COM
Piratas honrados | ELESPECTADOR.COM: "Piratas honrados
Por: Alejandro Gaviria
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN presentaron esta semana un video, elaborado por la Asociación Colombiana de Grasas y Aceites Comestibles, que denuncia la operación de un peligroso cartel dedicado a la comercialización ilegal de aceites.
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Con una truculencia que envidiaría el mismo Pirry, a través de una serie de imágenes temblorosas filmadas con una cámara oculta, el video delata todos los eslabones del negocio: la compra al por mayor, la venta a granel, la frescura del tendero, el oportunismo de la compradora, en fin, la impunidad de todo el proceso. El cartel del aceite pirata, dice el narrador con una seriedad casi infantil, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.
Casualmente esta misma semana, la Corte Constitucional avaló una ley, aprobada por el Congreso en julio del año anterior, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. La intención del legislador, avalada por la Corte, era disminuir el consumo de tabaco en los menores de edad y por lo tanto proteger su salud. La intervención en los mercados, dijo la Corte, está justificada cuando no limita otros derechos. La Corte, sobra decirlo, sólo opina sobre asuntos constitucionales. El sentido común no hace parte de sus preocupaciones.
Hay en todo lo anterior y en otros intentos similares (el Gobierno trató hace un tiempo de prohibir la llamada venta de minutos) una especie de ilusión regulatoria. ¿De qué manera van a impedir las autoridades la venta de cigarrillos sueltos? ¿Van a poner a los policías bachilleres a esculcarles los cajones a millones de vendedores ambulantes? ¿Qué va a pasar cuando los primeros encuentren una cajetilla destapada? ¿Decomisarán el cajón con todo el surtido? ¿Arrestarán al ventero? ¿O improvisarán un espectáculo público donde los culpables tendrán que pedir excusas por envenenar a nuestros niños y arriesgar nuestro futuro precisamente ahora que nos llegó la hora? Finalmente, ¿qué pasará, dios no lo quiera, si un tendero es descubierto vendiendo cigarrillos al menudeo y aceite a granel? ¿Cadena perpetua?
Estos intentos regulatorios revelan también una gran dosis de hipocresía. Cada semana políticos y empresarios cantan alabanzas al capitalismo popular. Pero cuando éste se les aparece en persona, salen despavoridos y proponen, entonces, regularlo en nombre del interés común o en favor de la sufrida industria nacional. En la mañana del viernes estuve unos minutos preguntándoles a varios vendedores ambulantes si dejarían de vender cigarrillos sueltos en caso de que una ley lo prohibiera. Todos dijeron lo mismo: “hay que darle al cliente lo que pide y si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros”. Hay leyes tan absurdas que cabe celebrar su incumplimiento.
Esta discusión cobra una relevancia adicional, habida cuenta de la campaña de formalización empresarial anunciada esta semana. La informalidad no es una aberración cultural o un capricho nacido de la ignorancia o la ambición como parece suponer el Gobierno. Todo lo contrario. La informalidad es la razón de ser, la esencia de muchos negocios. Si usted formaliza los tenderos que venden aceite o cigarrillos en cantidades menores, no los vuelve más productivos: los liquida, con consecuencias adversas para mucha gente. Ciertas formas de piratería, cabe reconocerlo, contribuyen positivamente el bienestar general.
agaviria.blogspot.com
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Por: Alejandro Gaviria
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN presentaron esta semana un video, elaborado por la Asociación Colombiana de Grasas y Aceites Comestibles, que denuncia la operación de un peligroso cartel dedicado a la comercialización ilegal de aceites.
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Con una truculencia que envidiaría el mismo Pirry, a través de una serie de imágenes temblorosas filmadas con una cámara oculta, el video delata todos los eslabones del negocio: la compra al por mayor, la venta a granel, la frescura del tendero, el oportunismo de la compradora, en fin, la impunidad de todo el proceso. El cartel del aceite pirata, dice el narrador con una seriedad casi infantil, está poniendo en riesgo la salud de los colombianos.
Casualmente esta misma semana, la Corte Constitucional avaló una ley, aprobada por el Congreso en julio del año anterior, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. La intención del legislador, avalada por la Corte, era disminuir el consumo de tabaco en los menores de edad y por lo tanto proteger su salud. La intervención en los mercados, dijo la Corte, está justificada cuando no limita otros derechos. La Corte, sobra decirlo, sólo opina sobre asuntos constitucionales. El sentido común no hace parte de sus preocupaciones.
Hay en todo lo anterior y en otros intentos similares (el Gobierno trató hace un tiempo de prohibir la llamada venta de minutos) una especie de ilusión regulatoria. ¿De qué manera van a impedir las autoridades la venta de cigarrillos sueltos? ¿Van a poner a los policías bachilleres a esculcarles los cajones a millones de vendedores ambulantes? ¿Qué va a pasar cuando los primeros encuentren una cajetilla destapada? ¿Decomisarán el cajón con todo el surtido? ¿Arrestarán al ventero? ¿O improvisarán un espectáculo público donde los culpables tendrán que pedir excusas por envenenar a nuestros niños y arriesgar nuestro futuro precisamente ahora que nos llegó la hora? Finalmente, ¿qué pasará, dios no lo quiera, si un tendero es descubierto vendiendo cigarrillos al menudeo y aceite a granel? ¿Cadena perpetua?
Estos intentos regulatorios revelan también una gran dosis de hipocresía. Cada semana políticos y empresarios cantan alabanzas al capitalismo popular. Pero cuando éste se les aparece en persona, salen despavoridos y proponen, entonces, regularlo en nombre del interés común o en favor de la sufrida industria nacional. En la mañana del viernes estuve unos minutos preguntándoles a varios vendedores ambulantes si dejarían de vender cigarrillos sueltos en caso de que una ley lo prohibiera. Todos dijeron lo mismo: “hay que darle al cliente lo que pide y si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros”. Hay leyes tan absurdas que cabe celebrar su incumplimiento.
Esta discusión cobra una relevancia adicional, habida cuenta de la campaña de formalización empresarial anunciada esta semana. La informalidad no es una aberración cultural o un capricho nacido de la ignorancia o la ambición como parece suponer el Gobierno. Todo lo contrario. La informalidad es la razón de ser, la esencia de muchos negocios. Si usted formaliza los tenderos que venden aceite o cigarrillos en cantidades menores, no los vuelve más productivos: los liquida, con consecuencias adversas para mucha gente. Ciertas formas de piratería, cabe reconocerlo, contribuyen positivamente el bienestar general.
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Normas para disentir - Columnas y Editoriales - Opinión - ELTIEMPO.COM
Normas para disentir - Columnas y Editoriales - Opinión - ELTIEMPO.COM: "La profundidad de cualquier sistema democrático está en proporción directa con la calidad de los espacios en los cuales se ejerce la oposición. Sin la existencia de reglas de juego claras y opciones institucionales para que quienes disienten del Gobierno puedan fiscalizarlo, los esfuerzos para organizar los partidos políticos en bancadas y modernizar su funcionamiento seguirán incompletos.
Estas no son reflexiones abstractas. Precisamente, las relaciones entre la nueva Casa de Nariño y los partidos que no hacen parte de la coalición oficialista han constituido uno de los temas que se empezaron a debatir en estas dos semanas de la administración Santos. Primero, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a los dirigentes del Polo Democrático, única colectividad que se ha distanciado abiertamente del Ejecutivo, y luego a la bancada del Partido Verde, otro ausente de las mayorías de la 'unidad nacional'. En ambos encuentros se ambientó la idea de impulsar nuevamente en el Congreso un Estatuto para la Oposición, que recogiera el diseño de mecanismos de control y vigilancia del Gobierno por parte de las minorías. El martes pasado, los senadores amarillos citaron al jefe de la cartera política a un debate sobre el mismo tema: las garantías para controvertir y expresar diferencias. 'Los funcionarios no volverán a referirse a la oposición como terroristas', afirmó Vargas, con lo que confirmó el cambio de tono y de actitud del Ejecutivo, en contraste con la estigmatización sufrida en la era Uribe.
* * * *
Sin minimizar la importancia de los gestos simbólicos del Ministro del Interior, es urgente avanzar cuanto antes en la normatividad para hacer realidad el derecho al disenso, que la Carta Política establece inequívocamente. Han sido varios los intentos que se han frustrado a lo largo de 19 años y no hay mejor momento que el actual para condensar y dotar de dientes un paquete de variadas iniciativas. Desde el uso de los medios de comunicación estatales hasta un expedito derecho de réplica, pasando por la participación en los organismos electorales y la protección física de los dirigentes -el Polo denunció el asesinato de ocho líderes en tres meses- son medidas necesarias para que las voces disidentes enriquezcan la democracia. Hoy más que nunca, las posturas minoritarias en el Legislativo demandan plataformas e instrumentos para impedir que las supermayorías de la coalición gobiernista las condenen a una peligrosa espiral de silencio y aislamiento.
La 'unidad nacional' que lidera hoy el presidente Santos está conformada por más del 85 por ciento de ambas cámaras legislativas. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para la semana entrante, es una muestra de los riesgos de contar con el apoyo parlamentario más amplio de la historia reciente. Por las reglas actuales, lo más factible es que ningún partido por fuera del bloque oficialista logre elegir al menos un magistrado. Es decir, ni en la máxima autoridad electoral ni en la Contraloría General de la República, cuya cabeza fue elegida la semana pasada en medio de protestas por el uso de papeletas de color para la votación, la oposición tendrá espacio. La paradoja está en que son precisamente las fuerzas opositoras, sin acceso a recursos públicos ni poder estatal, las que más requieren transparencia e imparcialidad en los comicios y acceso a la fiscalización gubernamental. La necesidad de una reforma electoral -que hace parte de las iniciativas parlamentarias de la administración Santos- es más que palpable.
* * * *
Otra poderosa razón para promover la discusión de esta ley estatutaria para los opositores se sale del ámbito institucional y entra lamentablemente al penal. El avance de las investigaciones que confirman la realización sistemática, por parte del DAS, de interceptaciones ilegales contra críticos del gobierno anterior ha generado una profunda desconfianza dentro de estos sectores políticos. El propósito de la Casa de Nariño de inyectar respeto y un espíritu de cordialidad a los canales de diálogo con los bloques no pertenecientes a la 'unidad nacional' encontraría en el Estatuto de la Oposición una inmejorable concreción. Para pasar la página del escándalo de las escuchas ilícitas a las definiciones judiciales hay que sumar generosos gestos, como la invitación a un diálogo sobre este tema sin imponer la autoridad de las mayorías.
Todo indica que el Gobierno y el Polo presentarán sus respectivos proyectos de ley para reglamentar el derecho al disenso. Bienvenido el debate de los instrumentos ya mencionados y de otras medidas, como las reglas de la oposición a nivel regional. La voz de los verdes, segundos en la campaña presidencial, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional. A fin de cuentas, la manifestación de las diferencias y la fiscalización deben servir para cualquier organización y no son monopolio de una porción específica del espectro ideológico.
Las supermayorías del presidente Santos tienen en sus manos la posibilidad de dejarle a la democracia colombiana un trascendental legado y un ejemplo de visión de futuro: aprobar de consuno con las minorías un paquete de vigorosos medios de expresión, garantías de control y espacios de fiscalización para el bloque opositor más reducido de la historia reciente.
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Estas no son reflexiones abstractas. Precisamente, las relaciones entre la nueva Casa de Nariño y los partidos que no hacen parte de la coalición oficialista han constituido uno de los temas que se empezaron a debatir en estas dos semanas de la administración Santos. Primero, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, visitó a los dirigentes del Polo Democrático, única colectividad que se ha distanciado abiertamente del Ejecutivo, y luego a la bancada del Partido Verde, otro ausente de las mayorías de la 'unidad nacional'. En ambos encuentros se ambientó la idea de impulsar nuevamente en el Congreso un Estatuto para la Oposición, que recogiera el diseño de mecanismos de control y vigilancia del Gobierno por parte de las minorías. El martes pasado, los senadores amarillos citaron al jefe de la cartera política a un debate sobre el mismo tema: las garantías para controvertir y expresar diferencias. 'Los funcionarios no volverán a referirse a la oposición como terroristas', afirmó Vargas, con lo que confirmó el cambio de tono y de actitud del Ejecutivo, en contraste con la estigmatización sufrida en la era Uribe.
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Sin minimizar la importancia de los gestos simbólicos del Ministro del Interior, es urgente avanzar cuanto antes en la normatividad para hacer realidad el derecho al disenso, que la Carta Política establece inequívocamente. Han sido varios los intentos que se han frustrado a lo largo de 19 años y no hay mejor momento que el actual para condensar y dotar de dientes un paquete de variadas iniciativas. Desde el uso de los medios de comunicación estatales hasta un expedito derecho de réplica, pasando por la participación en los organismos electorales y la protección física de los dirigentes -el Polo denunció el asesinato de ocho líderes en tres meses- son medidas necesarias para que las voces disidentes enriquezcan la democracia. Hoy más que nunca, las posturas minoritarias en el Legislativo demandan plataformas e instrumentos para impedir que las supermayorías de la coalición gobiernista las condenen a una peligrosa espiral de silencio y aislamiento.
La 'unidad nacional' que lidera hoy el presidente Santos está conformada por más del 85 por ciento de ambas cámaras legislativas. La elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), programada para la semana entrante, es una muestra de los riesgos de contar con el apoyo parlamentario más amplio de la historia reciente. Por las reglas actuales, lo más factible es que ningún partido por fuera del bloque oficialista logre elegir al menos un magistrado. Es decir, ni en la máxima autoridad electoral ni en la Contraloría General de la República, cuya cabeza fue elegida la semana pasada en medio de protestas por el uso de papeletas de color para la votación, la oposición tendrá espacio. La paradoja está en que son precisamente las fuerzas opositoras, sin acceso a recursos públicos ni poder estatal, las que más requieren transparencia e imparcialidad en los comicios y acceso a la fiscalización gubernamental. La necesidad de una reforma electoral -que hace parte de las iniciativas parlamentarias de la administración Santos- es más que palpable.
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Otra poderosa razón para promover la discusión de esta ley estatutaria para los opositores se sale del ámbito institucional y entra lamentablemente al penal. El avance de las investigaciones que confirman la realización sistemática, por parte del DAS, de interceptaciones ilegales contra críticos del gobierno anterior ha generado una profunda desconfianza dentro de estos sectores políticos. El propósito de la Casa de Nariño de inyectar respeto y un espíritu de cordialidad a los canales de diálogo con los bloques no pertenecientes a la 'unidad nacional' encontraría en el Estatuto de la Oposición una inmejorable concreción. Para pasar la página del escándalo de las escuchas ilícitas a las definiciones judiciales hay que sumar generosos gestos, como la invitación a un diálogo sobre este tema sin imponer la autoridad de las mayorías.
Todo indica que el Gobierno y el Polo presentarán sus respectivos proyectos de ley para reglamentar el derecho al disenso. Bienvenido el debate de los instrumentos ya mencionados y de otras medidas, como las reglas de la oposición a nivel regional. La voz de los verdes, segundos en la campaña presidencial, constituye un insumo imprescindible en el diseño final de estos mecanismos, ya que aquellos pretenden ejercer un estilo de crítica distinto del tradicional. A fin de cuentas, la manifestación de las diferencias y la fiscalización deben servir para cualquier organización y no son monopolio de una porción específica del espectro ideológico.
Las supermayorías del presidente Santos tienen en sus manos la posibilidad de dejarle a la democracia colombiana un trascendental legado y un ejemplo de visión de futuro: aprobar de consuno con las minorías un paquete de vigorosos medios de expresión, garantías de control y espacios de fiscalización para el bloque opositor más reducido de la historia reciente.
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Metas ambiciosas, medidas modestas | ELESPECTADOR.COM
Metas ambiciosas, medidas modestas | ELESPECTADOR.COM: "Metas ambiciosas, medidas modestas
A PESAR DE QUE EL PAÍS TUVO UNA fase de expansión económica importante durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo se mantuvo y la informalidad continuó en ascenso.
Hoy, el número de trabajadores informales bordea los 12 millones y el de desempleados los 2,5 millones. Cerca del 12 por ciento de la población en edad de trabajar no encuentra empleo y el 50 por ciento lo hace sin las garantías del salario mínimo, es decir, sin ahorrar para la vejez y sin aportar a la salud. Además, cerca del 60 por ciento de las empresas se encuentran en la informalidad, lo que significa que 1,4 millones de pequeños negocios no contribuyen al recaudo. Cifras que, además de evidenciar una difícil situación individual, reflejan la existencia de una verdadera trampa de pobreza.
Al no acceder a los servicios financieros y empresariales, el empleo que generan los pequeños negocios es siete veces menos productivo que el empleo formal. Estos negocios, en consecuencia, sobreviven sólo en la medida en que evaden sus obligaciones tributarias y salariales. Como resultado, el recaudo del Estado se reduce y con ello su capacidad de generar motores de crecimiento, entre otras, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para subsidiar los sistemas de pensiones y de salud. De aquí, entonces, que los recursos del Estado se desvíen en gasto que no contribuye de manera efectiva al crecimiento, sin el cual ni hay trabajo ni formalización posibles.
Las cinco locomotoras del gobierno de Santos —infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería— van en esta dirección. Con ellas se busca generar en el siguiente cuatrienio 2,5 millones de nuevos empleos; esto es, 625 empleos por año, casi el doble de los que se crearon durante la fase de expansión económica 2003-2007. Aunque el ministro de Hacienda no ha explicado todavía bien cómo financiará el plan de Gobierno, el de Protección Social presentó esta semana el proyecto de ley con el que contribuirá en el esfuerzo. Su objetivo: incentivar la formalización de los nuevos empleos y traer a la legalidad 500 mil más.
A muy grandes rasgos, las medidas consisten, de un lado, en disminuir las cargas económicas de las empresas con menos de 50 empleados y, del otro, en generar estímulos que fomenten la creación del primer empleo. Pese a su coherencia, la propuesta luce modesta. Reducir parcialmente parafiscales, impuesto de renta y registro mercantil por cuatro años no hace que las empresas de menos de 10 empleados —que son la gran mayoría de las informales— puedan sobrevivir en el mercado. Incluso si lo lograran, sólo el 20% de los empleados informales están en ellas. El resto, los famosos “cuenta propia”, no se contemplan en el proyecto. Los jóvenes, a su vez, tampoco es que mejoren mucho sus perspectivas. Las ganancias que obtendría una empresa por deducir los parafiscales de sus nuevos empleados menores de 25 años desaparecerían con cualquier incremento menor en el salario mínimo.
Formalizar el empleo es difícil, y crearlo aún más. De ahí que las medidas anunciadas resulten algo tímidas. La magnitud del problema es tal que se requieren estrategias más agresivas y focalizadas, sin mencionar metas más razonables que permitan optimizar los esfuerzos. Duplicar los empleos creados en 2003-2007 es bastante optimista, en especial, cuando no se habla de un abaratamiento claro de la mano de obra que incluya, por ejemplo, la completa eliminación de los parafiscales. Aunque en el proyecto haya esfuerzos importantes para fomentar el capital humano sobre el físico y para promover la incorporación de aprendices, éstos son menos ambiciosos que las metas que con razón se persiguen. Habría que confiar, entonces, en que sean las famosas locomotoras las que alcancen.
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A PESAR DE QUE EL PAÍS TUVO UNA fase de expansión económica importante durante 2003 y 2007, la tasa de desempleo se mantuvo y la informalidad continuó en ascenso.
Hoy, el número de trabajadores informales bordea los 12 millones y el de desempleados los 2,5 millones. Cerca del 12 por ciento de la población en edad de trabajar no encuentra empleo y el 50 por ciento lo hace sin las garantías del salario mínimo, es decir, sin ahorrar para la vejez y sin aportar a la salud. Además, cerca del 60 por ciento de las empresas se encuentran en la informalidad, lo que significa que 1,4 millones de pequeños negocios no contribuyen al recaudo. Cifras que, además de evidenciar una difícil situación individual, reflejan la existencia de una verdadera trampa de pobreza.
Al no acceder a los servicios financieros y empresariales, el empleo que generan los pequeños negocios es siete veces menos productivo que el empleo formal. Estos negocios, en consecuencia, sobreviven sólo en la medida en que evaden sus obligaciones tributarias y salariales. Como resultado, el recaudo del Estado se reduce y con ello su capacidad de generar motores de crecimiento, entre otras, porque tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para subsidiar los sistemas de pensiones y de salud. De aquí, entonces, que los recursos del Estado se desvíen en gasto que no contribuye de manera efectiva al crecimiento, sin el cual ni hay trabajo ni formalización posibles.
Las cinco locomotoras del gobierno de Santos —infraestructura, agricultura, vivienda, innovación y minería— van en esta dirección. Con ellas se busca generar en el siguiente cuatrienio 2,5 millones de nuevos empleos; esto es, 625 empleos por año, casi el doble de los que se crearon durante la fase de expansión económica 2003-2007. Aunque el ministro de Hacienda no ha explicado todavía bien cómo financiará el plan de Gobierno, el de Protección Social presentó esta semana el proyecto de ley con el que contribuirá en el esfuerzo. Su objetivo: incentivar la formalización de los nuevos empleos y traer a la legalidad 500 mil más.
A muy grandes rasgos, las medidas consisten, de un lado, en disminuir las cargas económicas de las empresas con menos de 50 empleados y, del otro, en generar estímulos que fomenten la creación del primer empleo. Pese a su coherencia, la propuesta luce modesta. Reducir parcialmente parafiscales, impuesto de renta y registro mercantil por cuatro años no hace que las empresas de menos de 10 empleados —que son la gran mayoría de las informales— puedan sobrevivir en el mercado. Incluso si lo lograran, sólo el 20% de los empleados informales están en ellas. El resto, los famosos “cuenta propia”, no se contemplan en el proyecto. Los jóvenes, a su vez, tampoco es que mejoren mucho sus perspectivas. Las ganancias que obtendría una empresa por deducir los parafiscales de sus nuevos empleados menores de 25 años desaparecerían con cualquier incremento menor en el salario mínimo.
Formalizar el empleo es difícil, y crearlo aún más. De ahí que las medidas anunciadas resulten algo tímidas. La magnitud del problema es tal que se requieren estrategias más agresivas y focalizadas, sin mencionar metas más razonables que permitan optimizar los esfuerzos. Duplicar los empleos creados en 2003-2007 es bastante optimista, en especial, cuando no se habla de un abaratamiento claro de la mano de obra que incluya, por ejemplo, la completa eliminación de los parafiscales. Aunque en el proyecto haya esfuerzos importantes para fomentar el capital humano sobre el físico y para promover la incorporación de aprendices, éstos son menos ambiciosos que las metas que con razón se persiguen. Habría que confiar, entonces, en que sean las famosas locomotoras las que alcancen.
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