Un nuevo amanecer | ELESPECTADOR.COM: "Un nuevo amanecer
Por: Lorenzo Madrigal
HACÍA MUCHO QUE EN BOGOTÁ NO ponían bombas. Recuerdo la de la 93 y en Medellín la del Parque Lleras y otras cuantas. El amanecer del pasado jueves tuvo un despertador algo ominoso para los habitantes de la calle 67, al norte y alrededores.
No es, por supuesto, atribuible al nuevo gobierno este despertar ruidoso en medio de la continuidad silenciosa en la que nos habíamos embarcado, con la presidencia de Juan Manuel Santos. Pero algo tuvieron que ver la visita del señor Chávez y el encuentro de San Pedro Alejandrino, así como los augurios de una paz formal en la región, amenazada por el dictador tropical de Venezuela.
A alguien no le gustó que se cambiara por diplomacia el desafío abierto del presidente Uribe al dictador Chávez, especialmente el desafío de última hora, tras una larga paciencia, que había tenido frente a sus provocaciones. El odio al coronel venezolano es proverbial en Colombia y está medido con estadísticas. De ahí que el acercamiento propiciado por Santos, en aras de una paz diplomática (con todo y lo melíflua que ha sido siempre la diplomacia) pudo molestar a hirsutos rambos de la preguerra.
Es esta la hipótesis que acojo, en la que acaso rompo el esquema de “los mismos de siempre”, como autores de la fechoría. Santos, al menos en estos primeros días, ha parecido un candidato de oposición triunfante y corrector del gobierno que le precede. El uribismo está en ascuas o debiera estarlo, si es que no se ha dado cuenta de las diferencias de estilo y de forma que exhibe el nuevo gobierno. Y no es que el uribismo ponga bombas, pero de pronto sí el para-uribismo.
Personalmente no asumo, y me pellizco, para entender que Juan Manuel Santos es ahora mismo el presidente de Colombia. Aún tengo viva la imagen del joven barbirrubio que desplegaba su pitillera dorada para ofrecernos cigarrillo, en la biblioteca de Betancur, durante una reunión de periodistas de distintos sectores.
Pero es cierto que llegó al poder y ya lo vemos luciendo la sedosa banda presidencial, entre ditirambos de sus publicaciones amigas. La revista Semana, por ejemplo, le adjudica reelección inmediata para tener, sumados a los de Uribe, “Dieciséis años de buen gobierno” ( casualmente el nombre de su centro de estudios políticos).
La elegancia y el buen gusto, se dice en las notas sociales, imperarán ahora por los lados de la Casa de Nariño, que bien debería regresar a su antiguo y más clásico nombre de Palacio de la Carrera.
Que el nuevo amanecer del día 12 no se repita, que los heridos sanen, que Darío Arizmendi siga dando pruebas de su firmeza periodística, capaz de cubrir, sin tremores de voz, su propia muerte, como la banda musical del Titanic. Y que el buen gobierno de Santos no sea tan bueno que nos dure ocho años, porque eso cansa.
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Lorenzo Madrigal
lunes, 16 de agosto de 2010
Compromiso con la ética pública | ELESPECTADOR.COM
Compromiso con la ética pública | ELESPECTADOR.COM: "Compromiso con la ética pública
Por: Armando Montenegro
UNA DE LAS NOTICIAS MEJOR RECIbidas por la opinión pública, que se originó en la reunión que sostuvo el presidente electo con su equipo de gobierno en Anapoima, fue su compromiso explícito con la ética pública. Los anuncios fueron de alto calado.
El presidente electo señaló que los funcionarios públicos evitarían toda situación en la que sus intereses directos o indirectos entraran en conflicto con el interés general; se comprometió a que ellos no usarían información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros; indicó que no se toleraría el tráfico de influencias; concluyó que no aceptarán regalos ni donaciones que generen conflictos de interés.
Si alguien hubiera quedado con alguna duda sobre la determinación del nuevo gobierno, ésta se disipó cuando, en forma inmediata, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que todos los puntos de la declaración que firmaron los asistentes a la reunión de Anapoima formarían parte de un proyecto de ley que sería llevado al Congreso, con el propósito de convertirse en un estatuto integral sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción.
Esta decisión, sin duda, responde a la preocupación de la ciudadanía, manifestada en las distintas encuestas de opinión, por el enorme aumento de la corrupción en los últimos años.
Un estatuto de esta naturaleza, además, llenaría un inmenso vacío en Colombia. En otros países, entre tantas cosas, la ley establece con precisión el tipo de regalos e invitaciones que pueden y no pueden recibir los funcionarios del Estado; se establece la obligación de darles publicidad a las reuniones y contactos con lobbistas y grupos interesados en favores del Estado; se imponen límites expresos al paso indiscriminado de líderes de negocios privados a cargos públicos donde se toman decisiones sobre la regulación, vigilancia y apoyo a esos mismos negocios.
Un corolario de estas manifestaciones del nuevo gobierno es la necesidad de establecer en Colombia un estatuto del lobby, una actividad legítima que, sin embargo, debe estar enmarcada dentro de reglas que limiten su campo de acción y que fijen sus restricciones e incompatibilidades. En las normas de otros países se puede encontrar una serie de buenas prácticas que podría aplicarse con provecho en Colombia.
Un estatuto general sobre ética y moral pública también debería cobijar las actividades del Congreso de la República, un organismo en cuyas comisiones, oficinas y pasillos convergen muchos de los personajes del sector privado que buscan favores y beneficios de origen legal. Infortunadamente, la tradición oral registra que no es raro que se realicen extrañas y complejas transacciones entre individuos que se lucran con las leyes y algunos congresistas que atienden dichos intereses.
Cuando se aborde este tema, será imposible evitar la regulación de algunos asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas electorales, así como con variados aspectos de la contratación y regulación de las actividades de los capitanes de las obras públicas, los mismos que originaron sonados escándalos en los últimos años.
Existe justificada expectativa sobre el texto que llevará el Ministro del Interior al Congreso y las discusiones que éste suscitará entre los partidos políticos, la academia, las ONG interesadas en la corrupción y el país en general.
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Armando Montenegro
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Por: Armando Montenegro
UNA DE LAS NOTICIAS MEJOR RECIbidas por la opinión pública, que se originó en la reunión que sostuvo el presidente electo con su equipo de gobierno en Anapoima, fue su compromiso explícito con la ética pública. Los anuncios fueron de alto calado.
El presidente electo señaló que los funcionarios públicos evitarían toda situación en la que sus intereses directos o indirectos entraran en conflicto con el interés general; se comprometió a que ellos no usarían información privilegiada o confidencial para beneficio propio o de terceros; indicó que no se toleraría el tráfico de influencias; concluyó que no aceptarán regalos ni donaciones que generen conflictos de interés.
Si alguien hubiera quedado con alguna duda sobre la determinación del nuevo gobierno, ésta se disipó cuando, en forma inmediata, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que todos los puntos de la declaración que firmaron los asistentes a la reunión de Anapoima formarían parte de un proyecto de ley que sería llevado al Congreso, con el propósito de convertirse en un estatuto integral sobre ética y moral pública y lucha contra la corrupción.
Esta decisión, sin duda, responde a la preocupación de la ciudadanía, manifestada en las distintas encuestas de opinión, por el enorme aumento de la corrupción en los últimos años.
Un estatuto de esta naturaleza, además, llenaría un inmenso vacío en Colombia. En otros países, entre tantas cosas, la ley establece con precisión el tipo de regalos e invitaciones que pueden y no pueden recibir los funcionarios del Estado; se establece la obligación de darles publicidad a las reuniones y contactos con lobbistas y grupos interesados en favores del Estado; se imponen límites expresos al paso indiscriminado de líderes de negocios privados a cargos públicos donde se toman decisiones sobre la regulación, vigilancia y apoyo a esos mismos negocios.
Un corolario de estas manifestaciones del nuevo gobierno es la necesidad de establecer en Colombia un estatuto del lobby, una actividad legítima que, sin embargo, debe estar enmarcada dentro de reglas que limiten su campo de acción y que fijen sus restricciones e incompatibilidades. En las normas de otros países se puede encontrar una serie de buenas prácticas que podría aplicarse con provecho en Colombia.
Un estatuto general sobre ética y moral pública también debería cobijar las actividades del Congreso de la República, un organismo en cuyas comisiones, oficinas y pasillos convergen muchos de los personajes del sector privado que buscan favores y beneficios de origen legal. Infortunadamente, la tradición oral registra que no es raro que se realicen extrañas y complejas transacciones entre individuos que se lucran con las leyes y algunos congresistas que atienden dichos intereses.
Cuando se aborde este tema, será imposible evitar la regulación de algunos asuntos que tienen que ver con la financiación de las campañas electorales, así como con variados aspectos de la contratación y regulación de las actividades de los capitanes de las obras públicas, los mismos que originaron sonados escándalos en los últimos años.
Existe justificada expectativa sobre el texto que llevará el Ministro del Interior al Congreso y las discusiones que éste suscitará entre los partidos políticos, la academia, las ONG interesadas en la corrupción y el país en general.
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Armando Montenegro
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Primera cuota | ELESPECTADOR.COM
Primera cuota | ELESPECTADOR.COM: "Primera cuota
Por: Alfredo Molano Bravo
MURIÓ EN BOGOTÁ APOLINAR DÍAZ Callejas a los 89 años.
Fue gobernador del departamento de Sucre, senador y, sobre todo, un peleador empedernido por la reforma de la estructura agraria. Sabía de peleas. Fuera de sus cargos públicos fue uno de los dirigentes más aguerridos de la llamada Comuna de Barrancabermeja de 1948, un levantamiento popular contra el gobierno de Ospina Pérez y contra la Tropical Oil Company a raíz del asesinato de Gaitán. El pueblo se arrevolveró, destituyó al alcalde y nombró a Rafael Rangel, dirigente liberal. Levantó barricadas, construyó cañones a la espera de la reacción del Ejército, que logró entrar 10 días después. Rangel escapó de la represión violenta y organizó una partida guerrillera en San Vicente que hizo nombre en el Carare-Opón. En la misma zona y con más de un guerrillero de Rangel —como el papá de Nicolás Bautista, su comandante máximo— nació el Eln en los 60. Pero ante todo, el país lo recordará por haber sido el segundo hombre en la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Apolinar no se contentaba con meros distritos de riego o meros proyectos de colonización. La verdadera reforma debía consistir en afectar el régimen latifundista e impedir que, democratizada la propiedad, abiertas vías, construidos escuelas y puestos de salud, y creadas líneas de crédito barato, los terratenientes volvieran a concentrar la tierra. La derecha obligó al Incora a invertir su presupuesto en programas que dejaran intacta la gran propiedad y se atravesó como una vaca muerta para impedir todo cambio. Razón por la cual Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo. Con la ANUC la función social de la propiedad (Ley 200 del 36) se convirtió en: la tierra es para el que la trabaja. La letra de la ley es una cosa en el Diario Oficial, y otra muy distinta en las manos callosas del campesino. Eso sí no era admisible. Dividieron la ANUC, la liquidaron y algunos dirigentes pararon en las guerrillas. Apolinar, como senador, trató de impedir la muerte de la reforma agraria, pero Lleras había sido derrotado ya por el clientelismo más cerrero.
Hoy los distritos de riego —obras de verdad faraónicas— son haciendas, grandes haciendas. En los proyectos del Guájaro, La Doctrina, Coello, Ábrego, Saldaña y Ciénaga de Oro no hay un solo beneficiario original. Los han derrotado. Lo mismo pasa con las colonizaciones dirigidas del Ariari y de Sarare. Hoy las propiedades pertenecen a grandes empresarios o a compañías agropecuarias. Para impedir esos procesos de reacumulación de tierras fue creada por la Ley 160 de 1994 la figura de Zonas de Reserva Campesina, sepultada por Uribe. En concreto, se trata de zonas donde los propietarios sólo pueden poseer una parcela que permita sobrevivir en condiciones dignas. Se impediría así que alguien compre dos, tres, 10 predios y agregándolos haga una hacienda. En realidad es esto lo que ha hecho el paramilitarismo: sacar campesinos para hacer latifundios. Muchos han sido adquiridos por acción de las motosierras o por compra a los motosierristas; otros, por compras testaferradas, y algunas pocas de manera honrada.
El gobierno de Santos ha prometido devolver a los campesinos un millón de hectáreas confiscadas a los ‘narcos’. Bien, diría Apolinar, como cuota inicial, vale. Pero hay cuatro millones más de hectáreas por ahí volando de notaría en notaría, pero que pertenecieron a campesinos desplazados. Quizá pueda Juan Camilo —un político que entiende, por fin, la conveniencia que para la paz y para la prosperidad tiene la economía campesina— devolver sus tierras a los campesinos y, además, tomar medidas sólidas para que lo que se devuelva ahora no regrese a las manos de los de siempre en la próxima década. Si la llave del candado de la paz no se ha botado, como dijo Santos, es posible que la primera cuota de tierras devueltas y aseguradas para la prosperidad campesina, por medio de las Zonas de Reserva Campesina, sea la primera vuelta al cerrojo. “Aquí está Rodas, salta aquí”. O sea: “Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada”.
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Alfredo Molano Bravo
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Por: Alfredo Molano Bravo
MURIÓ EN BOGOTÁ APOLINAR DÍAZ Callejas a los 89 años.
Fue gobernador del departamento de Sucre, senador y, sobre todo, un peleador empedernido por la reforma de la estructura agraria. Sabía de peleas. Fuera de sus cargos públicos fue uno de los dirigentes más aguerridos de la llamada Comuna de Barrancabermeja de 1948, un levantamiento popular contra el gobierno de Ospina Pérez y contra la Tropical Oil Company a raíz del asesinato de Gaitán. El pueblo se arrevolveró, destituyó al alcalde y nombró a Rafael Rangel, dirigente liberal. Levantó barricadas, construyó cañones a la espera de la reacción del Ejército, que logró entrar 10 días después. Rangel escapó de la represión violenta y organizó una partida guerrillera en San Vicente que hizo nombre en el Carare-Opón. En la misma zona y con más de un guerrillero de Rangel —como el papá de Nicolás Bautista, su comandante máximo— nació el Eln en los 60. Pero ante todo, el país lo recordará por haber sido el segundo hombre en la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo. Apolinar no se contentaba con meros distritos de riego o meros proyectos de colonización. La verdadera reforma debía consistir en afectar el régimen latifundista e impedir que, democratizada la propiedad, abiertas vías, construidos escuelas y puestos de salud, y creadas líneas de crédito barato, los terratenientes volvieran a concentrar la tierra. La derecha obligó al Incora a invertir su presupuesto en programas que dejaran intacta la gran propiedad y se atravesó como una vaca muerta para impedir todo cambio. Razón por la cual Lleras y Apolinar optaron por organizar la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). La idea era que los campesinos tomaran en sus manos las banderas agraristas levantadas desde el gobierno López Pumarejo. Con la ANUC la función social de la propiedad (Ley 200 del 36) se convirtió en: la tierra es para el que la trabaja. La letra de la ley es una cosa en el Diario Oficial, y otra muy distinta en las manos callosas del campesino. Eso sí no era admisible. Dividieron la ANUC, la liquidaron y algunos dirigentes pararon en las guerrillas. Apolinar, como senador, trató de impedir la muerte de la reforma agraria, pero Lleras había sido derrotado ya por el clientelismo más cerrero.
Hoy los distritos de riego —obras de verdad faraónicas— son haciendas, grandes haciendas. En los proyectos del Guájaro, La Doctrina, Coello, Ábrego, Saldaña y Ciénaga de Oro no hay un solo beneficiario original. Los han derrotado. Lo mismo pasa con las colonizaciones dirigidas del Ariari y de Sarare. Hoy las propiedades pertenecen a grandes empresarios o a compañías agropecuarias. Para impedir esos procesos de reacumulación de tierras fue creada por la Ley 160 de 1994 la figura de Zonas de Reserva Campesina, sepultada por Uribe. En concreto, se trata de zonas donde los propietarios sólo pueden poseer una parcela que permita sobrevivir en condiciones dignas. Se impediría así que alguien compre dos, tres, 10 predios y agregándolos haga una hacienda. En realidad es esto lo que ha hecho el paramilitarismo: sacar campesinos para hacer latifundios. Muchos han sido adquiridos por acción de las motosierras o por compra a los motosierristas; otros, por compras testaferradas, y algunas pocas de manera honrada.
El gobierno de Santos ha prometido devolver a los campesinos un millón de hectáreas confiscadas a los ‘narcos’. Bien, diría Apolinar, como cuota inicial, vale. Pero hay cuatro millones más de hectáreas por ahí volando de notaría en notaría, pero que pertenecieron a campesinos desplazados. Quizá pueda Juan Camilo —un político que entiende, por fin, la conveniencia que para la paz y para la prosperidad tiene la economía campesina— devolver sus tierras a los campesinos y, además, tomar medidas sólidas para que lo que se devuelva ahora no regrese a las manos de los de siempre en la próxima década. Si la llave del candado de la paz no se ha botado, como dijo Santos, es posible que la primera cuota de tierras devueltas y aseguradas para la prosperidad campesina, por medio de las Zonas de Reserva Campesina, sea la primera vuelta al cerrojo. “Aquí está Rodas, salta aquí”. O sea: “Si no puedes probar con los hechos lo que dices, no estás diciendo nada”.
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Alfredo Molano Bravo
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Réspice Brasilia | ELESPECTADOR.COM
Réspice Brasilia | ELESPECTADOR.COM: "Réspice Brasilia
Por: Santiago Montenegro
CON EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL Santos está cambiando también la política exterior.
El cambio más notorio y el que ha estado en los titulares de los periódicos y los noticieros ha sido el encuentro con Chávez en San Pedro Alejandrino y el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Todos esperamos que eso salga bien, pero la relación con Venezuela no es la transformación más importante de la política exterior del nuevo gobierno. Por lo mostrado en una semana y por las señales que envió el candidato electo en sus giras por Europa y Latinoamérica, es perceptible un cambio de gran profundidad en la política exterior de Colombia. Puesto en pocas palabras, finalmente Colombia parece aceptar que Brasil es, junto a los Estados Unidos, la otra gran potencia del continente y además, un país con aspiraciones a convertirse en potencia mundial. Es increíble que a tantos gobiernos de Colombia les haya tomado tanto tiempo convencerse de dicha realidad. La ignorancia que se ha tenido de la historia, de las instituciones y de la economía de Brasil en nuestra Cancillería, en los ministerios y por parte de los altos funcionarios, es legendaria. Y, con muy pocas excepciones, la calidad de nuestros embajadores en Brasilia ha dejado mucho que desear. Así, la anunciada visita del presidente Santos a Brasilia, programada para el primero de septiembre, es práctica y simbólicamente muy importante.
En sus excelentes memorias, Fernando Henrique Cardoso escribió que todos los países tienen una gran sueño y un gran miedo. El gran sueño de Brasil ha sido llegar a ser potencia mundial y su gran temor, no poder lograrlo. Y durante más de sesenta años, el gran temor de Brasil ha sido no poder refutar a Stefan Zweig cuando afirmó que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”.
Alentado por su gran tamaño, por su población y por sus inmensos recursos, desde hace ya tiempo Brasil está estimulando la creación de nuevas instituciones internacionales, como Unasur, con el fin de ejercer contrapeso a los Estados Unidos y también a México, el otro país latino que podría disputar en alguna medida las aspiraciones de Brasil en el continente. Así, aceptando su condición de país mediano, Colombia podría jugar un papel relevante entre las aspiraciones de las dos potencias del continente, los Estados Unidos y Brasil. Podríamos jugar un papel semejante al que tiene Egipto entre los países árabes y los estados en Oriente Medio o al que juega Chile entre las aspiraciones de la Argentina y de Brasil, de quienes recibe especiales consideraciones provenientes del hecho de que en sus visiones de largo plazo esos países no descartan una guerra entre ellos. Además, aprendiendo del mismo Chile y del Perú, Colombia debería abrirse a todos los países del mundo, en especial a los de Oriente y a los de la cuenca del Pacífico. De ninguna manera, el replanteamiento de nuestras relaciones con Brasil deberá significar un alejamiento de los Estados Unidos.
Con este país hemos mantenido excelentes relaciones desde los años veinte del siglo pasado y tenemos que mantenerlas. Pero, después de un siglo, es ya tiempo de reemplazar el réspice polum de Marco Fidel Suárez: “mirar hacia la estrella del norte, hacia los Estados Unidos”, por un réspice similia, mirar a los semejantes. Pero, en la realidad práctica de la política internacional, sería una combinación de la vieja réspice polum y una nueva réspice Brasilia, que no nos deberá impedir mantener buenas relaciones con todos los países del continente.
*
Santiago Montenegro
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Por: Santiago Montenegro
CON EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL Santos está cambiando también la política exterior.
El cambio más notorio y el que ha estado en los titulares de los periódicos y los noticieros ha sido el encuentro con Chávez en San Pedro Alejandrino y el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Todos esperamos que eso salga bien, pero la relación con Venezuela no es la transformación más importante de la política exterior del nuevo gobierno. Por lo mostrado en una semana y por las señales que envió el candidato electo en sus giras por Europa y Latinoamérica, es perceptible un cambio de gran profundidad en la política exterior de Colombia. Puesto en pocas palabras, finalmente Colombia parece aceptar que Brasil es, junto a los Estados Unidos, la otra gran potencia del continente y además, un país con aspiraciones a convertirse en potencia mundial. Es increíble que a tantos gobiernos de Colombia les haya tomado tanto tiempo convencerse de dicha realidad. La ignorancia que se ha tenido de la historia, de las instituciones y de la economía de Brasil en nuestra Cancillería, en los ministerios y por parte de los altos funcionarios, es legendaria. Y, con muy pocas excepciones, la calidad de nuestros embajadores en Brasilia ha dejado mucho que desear. Así, la anunciada visita del presidente Santos a Brasilia, programada para el primero de septiembre, es práctica y simbólicamente muy importante.
En sus excelentes memorias, Fernando Henrique Cardoso escribió que todos los países tienen una gran sueño y un gran miedo. El gran sueño de Brasil ha sido llegar a ser potencia mundial y su gran temor, no poder lograrlo. Y durante más de sesenta años, el gran temor de Brasil ha sido no poder refutar a Stefan Zweig cuando afirmó que “Brasil es el país del futuro y siempre lo será”.
Alentado por su gran tamaño, por su población y por sus inmensos recursos, desde hace ya tiempo Brasil está estimulando la creación de nuevas instituciones internacionales, como Unasur, con el fin de ejercer contrapeso a los Estados Unidos y también a México, el otro país latino que podría disputar en alguna medida las aspiraciones de Brasil en el continente. Así, aceptando su condición de país mediano, Colombia podría jugar un papel relevante entre las aspiraciones de las dos potencias del continente, los Estados Unidos y Brasil. Podríamos jugar un papel semejante al que tiene Egipto entre los países árabes y los estados en Oriente Medio o al que juega Chile entre las aspiraciones de la Argentina y de Brasil, de quienes recibe especiales consideraciones provenientes del hecho de que en sus visiones de largo plazo esos países no descartan una guerra entre ellos. Además, aprendiendo del mismo Chile y del Perú, Colombia debería abrirse a todos los países del mundo, en especial a los de Oriente y a los de la cuenca del Pacífico. De ninguna manera, el replanteamiento de nuestras relaciones con Brasil deberá significar un alejamiento de los Estados Unidos.
Con este país hemos mantenido excelentes relaciones desde los años veinte del siglo pasado y tenemos que mantenerlas. Pero, después de un siglo, es ya tiempo de reemplazar el réspice polum de Marco Fidel Suárez: “mirar hacia la estrella del norte, hacia los Estados Unidos”, por un réspice similia, mirar a los semejantes. Pero, en la realidad práctica de la política internacional, sería una combinación de la vieja réspice polum y una nueva réspice Brasilia, que no nos deberá impedir mantener buenas relaciones con todos los países del continente.
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Santiago Montenegro
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La prosperidad: ¿qué tan democrática? | ELESPECTADOR.COM
La prosperidad: ¿qué tan democrática? | ELESPECTADOR.COM: "La prosperidad: ¿qué tan democrática?
Por: Salomón Kalmanovitz
ES EVIDENTE QUE EL CRECIMIENTO de la economía colombiana se ha recuperado.
Buena parte del impulso viene de la política monetaria de muy bajas tasas de interés, que ha propiciado un aumento de las ventas a crédito. Al mismo tiempo, la baja inflación y la revaluación del peso han aumentado el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos.
Otro factor fundamental en la reactivación es la demanda de Asia sobre las materias primas que producimos, lo cual incide en el aumento de la inversión extranjera en minería. Es desafortunado, sin embargo, que la actividad minera genera poco empleo, depreda el medio ambiente y conduce a caídas de la rentabilidad en el resto de la economía. Este sector ha recibido enormes beneficios en el pasado, que no se compadecen con el equilibrio fiscal.
En efecto, la deducción del 30% por la adquisición de maquinaria beneficia en especial la minería y los regalos tributarios constituyen el 40% del déficit fiscal del gobierno central.
Según las cuentas nacionales del DANE, los sectores que más crecen en el primer trimestre de 2010 son construcción (16%) y minería (13%), con la agricultura (una de las cinco locomotoras del crecimiento) contrayéndose otro 1,3%. El desempleo durante el mismo trimestre alcanzó ¡13%!, mientras que la informalidad cobija al 56% de la población. Lo evidente es que las políticas públicas son en buena parte responsables de que el crecimiento económico se profundice sin remediar los altos índices de desempleo e informalidad.
Aunque el Ministro de Hacienda dijo que va a examinar las exenciones tributaria irracionales que subsisten, lo que va a hacer por el momento es aumentar el déficit del gobierno central en otros $2 billones, completando el 4,9% del PIB. Intenta así contrarrestar el draconiano ajuste que le impuso el gobierno saliente.
También es preocupante que el gobierno se amarre las manos en el tema de los parafiscales y de las otras cargas a la nómina que fomentan la informalidad y el desempleo. Se sugiere que, para complacer a los sindicatos derechistas que son parte de su proclamada unidad nacional, el gobierno contemple retirar de su agenda reformas profundas al régimen laboral y al de salud.
Una reforma tributaria es necesaria si se quiere cumplir el lema de gobierno de “prosperidad democrática”. Tenemos un sistema muy regresivo e insuficiente que reposa sobre los impuestos indirectos (8 puntos del PIB), mientras que los impuestos a la renta se han disminuido con las nuevas exenciones y deducciones al 5% del PIB.
Estos tributos, incluyendo el del patrimonio para financiar la guerra, recaen sobre las empresas: las personas naturales dueñas de acciones están exentos de tributar sobre los dividendos recibidos y deducen buena parte de los intereses que devengan sus portafolios.
En los campos, los grandes latifundistas pagan sumas ridículas de predial y esconden su patrimonio del fisco nacional.
Corresponde entonces recomponer las cargas: se puede aumentar tanto los impuestos a los dueños de la riqueza del país que incluso cabe una reducción de los tributos de las empresas, en especial los que recargan sus nóminas. Nuevos impuestos a las exportaciones mineras permitirían ahorrar la bonanza. Ahí sí tendríamos un prosperidad mejor repartida, más empleo y, no menos, equilibrio macroeconómico que garantice una prosperidad mayor y más duradera.
*
Salomón Kalmanovitz
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Por: Salomón Kalmanovitz
ES EVIDENTE QUE EL CRECIMIENTO de la economía colombiana se ha recuperado.
Buena parte del impulso viene de la política monetaria de muy bajas tasas de interés, que ha propiciado un aumento de las ventas a crédito. Al mismo tiempo, la baja inflación y la revaluación del peso han aumentado el poder adquisitivo de los ingresos de los colombianos.
Otro factor fundamental en la reactivación es la demanda de Asia sobre las materias primas que producimos, lo cual incide en el aumento de la inversión extranjera en minería. Es desafortunado, sin embargo, que la actividad minera genera poco empleo, depreda el medio ambiente y conduce a caídas de la rentabilidad en el resto de la economía. Este sector ha recibido enormes beneficios en el pasado, que no se compadecen con el equilibrio fiscal.
En efecto, la deducción del 30% por la adquisición de maquinaria beneficia en especial la minería y los regalos tributarios constituyen el 40% del déficit fiscal del gobierno central.
Según las cuentas nacionales del DANE, los sectores que más crecen en el primer trimestre de 2010 son construcción (16%) y minería (13%), con la agricultura (una de las cinco locomotoras del crecimiento) contrayéndose otro 1,3%. El desempleo durante el mismo trimestre alcanzó ¡13%!, mientras que la informalidad cobija al 56% de la población. Lo evidente es que las políticas públicas son en buena parte responsables de que el crecimiento económico se profundice sin remediar los altos índices de desempleo e informalidad.
Aunque el Ministro de Hacienda dijo que va a examinar las exenciones tributaria irracionales que subsisten, lo que va a hacer por el momento es aumentar el déficit del gobierno central en otros $2 billones, completando el 4,9% del PIB. Intenta así contrarrestar el draconiano ajuste que le impuso el gobierno saliente.
También es preocupante que el gobierno se amarre las manos en el tema de los parafiscales y de las otras cargas a la nómina que fomentan la informalidad y el desempleo. Se sugiere que, para complacer a los sindicatos derechistas que son parte de su proclamada unidad nacional, el gobierno contemple retirar de su agenda reformas profundas al régimen laboral y al de salud.
Una reforma tributaria es necesaria si se quiere cumplir el lema de gobierno de “prosperidad democrática”. Tenemos un sistema muy regresivo e insuficiente que reposa sobre los impuestos indirectos (8 puntos del PIB), mientras que los impuestos a la renta se han disminuido con las nuevas exenciones y deducciones al 5% del PIB.
Estos tributos, incluyendo el del patrimonio para financiar la guerra, recaen sobre las empresas: las personas naturales dueñas de acciones están exentos de tributar sobre los dividendos recibidos y deducen buena parte de los intereses que devengan sus portafolios.
En los campos, los grandes latifundistas pagan sumas ridículas de predial y esconden su patrimonio del fisco nacional.
Corresponde entonces recomponer las cargas: se puede aumentar tanto los impuestos a los dueños de la riqueza del país que incluso cabe una reducción de los tributos de las empresas, en especial los que recargan sus nóminas. Nuevos impuestos a las exportaciones mineras permitirían ahorrar la bonanza. Ahí sí tendríamos un prosperidad mejor repartida, más empleo y, no menos, equilibrio macroeconómico que garantice una prosperidad mayor y más duradera.
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Salomón Kalmanovitz
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