jueves, 10 de junio de 2010

Admiración, tolerancia, rebelión - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM

Admiración, tolerancia, rebelión - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM

Admiración, tolerancia, rebelión

La corrupción en la historia de Colombia podría agruparse en cuatro tipos básicos:

1) Evasión de impuestos. Durante siglos fueron vistos como una extorsión arbitraria de un Estado alcabalero que no dejaba trabajar. Se admiraba a los contrabandistas, a los que cultivaban a escondidas tabaco o destilaban aguardiente en alambiques clandestinos, a los comuneros que se rebelaban contra los tributos. Las novelas están llenas de héroes que se enfrentan a los agentes de rentas. Solo al afianzarse la idea de que el Estado existe para proteger los derechos de todos, se hizo normal el rechazo a los que no pagan impuestos y se aprovechan de los bienes públicos.

2) El Estado como patrimonio privado o de unos pocos dueños. Mientras las burocracias eran pequeñas y los servicios públicos, limitados, no se veía mal nombrar familiares, usar palancas, repartir baldíos a los amigos: lo malo de la rosca era no estar en ella.

3) El abuso de poder. Aunque hace unas décadas parecía normal usar los cargos públicos para extorsionar, pedir una propina, demorar un trámite u hostigar a la oposición, esto logró controlarse: hoy el ciudadano colombiano casi nunca tiene que pagar sobornos para que lo atiendan, aunque el acoso a los opositores aún existe.

4) El robo de recursos públicos. Cobrar comisiones o enriquecerse en el Estado no fue muy frecuente en Colombia hasta que la asignación de divisas, las importaciones o la licitación de contratos, a veces de obras imaginarias, se volvieron importantes en la economía, hace 30 o 40 años. Es algo frecuente en todo el mundo, y mucho país cercano es peor, de modo que parecía tolerable. Hace años uno oía decir, en elogio de algún alcalde, que "roba, pero hace obras". Lo que convirtió el caso colombiano en especialmente irritante no fue la percepción de que esto encarece los servicios y hay que pagar más por ellos, sino que se volviera un sistema de poder y de vida. Al viejo manzanillismo, que repartía puestos y favores, lo reemplazó un clientelismo que se tomó el poder en varias regiones del país y se alió con la violencia y otras formas de delito. Los contratos financian un aparato político que gana las elecciones con los recursos de la misma gente, y pone al Estado, en muchas partes, a favor del narcotráfico, de los paramilitares y a veces de la guerrilla. El ciudadano paga los impuestos con los que los políticos le compran el voto o protegen a los que lo intimidan o le quitan la tierra.

Lo intolerable fue convertir el robo o el uso ilegal de recursos públicos en la sangre de la política. Pero hubo siempre vacunas (jueces, políticos, periodistas, electores) que impidieron que la peste local invadiera todo. Narcos, paramilitares, caciques regionales se creyeron a punto de manejar el país, pero lo que quedó fue una inquieta convivencia, en la que hasta es posible tener buenos gobiernos con apoyo de los corruptos, mientras no se pasen ciertos límites.

Un primer intento de rebelión radical fue el de Luis Carlos Galán, cuando la corrupción parecía aceptable, siempre que estuviera en sus justas proporciones. Su votación de 1982, todavía débil, anunció lo que estaba pasando en la opinión.

En esta elección, Mockus llevó la corrupción al centro del debate, al plantear la exigencia de que no solo los gobernantes sean impecables en su gestión, sino que todos los ciudadanos asuman el respeto y la defensa de la ley como una obligación personal. Al hacerlo, puso en cuestión la separación de las formas débiles de corrupción (la evasión de impuestos, la rosca o la palanca) de las que se han aliado con el narcotráfico o los grupos armados: no es posible acabar con estas sin combatirlas todas al mismo tiempo. Cero corrupción puede sonar exagerado, pero la rebelión ciudadana muestra que va a ser, en los próximos años, el tema central de la política colombiana.

www.jorgeorlandomelo.com

Jorge Orlando Melo

martes, 8 de junio de 2010

Hoy, ¿de qué escribe uno? | ELESPECTADOR.COM

Hoy, ¿de qué escribe uno? | ELESPECTADOR.COM

Hoy, ¿de qué escribe uno?

Por: Jaime Arocha

¿DE QUE LA GENTE NEGRA, AFROCOlombiana, palenquera y raizal quizás tenga que olvidarse de las utopías con las cuales la Constitución de 1991 les permitió soñar? Los resultados del 5-30 nos notifican que la autonomía territorial, ambiental, política, educativa y cultural que esa mutación esperanzadora implicaba para los afrodescendientes puede ser reemplazada por los “viejos en acción”, entre otras personas, cuyas conciencias costaron “un guarito y un tamal”, y quienes llegaron a la U, no porque quisieron, sino porque les pagaron con dineros públicos. Quisimos negarnos a creer que la mendicidad institucionalizada mediante Familias en Acción garantizaba la perpetuación del voto a favor del horror. Sin embargo, estamos constatando que hubo una mayoría para la cual es válida la erosión definitiva de los sistemas ancestrales de producción y la poca seguridad alimentaria que aún dejan palmas aceiteras y minas de oro. El destierro de ese otro 50% de las comunidades negras que quedan en el litoral Pacífico se disimulará poniendo currulaos, jugas, chirimías y marimbas en fastuosos escenarios culturales, de esos que arrancan lágrimas de amor por la patria, en especial cuando el espectador está en Nueva York o en París.

En marzo de este año, la Directiva Presidencial Nº 1 dispuso que “si bien es cierto que la [la…] Consulta Previa en los casos previstos en los acuerdos internacionales es obligatoria, los Grupos Étnicos Nacionales, en ejercicio de este derecho fundamental, no pueden vetar el desarrollo de proyectos”. En otras palabras, pueden decir no a la carretera que destruya sus patrimonios ambientales, pero el gobierno la hará de todos modos. De mantenerse esta tendencia electoral, no habrá reversazos de semejante aberración política.

Hace siete días, Semana presentaba el drama de la restitución de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó a los consejos comunitarios que recibieron los títulos colectivos originales. Como si la Corte Constitucional jamás hubiera emitido el Auto 005 de 2009, por el reiterado incumplimiento del Gobierno con respecto a la reparación de los afrocolombianos afectados por masacres y destierros, el presidente Uribe dijo que la “[…] comunidad [negra] ha visto que su defensor es el Gobierno […frente a] nuevos conquistadores, así se hagan llamar ONG […]”. Ante semejante cinismo y complicidad con los victimarios, uno sí se siente frustrado de que una cuarta parte de los electores haya claudicado en la consigna de “No roba, no miente, Antanas Presidente”.

No obstante el terror que inspira este porvenir, más tarde, cuando el Candidato Verde habló, resurgió esa esperanza que, por improbable, merece añorarse. Nunca dijo “yo haré”, sino que nosotros como ciudadanos defendamos ese 40% del territorio nacional que la Constitución del 91 sacó del mercado para salvaguardar la diversidad de culturas y formas de vida. Que todos nos involucremos en proyectos colectivos de “más cultura, más verde, más agua”, o de “menos corrupción, más educación”. La de los Verdes es la única propuesta que invita al deber conjunto. De ahí que atemorice a muchos, pero que rete a los añorantes por un país convocado por la sacralidad de la vida.



* Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional

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Jaime Arocha

Seguridad, legalidad y democracia | ELESPECTADOR.COM

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Seguridad, legalidad y democracia
Por: Rodrigo Uprimny

“SI LAS PERSONAS FUERAN ÁNGELES, no habría necesidad de gobierno. Si los ángeles gobernaran a los seres humanos, no habría necesidad de controlar al gobierno.

Al concebir un gobierno, que será administrado por seres humanos sobre seres humanos, la gran dificultad es ésta: se debe primero dotar al gobierno de poderes suficientes para controlar a los gobernados; pero inmediatamente se debe obligar al gobierno a controlarse a sí mismo”.

Estas palabras, escritas en 1787 en El Federalista por uno de los padres de la Constitución estadounidense, James Madison, resultan de actualidad para Colombia, pues los colombianos no somos ángeles, como lo muestra la intensidad de nuestra violencia y nuestra delincuencia. Pero tampoco estamos gobernados por ángeles, como lo muestran los abusos gubernamentales de los últimos años.

La tesis de Madison es tan elemental como profunda: el temor a la violencia generalizada nos lleva a aceptar que el gobierno tenga el monopolio de la coacción y esté dotado de facultades considerables, con el fin de que las autoridades controlen los poderes privados y nos brinden seguridad. Y eso está bien, pues evita la guerra hobbesiana de todos contra todos. Pero no debemos olvidar nunca que los gobiernos, precisamente por los poderes que les otorgamos, se vuelven a su vez una enorme amenaza a nuestros derechos y a nuestra seguridad. Por ello es necesario que sean controlados. El principio de legalidad, la separación de poderes y la independencia judicial se tornan entonces centrales: la ley establece las reglas del ejercicio del poder gubernamental; los jueces aseguran que dichas reglas sean respetadas, para que nuestros derechos no sean vulnerados.

La intensidad de nuestra violencia y las atrocidades de las guerrillas han llevado a una gran mayoría de colombianos a adherir fuertemente en los últimos años a la primera recomendación de Madison; han estado dispuestos a otorgar enormes poderes y confianza al gobierno para que éste nos proteja frente a los poderes privados y la criminalidad.

Los buenos resultados del gobierno Uribe en seguridad y la persistencia del temor ciudadano frente a las guerrillas o a Chávez explican entonces, en gran parte, la popularidad del Presidente y la victoria en primera vuelta del candidato del continuismo. Pero pareciera que esos mismos colombianos no comprenden —o tal vez minimizan— la importancia de la segunda recomendación de Madison: la necesidad de controles legales efectivos.

Ahora bien, la ilegalidad durante estos últimos gobiernos ha llegado a niveles intolerables. No estamos hablando de abusos menores, sino de formas extendidas de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos como, por sólo citar algunas, la “chuzada” y persecución masivas a magistrados y personas de la oposición, el escándalo de Agro Ingreso Seguro o los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos a sangre fría cometidos por miembros del Ejército.

No podemos cerrar los ojos frente a ilegalidades tan graves, con el argumento de que lo primero es la seguridad, pues paradójicamente incrementamos nuestra inseguridad. La seguridad sin legalidad no es nunca seguridad para todas y todos, sino para unos pocos, pues la población queda a merced de la arbitrariedad de las autoridades. Un gobierno sin límites y que no respete la legalidad es tan terrible para nuestra seguridad y nuestros derechos como unos poderes privados armados o delincuenciales sin control.

Si uno realmente está preocupado por la seguridad, tiene entonces que preocuparse también por la legalidad. Por ello, como sabemos que Colombia no será nunca gobernada por ángeles ni por santos (de los de verdad), debemos entonces defender con fuerza el imperio de la ley. Aún estamos a tiempo de hacerlo.

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Rodrigo Uprimny

domingo, 6 de junio de 2010

Re-regulación financiera y democracia | ELESPECTADOR.COM

Re-regulación financiera y democracia | ELESPECTADOR.COM


Por: Joseph E. Stiglitz

HAN PASADO CASI DOS AÑOS DESDE el colapso de Lehman Brothers y más de tres años desde el comienzo de la recesión global generada por las fechorías del sector financiero para que Estados Unidos y Europa finalmente reformaran la regulación financiera.

Quizá deberíamos celebrar las victorias regulatorias tanto en Europa como en Estados Unidos. Después de todo, existe un acuerdo prácticamente universal de que la crisis que enfrenta el mundo hoy —y que probablemente siga enfrentando durante años— es el resultado de los excesos del movimiento de desregulación que se inició durante los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hace 30 años. Los mercados sin trabas no son ni eficaces ni estables.

Sin embargo, la batalla —y hasta la victoria— han dejado un sabor amargo. La gran mayoría de los responsables de los errores —ya sea en la Reserva Federal de Estados Unidos, en el Tesoro de Estados Unidos, en el Banco de Inglaterra y la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, en la Comisión Europea y el Banco Central Europeo o en los bancos individuales— no se ha hecho cargo de sus fracasos.

Los bancos que causaron estragos en la economía global se han negado a hacer lo que es necesario hacer. Peor aún, han recibido respaldo de la Fed, de quien uno habría esperado una postura más cautelosa, en vista de la magnitud de sus errores pasados y de lo evidente que resulta que se hace eco de los intereses de los bancos que supuestamente debía regular.

Esto es importante no sólo por una cuestión de historia y responsabilidad: es mucho lo que se deja a criterio de los reguladores. Y eso deja abierto el interrogante: ¿podemos confiar en ellos? En mi opinión, la respuesta es un no rotundo, razón por la cual necesitamos “definir de un modo inamovible” el marco regulatorio. La estrategia habitual —delegar la responsabilidad en los reguladores para que elaboren los detalles— no será suficiente.

Y eso plantea otro interrogante: ¿en quién podemos confiar? En cuestiones económicas complejas se había depositado la confianza en los banqueros (después de todo, si ellos ganan tanto dinero, obviamente saben algo) y en los reguladores, quienes a menudo (pero no siempre) provenían de los mercados. Pero los acontecimientos de los últimos años han demostrado que los banqueros pueden ganar dinerales y al mismo tiempo socavar la economía e imponerles cuantiosas pérdidas a sus propias firmas.

Los banqueros también han demostrado tener una “ética cuestionable”. Un tribunal de justicia decidirá si el comportamiento de Goldman Sachs —apostar contra productos que la propia empresa creaba— fue ilegal. Pero la corte de la opinión pública ya ha presentado su veredicto sobre la cuestión mucho más relevante de la ética de ese comportamiento. Que el CEO de Goldman se viera a sí mismo haciendo “el trabajo de Dios”, mientras su firma vendía productos cortos que ella misma creaba, o diseminara rumores difamatorios sobre un país donde se desempeñaba como “asesor” sugiere un universo paralelo, con diferentes códigos y valores.

Como siempre, “el diablo está en los detalles”, y los lobbistas del sector financiero han trabajado arduamente para asegurarse de que los detalles de las nuevas regulaciones beneficien a sus empleadores. En consecuencia, probablemente pase mucho tiempo antes de que podamos evaluar el éxito de cualquier ley que el Congreso estadounidense finalmente promulgue.

Eso sí, los criterios para el juicio son claros: la nueva ley debe poner fin a las prácticas que pusieron en peligro a toda la economía global y reorientar el sistema financiero hacia sus tareas propias —gestionar el riesgo, asignar capital, ofrecer crédito (especialmente a las pequeñas y medianas empresas) y operar un sistema de pagos eficaz—.

Deberíamos brindar por los probables logros: se establecerá alguna suerte de comisión de seguridad de los productos financieros; cada vez más operaciones con derivados pasarán de las sombras del mercado turbio y “hecho a medida” a las bolsas y las cámaras compensadoras; y se restringirán algunas de las peores prácticas hipotecarias. Es más, parece probable que se recorten los honorarios escandalosos que se cobran por cada transacción de débito —una especie de impuesto que no tiene otro objetivo público que el de llenar las arcas de los bancos—.

Sin embargo, los probables fracasos son igualmente dignos de mencionar: el problema de los bancos demasiado grandes para quebrar hoy es peor de lo que era antes de la crisis. Una mayor autoridad de resolución ayudará, pero sólo un poco: en la última crisis, el gobierno estadounidense “hizo la vista gorda”, no pudo utilizar los poderes que tenía e innecesariamente rescató a accionistas y bonistas —todo porque temía que, de no hacerlo, la situación derivara en un trauma económico—. Mientras haya bancos que son demasiado grandes para quebrar, el gobierno muy probablemente vuelva a “hacer la vista gorda”.

No sorprende que los grandes bancos lograran frenar algunas reformas esenciales; lo que sí fue una sorpresa fue una cláusula en el proyecto de ley del Senado estadounidense que prohibía que las entidades resguardadas por el gobierno suscribieran derivados riesgosos. Esa suscripción avalada por el gobierno distorsiona el mercado, otorgándoles a los bancos una ventaja competitiva, no necesariamente porque sean más eficaces, sino porque son “demasiado grandes para quebrar”.

La defensa de los grandes bancos por parte de la Fed —que es importante para que los prestatarios puedan minimizar sus riesgos— revela hasta qué punto resultó capturada. La legislación no estaba destinada a prohibir los derivados, sino sólo a prohibir garantías gubernamentales implícitas, subsidiadas por los contribuyentes (¿recuerdan el rescate de AIG de 180.000 millones de dólares?), que no son un subproducto natural o inevitable del préstamo.

Existen muchas maneras de frenar los excesos de los grandes bancos. Una versión contundente de la llamada Regla Volcker (destinada a obligar a los bancos respaldados por el gobierno a retomar su misión fundamental de prestar dinero) podría funcionar. Pero el gobierno estadounidense sería negligente si dejara las cosas tal como están.

La cláusula del proyecto de ley del Senado sobre derivados es una buena prueba de fuego: la administración Obama y la Fed, al oponerse a estas restricciones, claramente se posicionaron del lado de los grandes bancos. Si en la versión final del proyecto de ley logran sobrevivir restricciones efectivas en el sector de los derivados de los bancos resguardados por el gobierno (ya sea resguardados realmente o de manera efectiva porque son demasiado grandes para quebrar), el interés general podría prevalecer sobre los intereses especiales y las fuerzas democráticas sobre los lobbistas adinerados.

Pero si, como predicen muchos analistas, se eliminan esas restricciones, será un día triste para la democracia —y un día más triste aún para las perspectivas de una reforma financiera significativa—.



* Premio Nobel de Economía 2001.© Project Syndicate 1995–2010.

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Joseph E. Stiglitz

Lo absurdo de boicotear a los académicos israelíes | ELESPECTADOR.COM

Lo absurdo de boicotear a los académicos israelíes

Por: Umberto Eco

EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes...

EN ENERO DE 2003 ESCRIBÍ UN ARTÍculo lamentando el hecho de que The Translator, una revista académica británica, se hubiera unido a otras publicaciones del Reino Unido en el boicot académico de las universidades israelíes, en protesta por las políticas del primer ministro israelí Ariel Sharon. Mona Baker, editora de The Translator, había sido una firmante de la carta abierta anunciando el boicot; poco después, ella invitó a dos académicos israelíes del consejo editorial a que presentaran su renuncia. Los intelectuales en cuestión, la doctora Miriam Shlesinger y el doctor Gideon Toury, estaban en contra de las políticas de Sharon, pero esto no hizo diferencia alguna para Baker.

En mi crítica, observé dos cosas: una, que es necesario hacer una distinción entre las políticas gubernamentales de un país (o incluso su Constitución) y el fermento cultural que está actuando dentro de él. Segundo, señalé implícitamente que hacer responsables a todos los ciudadanos de un país por las políticas de su gobierno era una forma de racismo. No hay diferencia entre aquellos que manchan así a todos los israelíes y quienes mantienen que, dado que algunos palestinos cometen actos de terrorismo, deberíamos bombardear a todos los palestinos.

Recientemente, en Turín apareció una carta abierta bajo el patrocinio de la rama italiana de la Campaña para el Boicot Académico y Cultural de Israel, una red de académicos y organizaciones que trabajan para obligar a un cambio de las políticas israelíes mediante el boicot de las instituciones israelíes. Este documento, orientado a censurar al gobierno de Israel por sus políticas, incluye esta declaración: “las universidades y los académicos israelíes han apoyado totalmente y apoyan a su gobierno y, como tal, son cómplices de sus políticas. Las universidades israelíes también son los lugares donde se llevan a cabo parte de los proyectos de investigación más importantes sobre armas nuevas basadas en nanotecnología y sistemas tecnológicos y sicológicos para controlar y oprimir a la población civil”.

En la carta, una especie de manifiesto, estos académicos exhortan a la gente a abstenerse de tomar parte en cualquier forma de cooperación académica y cultural, incluyendo la colaboración con instituciones israelíes. También sugieren suspender todas las formas de financiamiento y subsidios.

Si bien estoy en completo desacuerdo con las políticas del gobierno israelí, es una mentira declarar, como lo han hecho en su carta los boicotistas italianos, que las universidades y académicos israelíes “casi totalmente” apoyan al gobierno de su país: muchos intelectuales israelíes siguen argumentando vigorosamente contra las políticas de su gobierno. Por ejemplo, el Call for Reason (o JCall) judío europeo produjo recientemente un exhorto contra la expansión de los asentamientos israelíes, firmado por un gran número de intelectuales judíos europeos. Causó revuelo, demostrando que el debate persiste tanto dentro como fuera de Israel.

Además, esto es ilógico. ¿Por qué debe ser tal boicot tan amplio? ¿Deberíamos boicotear a los filósofos chinos para que no asistan a las conferencias porque Pekín ha censurado a Google? Si los físicos en Teherán o Pyongyang estuvieran colaborando activamente en la fabricación de armas atómicas para sus países, entonces sería comprensible que sus iguales en Roma u Oxford prefirieran romper todas las relaciones institucionales con ellos. Pero no veo por qué desearían romper relaciones con académicos que trabajan en campos no relacionados: todos perderíamos el diálogo acerca de la historia del arte coreano o de la literatura persa antigua.

Mi amigo, el filósofo Gianni Vattino, está entre los partidarios del llamado más reciente a un boicot. Veamos hipotéticamente, por diversión, si él estaría de acuerdo: supongamos que en ciertos países extranjeros circulan rumores de que la administración italiana de Berlusconi está tratando de socavar el principio sagrado democrático de la separación de poderes al deslegitimar el sistema judicial —y que lo está haciendo con el apoyo de un partido político racista y xenofóbico—. ¿Le agradaría a Vattino, quien es un crítico del gobierno, que las universidades estadounidenses protestaran contra las políticas italianas no invitándolo a él a ser un profesor visitante, o que comités especiales adoptaran medidas para remover todas sus publicaciones de las bibliotecas de Estados Unidos? Creo que proclamaría injusticia y que sentiría que esas acciones eran equivalentes a culpar a todos los judíos de deicidio porque el Sanedrín estaba de mal humor el Viernes Santo.

Nadie aceptaría que todos los rumanos son violadores, todos los curas pedófilos y todos los académicos de Heidegger nazis. Igualmente, ninguna postura política o polémica contra el gobierno debe condenar a toda una raza o cultura. Este principio es particularmente importante en el mundo literario, donde la solidaridad global entre académicos, artistas y escritores siempre ha sido una forma de defender los derechos humanos a través de todas las fronteras.

* Novelista y semiólogo italiano.

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Umberto Eco

Los intocables | ELESPECTADOR.COM

Los intocables

Por: Alfredo Molano Bravo

LA RENUNCIA DEL GENERAL PADIlla de León sonó rara, digamos inusual, para no decir sospechosa.

Un general tan general, que en general tiene buena imagen, no suele renunciar con anticipación a su retiro porque su jefe, el Presidente de la República, se va. Todo se aclaró al otro día, cuando, muy temprano, Noemí salió a decir que lo nombraría Ministro de Defensa. Así las cosas, todo iba sobre rieles: el general compraba una docena de corbatas y Noemí aplaudía con sus dos manitas.

Pero el miércoles el Presidente le alzó la voz a la justicia, y gritó en la ceremonia de ascenso de generales de la Policía que el general Padilla de León era inocente y que nadie podía seguir maltratando a los altos oficiales, porque las Fuerzas Militares se desmoralizarían y la Seguridad Democrática se vendría al suelo; que eso era obra de los tinterillos aliados del terrorismo. Pachito Santos hizo la segunda voz y repitió, muy obediente, lo que dijo el Presidente. El Ministro de Defensa afirmó que los acusadores del general eran terroristas morales, un delito que calificó de traición a la patria, y agregó: “el terrorismo moral es a veces peor que el terrorismo de la violencia y de las balas”, tesis que recuerda una declaración de Carlos Castaño en Semana: hay periodistas que “me ha hecho más daño que las guerrillas”. El Fiscal aclaró después que el escándalo se originaba en la equivocación de una secretaria, y que sólo se había dado curso a una denuncia puesta por un ciudadano. El ciudadano es, sin duda, Felipe Zuleta, abogado titulado, columnista de El Espectador y ácido crítico del gobierno de Uribe, y como tal se ha convertido —por convicción moral— en el acusador de los crímenes de Estado llamados falsos positivos. Porque detrás de las sulfúricas iras del Presidente están esos hechos, que tarde o temprano serán aclarados. La primera piedra está puesta con el informe del relator de NN.UU. para las ejecuciones arbitrarias: hay un patrón que se repite en todo el país. Valga decir: “Patrón” hace referencia al modelo: “lo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual”. En este caso, en serie. Los casos van en aumento y sumados hoy pasan de 2.000.

Lo grave no es la equivocación de la secretaria ni el trámite de la Fiscalía; es la reacción violenta del Gobierno y, en particular, del Presidente, que de hecho se erige en juez supremo de los jueces. Sus opiniones personales e intereses políticos personales prevalecen sobre los procedimientos judiciales. Defiende a su gente a capa y espada; busca hacerlos intocables por la justicia. Ayer lo hizo con Jorge Noguera, ex director del DAS, quien terminó encarcelado por paramilitarismo; después salió a intimidar a la Corte de Justicia, cuando la Honorable llamó a juicio a Sabas Pretelt; más tarde consideró que a Mario Aranguren lo meten a la cárcel injustamente, por “cumplir con su deber”. Cuando la justicia tocó a su primo, Mario Uribe, saltó como una fiera; y cuando se revive el vínculo de su hermano Santiago con el paramilitarismo, por las declaraciones de un ex coronel de la Policía, acusa a un Premio Nobel de Paz y al Washington Post de ser idiotas útiles y de estar infiltrados.

Tan férrea defensa de familiares, amigos y colaboradores —su guardia pretoriana— es sospechosa y puede ir más allá de un simple gesto de fidelidad. Con la caída de la reelección, la tierra ha comenzado a temblar bajo sus pies y el andamiaje que montó —a punta de intimidación— tambalea y puede amargarle el goce de sacar del cuarto de San Alejo su tarjeta profesional. Como presidente ha sido temible; como abogado, quién sabe. Ya veremos.

Los caminos de Mockus | ELESPECTADOR.COM

Los caminos de Mockus | ELESPECTADOR.COM

Los caminos de Mockus
Por: Luis I. Sandoval M
Insondables los caminos del Profesor Mockus en la política.

Nada autorizaría a glosar siquiera sus ocurrencias a la vez ingeniosas e ingenuas, si el reto que se tiene por delante no fuera el que Natalia Springer señaló sin rodeos en el encuentro del 2 de junio convocado en apoyo a la justicia: estamos gobernados por la mafia. La continua agresión desde la cabeza del poder ejecutivo a las altas cortes, como se ve a diario, no se origina en otra cosa sino en el hecho de que la justicia, con inteligencia y valor admirables, está persiguiendo legítima y legalmente – no conspirando – la asociación entre crimen y política. Porque se produce el repugnante fenómeno del Estado Mafioso es por lo que ha surgido luminosa la idea del Estado Ético.

Urge superar el “todo vale”, instalar el respeto a la legalidad democrática y hacer de la vida el principio rector supremo de la acción privada y pública. Parece claro, atendiendo dictados de la misma ética, que los medios deben conservar la naturaleza noble de los fines, pero no parece claro, atendiendo dictados de sana política, que tales medios para ser eficaces deben ser proporcionados a la dimensión de los fines. Hemos coincidido con el Profesor Mockus en lo primero, mas no en lo segundo. Lástima. Los resultados que se obtengan el 20 de junio y la acción futura frente al régimen político que se prolonga, así parece, dirán en qué orilla estaba la razón. Por ahora solo comentarios puntuales a manera de pistas en el camino.

Esta campaña ha sido una secuencia continua de sorpresas. Entre ellas la configuración orgánica del centro político ante las falencias puestas en evidencia tanto por los proyectos y partidos de izquierda como por los de derecha. En algunos momentos falencias, incoherencias y abusos han constituido verdadero escándalo. Diciembre de 2008 fue uno de esos momentos cuando la bancada del Polo en el Senado apoyó el nombre de Alejandro Ordóñez para Procurador General y la bancada uribista violentó la aprobación del referendo para la segunda reelección de Álvaro Uribe. Propio del centro político es ser ambiguo y vacilante, de tal manera que al momento de las definiciones puede inclinarse a la izquierda o a la derecha. ¿Este centro del Partido Verde se quedará definitivamente a la derecha en esta coyuntura? ¿Además de cálculo electoral partidista es eso lo que conviene al país?

En Colombia para tener una mejor sociedad necesitamos mejores partidos. Ante todo necesitamos verdaderos partidos. No porque la política se ejerza solo a través de partidos, sino porque estos siguen siendo piezas principales e imprescindibles. Los movimientos sociales y étnicos, las asociaciones ciudadanas, y la opinión, forman también parte del entramado político. Este universo de actores está llamado a formar una comunidad política a la cual corresponde preservar la función primaria y la dignidad de la política. Con este plausible y esencial propósito es absolutamente legítimo que sin violencia y con transparencia se generen todo tipo de diferencias, oposiciones y afinidades en la vida pública. La asociación - cooperación, alianza, convergencia, coalición, frente – no se puede proscribir como instrumento válido de hacer la política, formar mayorías y conquistar el poder, tampoco para hacer oposición.Alguien que quiera renovar la política, así haya sido apolítico, mediático e inorgánico, seguro comprenderá en un momento que puede jugar limpiamente en asocio con otros partidos, sin confundirse ni desfigurarse, hacia fines superiores de la política. Colombia es un país de gente maravillosa, pero el país sigue siendo una tragedia. ¿Cuándo la gente maravillosa podrá juntarse para producir un país maravilloso? Bogotá.

lucho_sando@yahoo.es

En la Primera Vuelta: Colombia perdió la legalidad democrática

Blog Minorías Étnicas y Políticas de Colombia
Diario El País.com - Madrid - España


Por: Miguel Antonio Galvis*

Estoy convencido que la campaña del Doctor Santos, jugó con una Constitución Política y un Código Electoral distintos a los empleados por las otras campañas, lo que además de ser indebido y censurable, creo que raya en comportamientos por fuera de la ley. Enseguida explicaré, mi afirmación.

En Colombia está prohibida la doble militancia política. Eso quiere decir, que si un ciudadano es concejal de cualquiera de los más de 1.100 municipios del país y fuere elegido por el Partido Conservador, él está obligado ética y legalmente a apoyar y votar por los candidatos del Partido Conservador a la Presidencia de la República, al Congreso, a la Asamblea Departamental, a la Gobernación o a la Alcaldía. Si no lo hace, si apoya y vota por el candidato de otro partido, está cometiendo un delito y el partido al que él pertenece le debe aplicar las sanciones establecidas en la ley, los estatutos y el código de ética. La sanción puede contemplar hasta la expulsión, con la consecuente pérdida de la curul del elegido, la cual es del partido. Esta prohibición aplica igualmente para los diputados, los congresistas y miembros de los directorios quienes están obligados a votar por los candidatos que democráticamente defina su partido.

La penalización de la doble militancia tiene plena validez y es de gran importancia para el correcto funcionamiento de los partidos y las instituciones democráticas en cualquier parte del mundo. Los partidos tienen que garantizar la lealtad y fidelidad de sus militantes, dirigentes y elegidos en las corporaciones públicas, y castigar ejemplarmente a los traidores.

Soy testigo de excepción, cómo en el mejor momento del furor de la Ola Verde, esa campaña tuvo grandes dificultades para hacerle entender a muchos concejales, diputados y congresistas de los partidos liberal, conservador, cambio radical, del polo y hasta del Partido de la U, que no se podía aceptar sus adhesiones, porque ellos podrían perder sus curules y esa adhesión constituía un acto ilegal. Se corrió entonces la voz (al mejor estilo de JJ Rendon) que la campaña de Mockus no quería tratar con los políticos y dijeron entonces que allí los tachaban de corruptos y politiqueros. La verdad es que legalmente los únicos concejales, diputados y congresistas que podían adherir a la campaña dentro de la legalidad eran los avalados por el Partido Verde y la Alianza Social Indígena, ASI.

Más difícil aún, explicarle a los diferentes emisarios de alcaldes y gobernadores que querían también vincularse a la OLA VERDE, que la participación en política de los funcionarios públicos ordenadores del gasto está prohibida y es un grave delito, que se castiga con destitución del cargo, para la muestra lo recientemente ocurrido al gobernador del Valle.

Desde la Ola Verde se les dijo a los elegidos y dirigentes del partido conservador que deberían votar por la Dra. Nohemí; a los del partido liberal que debían votar por el Dr. Pardo y a los del Polo que debían votar por el Dr. Petro. Eso es lo que establece el régimen electoral para la primera vuelta. Ese comportamiento es el legal, sin embargo la campaña del Dr. Santos los sedujo y los recibió por la puerta de atrás, la muestra es que le quitaron 1.200.000 votos a los liberales y 1.300.000 a los conservadores. Si no se hubiera utilizado la táctica transfuguista e ilegal por esa campaña los resultados de la primera vuelta, habrían sido: Santos 31%, Mockus 21%, Nohemí 14%, Pardo 13%, Lleras 11%, Petro 9%.

Como este escenario no le daba garantías de triunfo en la segunda vuelta, decidieron transitar por el camino de la ilegalidad para garantizar su éxito en la primera vuelta. Me imagino que otra vez alguien planteo: “Eso siempre se ha hecho y si hay problema luego miramos como lo arreglamos”.

La prohibición de la participación en las actividades electorales no sólo cobija a los alcaldes y gobernadores, también cobija al señor Presidente de la República, quien participó activamente en el debate electoral indicándole al electorado quién le cuidaría sus huevitos, y quiénes eran los gavilanes verdes que se los querían devorar. Eso es trasgredir la norma, actuar en el terreno de la prohibición constitucional al primer mandatario, es un acto por fuera de la ley.

Cómo calificar el acto de imitar la voz del señor Presidente de la República en las propagandas de radio y televisión de la campaña del Dr. Santos, indicando que él (el Presidente) lo respaldaba y creía en Juan Manuel. Eso también es ilegal.

En un país donde la ilegalidad y la impunidad siguen avanzando, los seguidores de la campaña MOCKUS + FAJARDO + ASI tenemos que reconocer con pesar que en la primera vuelta perdió el proyecto de la LEGALIDAD DEMOCRÁTICA.

Ahora, la pregunta es, sí el Consejo Nacional Electoral avala ese resultado y las prácticas empleadas por la Campaña del Dr. Santos; sí la Comisión de Acusaciones de la Cámara ya está tramitando pliego de cargos contra el Presidente de la República, sí los Comités de Ética municipales, departamentales y nacionales de los partidos liberal y conservador, están investigando a los concejales, diputados, congresistas e integrantes de los directorios tránsfugas; sí el Fiscal General de la Nación está investigando un posible concierto para infringir la ley electoral… sí esto no está pasando, es porque en Colombia también se perdió la CULTURA DE LA LEGALIDAD.

* Director Ejecutivo, Instituto de Pensamiento Étnico, Social y Político, IPESP. Miguelgalvis99@yahoo.com

El futuro de los verdes | ELESPECTADOR.COM

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El futuro de los verdes

DE SER CIERTAS LAS EXPLICACIOnes de algunos encuestadores, preocupados como están por la poca credibilidad que les quedó después de no acertar en los resultados electorales de la primera vuelta...

DE SER CIERTAS LAS EXPLICACIOnes de algunos encuestadores, preocupados como están por la poca credibilidad que les quedó después de no acertar en los resultados electorales de la primera vuelta, el Partido Verde tendría alguna remota posibilidad de mejorar su votación el próximo 20 de julio. Han dicho que en la semana anterior a los comicios, cuando estaba prohibido divulgar encuestas, Juan Manuel Santos deshizo el supuesto empate técnico y le sacó a Antanas Mockus una diferencia tan considerable que por poco lo lleva a la Presidencia sin necesidad de una segunda vuelta. Bajo esa lógica, si en una semana todo cambió, la victoria del candidato del Partido de la U bien podría todavía ser rebatida en las urnas dentro de dos semanas.

No obstante esa lejana esperanza, el Partido Verde debe tener presente lo que está en juego. De las elecciones del fin de semana pasado surgieron algunas acusaciones peligrosas e injustas. Hay quienes insisten en que hubo inconsistencias, corrupción y hasta fraude para pasar a cuestionar, de manera por demás irresponsable, la legítima victoria de Juan Manuel Santos. Una visión atada a los esquemas de interpretación más radicales y perversos de la historia política, los mismos que en no pocas oportunidades lanzaron a las armas a quienes no creían en el sistema.

Las imprudentes descalificaciones circulan, en su mayoría, en redes sociales y espacios de opinión. Son llamados insistentes a la polarización. En general, reducciones dogmáticas de la realidad nacional. Lo que no significa que sus poco precavidas conclusiones no partan de premisas reales, como el apoyo expreso y la intervención indebida del presidente Uribe o la desinformación hacia beneficiarios de programas gubernamentales como Familias en Acción, que en criterio de reputados economistas le pudo representar a Santos hasta una tercera parte de sus votos.

Con todo, nadie puede obviar que el ex ministro de Defensa recibió el fuerte apoyo de una opinión libre e informada, aquella que se siente a gusto con las principales políticas del Presidente y desea su continuidad. Como tampoco que al candidato Mockus le faltó contundencia en el mensaje y se le vio errático, sin programa ni oratoria. Más de uno ve hoy a Mockus como un visionario, como un ser etéreo, acaso adelantado a su tiempo, que difícilmente podría dirigir el país. Tanto más con el lamentable espectáculo de su cierre de jornada, cuando sus desconsolados seguidores esperaban la guía de su líder y no a una especie de pastor carismático en festival.

Con todo, el Partido Verde tiene razones suficientes para celebrar y pensar en grande. Con los 3.120.000 votos obtenidos, duplicó la votación de la consulta interna del 14 de marzo, que ya había sido un éxito extraordinario. Se impuso al Partido Conservador, al Liberal, al Polo y a Cambio Radical. Movilizó a jóvenes usualmente indiferentes, dinamizó la política e introdujo en la agenda temas de índole ética que contradicen la lógica pragmática con que en los últimos años ha sido gobernado el país. Representa hoy la segunda fuerza política y su más importante tarea, más allá de la opción presidencial, es la de consolidarse como una alternativa real de poder en futuras elecciones, en especial las locales, que están a la vuelta de la esquina.

En ese sentido, la muy criticada decisión de esta semana de continuar el camino sin entrar en acuerdos de ocasión para dar la pelea por la Presidencia, si bien dificulta el camino inmediato y para muchos resulta arrogante, luce coherente con esa mirada de largo plazo como fuerza que quiere transformar la política. Difícil decir hoy si será un paso en falso, de terminar en una derrota estruendosa, o un camino sólido hacia la consolidación. Pero ciertamente vale la pena, cualquiera sea el resultado final, que esa semilla de esperanza que lograron despertar en tan poco tiempo no se diluya en un discurso sin el complemento necesario de un proyecto político claro y definido que realmente se pueda convertir en opción de poder.