Juego limpio | ELESPECTADOR.COM: "Juego limpio
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS ESTÁN AL rojo vivo por la efervescencia y calor propios de un ambiente electoral caldeado...
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS ESTÁN AL rojo vivo por la efervescencia y calor propios de un ambiente electoral caldeado, a pocas semanas de la primera vuelta y con dos claros candidatos que acaparan las preferencias del electorado: uno de ellos que ha crecido de forma ininterrumpida en las últimas semanas y otro que hace un profundo revolcón en su equipo para enfrentar dicha situación. Justo ahora se viene hablando con insistencia, y preocupación, del peligro que entraña caer en el riesgoso e indeseable juego de las campañas sucias.
En política no es sencillo definir con claridad dónde se ubica la delgada línea roja entre lo que es lícito y aquello que entra en el terreno del juego sucio. Se podría decir, con razón, que hay cosas que son propias de una justa electoral, como el hecho de poner en evidencia ante la opinión publica los errores o malos manejos comprobados que los oponentes hayan cometido en el desempeño de sus cargos públicos. También lo es aprovechar ventajosamente los llamados 'papayazos', ante inconsistencias o metidas de lengua en las declaraciones públicas de los adversarios. Sin embargo, acudir a descalificaciones personales que no tienen ninguna relación con la actividad pública, o a acusaciones judiciales, sin soporte jurídico, es algo que tiene que evitarse a toda costa.
Hasta el momento se han presentado pocas situaciones en dicho terreno. Señalamientos malintencionados en contra de Juan Manuel Santos, menciones desafortunadas del presidente Álvaro Uribe y unas vallas ofensivas en Villavicencio en contra de Antanas Mockus, así como las acusaciones que en su momento se cruzaron Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias, no alcanzaron a empañar el desempeño del proceso electoral. Mockus ha pedido a sus seguidores no embestir a ninguno de sus contrincantes y Santos dijo que no atacará a su oponente de manera personal. Ambos se han manifestado contrarios a entrar en el terreno de las campañas sucias. Hasta aquí todo va bien.
Sin embargo se evidencian en el ambiente situaciones a las que hay que poner freno de inmediato. El legítimo sacudón que ha hecho el Partido de la U, con el cambio de gran parte de su equipo, apunta a responder con una nueva estrategia al efecto Mockus. Pero, entre los incorporados, hay un nombre que genera reacciones airadas: J.J. Rendón. Reacciones, y esto es lo más diciente, que no sólo provienen desde alguna de las orillas contrarias. Nacen de su propio equipo.
En el primer caso Rafael Pardo dijo que Rendón estuvo detrás del irresponsable señalamiento que le hiciera Santos, siendo ministro de Defensa, de tener vínculos con las Farc. De otro lado, Fabio Echeverri Correa, quien acompañó a Uribe en sus dos campañas presidenciales, también alertó sobre las no muy gratas credenciales del estratega venezolano al decir que es el “artífice de las grandes campañas sucias en Latinoamérica”. Y, como colofón, Nicolás Uribe hizo explícitas sus diferencias, tras acusar a Rendón de amenazarlo con crear un rumor suyo, propinándole así un golpe bajo por discrepancias en un tema administrativo interno. Santos defiende a J.J. Rendón a capa y espada, a pesar de que también tomaron distancia Alberto Velásquez, gerente general, y Juan Mesa. Urge aclarar ante la opinión pública estos señalamientos a la brevedad posible.
No está de más recordar, y los estrategas políticos bien lo saben, que el juego sucio puede terminar generando un efecto búmeran pues antes que estigmatizar terminan por victimizar a su destinatario y la opinión pública decide entonces apoyarlo de manera férrea. El fin perseguido, por más loable que sea, nunca puede justificar los medios empeñados para alcanzarlo. Sobre esta base de decencia es que se debe seguir actuando en lo que resta del proceso electoral para bien, no sólo de esta justa presidencial, sino del respeto que se merece el país.
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Elespectador.com"
viernes, 7 de mayo de 2010
El DAS y las excusas | ELESPECTADOR.COM
El DAS y las excusas | ELESPECTADOR.COM: "El DAS y las excusas
JUSTO ANTES DEL DEBATE DE CONTROL político sobre las ‘chuzadas’, realizado por el senador Gustavo Petro, el Gobierno insistió en la inviabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esta posibilidad, que ya antes había sido considerada, vino acompañada de una arremetida gubernamental contra la propia institución. Para su director, Felipe Muñoz, los problemas del DAS son de vieja data y justifican el cierre absoluto de la entidad. Es lo que algunos ya denominan “crisis estructural”.
Como respuesta gubernamental al escándalo por la intromisión en la vida privada de magistrados, opositores y periodistas, esta estrategia de defensa resulta, como mínimo, contradictoria. Si el Gobierno tenía información tan detallada de las fallas sistemáticas que aquejan al DAS ha debido hacer público, desde hace mucho tiempo, la necesidad de clausurarlo. Pero no lo hizo. Antes bien, alguien, que esperamos la justicia sepa decirnos quién, ordenó hacer seguimientos, hostigar a personas e interceptar llamadas telefónicas haciendo uso de esa entidad. Y todavía se nos dice, como lo hizo Muñoz, que este no es un problema de gobierno sino estatal y que la cúpula del organismo se enfrenta a un juicio histórico por todos los crímenes cometidos en el pasado. Esto ya raya con el cinismo; el Gobierno parece querer decirnos que como siempre ha habido actividades criminales en el DAS, no deberían alarmar las más recientes.
Resulta igual de errático que el propio ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, sea el encargado de difundir todo tipo de sospechas sobre la supuesta participación del organismo de inteligencia estatal en cuanto magnicidio ha ocurrido en los últimos 25 años. Desde José Antequera, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda y Jaime Garzón, hasta Guillermo Cano, todos habrían sido víctimas del DAS. Un uso bastante provechoso —y retorcido— de la impunidad, que lleva a la vez a preguntarse si desde el Gobierno se está considerando como válida la posibilidad del terrorismo de Estado. Por lo demás, por simple respeto a los familiares de estos colombianos asesinados, el Ministro ha debido acompañar su aseveración de una que otra prueba. Tampoco lo hizo cuando explicó que todas las mafias —guerrilla, narcoparamilitares y bandas criminales incluidas— eran las culpables de las infiltraciones.
En síntesis, el Gobierno parece estar más interesado en minimizar la gravedad de los hechos ocurridos durante los últimos ocho años, que en aclarar de una buena vez por todas qué fue lo que ocurrió en el DAS, quiénes están detrás de las órdenes impartidas, qué garantiza que no se repetirán y quién asumirá la responsabilidad política por los hechos. De acá que el énfasis de las explicaciones gubernamentales esté en el uso maquiavélico que se hace del pasado y en hacernos creer, además, que el DAS es una rueda suelta.
Ante este oscuro escenario de excusas y maniobras es difícil no dudar de los verdaderos intereses que se esconden en la reiterada decisión de cerrar por completo el organismo adscrito a la Presidencia. La continuidad o no del mismo es un debate válido que el Congreso habrá de abordar en el momento en el que discuta el proyecto de ley que daría vida a una agencia con otra estructura. Es más, pocos discuten la importancia de contar con una oficina de inteligencia estatal. Pero como están las cosas, esta insistencia en un cierre definitivo de la polémica institución parece ser otra maroma encaminada a impedir que prosperen las investigaciones judiciales que ya adelanta, finalmente con algún asomo de éxito, la Fiscalía.
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Elespectador.com"
JUSTO ANTES DEL DEBATE DE CONTROL político sobre las ‘chuzadas’, realizado por el senador Gustavo Petro, el Gobierno insistió en la inviabilidad del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Esta posibilidad, que ya antes había sido considerada, vino acompañada de una arremetida gubernamental contra la propia institución. Para su director, Felipe Muñoz, los problemas del DAS son de vieja data y justifican el cierre absoluto de la entidad. Es lo que algunos ya denominan “crisis estructural”.
Como respuesta gubernamental al escándalo por la intromisión en la vida privada de magistrados, opositores y periodistas, esta estrategia de defensa resulta, como mínimo, contradictoria. Si el Gobierno tenía información tan detallada de las fallas sistemáticas que aquejan al DAS ha debido hacer público, desde hace mucho tiempo, la necesidad de clausurarlo. Pero no lo hizo. Antes bien, alguien, que esperamos la justicia sepa decirnos quién, ordenó hacer seguimientos, hostigar a personas e interceptar llamadas telefónicas haciendo uso de esa entidad. Y todavía se nos dice, como lo hizo Muñoz, que este no es un problema de gobierno sino estatal y que la cúpula del organismo se enfrenta a un juicio histórico por todos los crímenes cometidos en el pasado. Esto ya raya con el cinismo; el Gobierno parece querer decirnos que como siempre ha habido actividades criminales en el DAS, no deberían alarmar las más recientes.
Resulta igual de errático que el propio ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, sea el encargado de difundir todo tipo de sospechas sobre la supuesta participación del organismo de inteligencia estatal en cuanto magnicidio ha ocurrido en los últimos 25 años. Desde José Antequera, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda y Jaime Garzón, hasta Guillermo Cano, todos habrían sido víctimas del DAS. Un uso bastante provechoso —y retorcido— de la impunidad, que lleva a la vez a preguntarse si desde el Gobierno se está considerando como válida la posibilidad del terrorismo de Estado. Por lo demás, por simple respeto a los familiares de estos colombianos asesinados, el Ministro ha debido acompañar su aseveración de una que otra prueba. Tampoco lo hizo cuando explicó que todas las mafias —guerrilla, narcoparamilitares y bandas criminales incluidas— eran las culpables de las infiltraciones.
En síntesis, el Gobierno parece estar más interesado en minimizar la gravedad de los hechos ocurridos durante los últimos ocho años, que en aclarar de una buena vez por todas qué fue lo que ocurrió en el DAS, quiénes están detrás de las órdenes impartidas, qué garantiza que no se repetirán y quién asumirá la responsabilidad política por los hechos. De acá que el énfasis de las explicaciones gubernamentales esté en el uso maquiavélico que se hace del pasado y en hacernos creer, además, que el DAS es una rueda suelta.
Ante este oscuro escenario de excusas y maniobras es difícil no dudar de los verdaderos intereses que se esconden en la reiterada decisión de cerrar por completo el organismo adscrito a la Presidencia. La continuidad o no del mismo es un debate válido que el Congreso habrá de abordar en el momento en el que discuta el proyecto de ley que daría vida a una agencia con otra estructura. Es más, pocos discuten la importancia de contar con una oficina de inteligencia estatal. Pero como están las cosas, esta insistencia en un cierre definitivo de la polémica institución parece ser otra maroma encaminada a impedir que prosperen las investigaciones judiciales que ya adelanta, finalmente con algún asomo de éxito, la Fiscalía.
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Aunque usted no lo crea | ELESPECTADOR.COM
Aunque usted no lo crea | ELESPECTADOR.COM: "Aunque usted no lo crea
Por: Patricia Lara Salive
ESTA SEMANA, EL CANDIDATO GUStavo Petro y demás parlamentarios del Polo acusaron al DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia, de haber sido utilizado por el Gobierno con el fin de “exterminar a la oposición” y de buscar elementos para “equipararla con los grupos armados ilegales”.
Incluso, llegaron a insinuar que el DAS habría participado en el atentado contra el candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Todo ello fue desmentido enfática e inmediatamente por el Gobierno, encabezado por el Ministro del Interior.
Pues bien, por más monstruosas y disparatadas que resulten esas acusaciones, todo indica que son ciertas, a juzgar por la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia el ex director de inteligencia del DAS, Carlos Arzayús, sobre por qué el DAS hacía ciertos seguimientos: según él, se justificaba seguir al ex magistrado y anterior candidato presidencial del Polo Democrático, Carlos Gaviria Díaz, porque “busca el debilitamiento del poder Ejecutivo, especialmente de los organismos de seguridad del Estado”; y al hoy candidato del Polo, Gustavo Petro, porque “mantiene relaciones con los principales líderes internacionales de la ‘izquierda’, lo cual constituye una amenaza para el Estado colombiano”; y al ex alcalde Luis Eduardo Garzón, porque “utiliza la Alcaldía Mayor de Bogotá para crear y fortalecer las redes de apoyo urbano de la ‘izquierda’ al igual que lo hacen los terroristas de las Farc y el ELN”; y al gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, porque es el “principal opositor de las políticas del Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la Seguridad Democrática”; y a la senadora Piedad Córdoba, porque es “cercana a importantes personalidades políticas interesadas en que el proyecto político del presidente Uribe fracase”; y a la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, porque es “opositora personal del Dr. Álvaro Uribe Vélez desde su alcaldía en Apartadó” y porque “sostiene relaciones que pueden constituirse como un riesgo a la Seguridad Democrática, como es el caso de su amistad con el general ecuatoriano René Vargas Pazzos, opositor de la actual administración y posible candidato presidencial en su país”.
Semejante revelación, en cualquier parte del mundo, daría lugar a que renunciaran todos los responsables de los hechos, empezando por quien encabeza la línea de mando del DAS que es, ni más ni menos, el Presidente de la República. Pero en Macondo las cosas no suceden así. Aquí todo pasa y, a diferencia de lo que opina el poeta Antonio Machado, nada queda.
Y cuando pensábamos que en lo que sí no tenían razón los del Polo era en que el DAS hubiera tenido que ver con el atentado a Vargas Lleras, defensor acérrimo de la seguridad democrática, escuchamos que el propio Vargas decía que “nunca hubo una explicación satisfactoria sobre ese atentado”, y que sigue pensando que “Petro puede tener razón”.
(Y luego se sorprenden de que el candidato Antanas Mockus, que pregona que en su gobierno habrá “legalidad democrática” y juego limpio, esté subiendo como palma, y que quien dice que continuará con el modelo pasado y contrata en su campaña a asesores expertos en guerra sucia, esté bajando como coco…)."
Por: Patricia Lara Salive
ESTA SEMANA, EL CANDIDATO GUStavo Petro y demás parlamentarios del Polo acusaron al DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia, de haber sido utilizado por el Gobierno con el fin de “exterminar a la oposición” y de buscar elementos para “equipararla con los grupos armados ilegales”.
Incluso, llegaron a insinuar que el DAS habría participado en el atentado contra el candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Todo ello fue desmentido enfática e inmediatamente por el Gobierno, encabezado por el Ministro del Interior.
Pues bien, por más monstruosas y disparatadas que resulten esas acusaciones, todo indica que son ciertas, a juzgar por la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia el ex director de inteligencia del DAS, Carlos Arzayús, sobre por qué el DAS hacía ciertos seguimientos: según él, se justificaba seguir al ex magistrado y anterior candidato presidencial del Polo Democrático, Carlos Gaviria Díaz, porque “busca el debilitamiento del poder Ejecutivo, especialmente de los organismos de seguridad del Estado”; y al hoy candidato del Polo, Gustavo Petro, porque “mantiene relaciones con los principales líderes internacionales de la ‘izquierda’, lo cual constituye una amenaza para el Estado colombiano”; y al ex alcalde Luis Eduardo Garzón, porque “utiliza la Alcaldía Mayor de Bogotá para crear y fortalecer las redes de apoyo urbano de la ‘izquierda’ al igual que lo hacen los terroristas de las Farc y el ELN”; y al gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, porque es el “principal opositor de las políticas del Gobierno, especialmente aquellas relacionadas con la Seguridad Democrática”; y a la senadora Piedad Córdoba, porque es “cercana a importantes personalidades políticas interesadas en que el proyecto político del presidente Uribe fracase”; y a la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, porque es “opositora personal del Dr. Álvaro Uribe Vélez desde su alcaldía en Apartadó” y porque “sostiene relaciones que pueden constituirse como un riesgo a la Seguridad Democrática, como es el caso de su amistad con el general ecuatoriano René Vargas Pazzos, opositor de la actual administración y posible candidato presidencial en su país”.
Semejante revelación, en cualquier parte del mundo, daría lugar a que renunciaran todos los responsables de los hechos, empezando por quien encabeza la línea de mando del DAS que es, ni más ni menos, el Presidente de la República. Pero en Macondo las cosas no suceden así. Aquí todo pasa y, a diferencia de lo que opina el poeta Antonio Machado, nada queda.
Y cuando pensábamos que en lo que sí no tenían razón los del Polo era en que el DAS hubiera tenido que ver con el atentado a Vargas Lleras, defensor acérrimo de la seguridad democrática, escuchamos que el propio Vargas decía que “nunca hubo una explicación satisfactoria sobre ese atentado”, y que sigue pensando que “Petro puede tener razón”.
(Y luego se sorprenden de que el candidato Antanas Mockus, que pregona que en su gobierno habrá “legalidad democrática” y juego limpio, esté subiendo como palma, y que quien dice que continuará con el modelo pasado y contrata en su campaña a asesores expertos en guerra sucia, esté bajando como coco…)."
jueves, 6 de mayo de 2010
Lo que está en juego | ELESPECTADOR.COM
Lo que está en juego | ELESPECTADOR.COM: "Lo que está en juego
Por: Elisabeth Ungar Bleier
DEVOLVERLE AL PAÍS LA CONFIANza en la política y en las instituciones es uno de los mayores desafíos que tendrá que enfrentar el próximo presidente de Colombia. Esto significa recuperar el sentido de los valores esenciales de la democracia y traducirlos en acciones concretas que vayan más allá de la retórica.
Sería un gran aporte que antes de las elecciones los candidatos se comprometieran públicamente, ojalá ante un notario (por supuesto no ante los que fueron nombrados a cambio de votar a favor de determinados proyectos), a que durante su gobierno, todas las políticas públicas, incluyendo las relacionadas con la seguridad, estarán enmarcadas en el pleno respeto a los derechos fundamentales y la legalidad, sin transgresiones arbitrarias ni esguinces. Que las decisiones y procesos públicos serán transparentes. Que las ramas del poder público podrán actuar en armonía, pero con autonomía, sin interferencias o presiones indebidas por parte de poderes fácticos, legales o ilegales. Que la información pública será efectivamente pública, y que se garantizará el acceso a ésta como un derecho y no como un favor. Que el ejercicio de la oposición se reconocerá como inherente a la competencia democrática y no se perseguirá o amedrentará a quienes, en el marco de la ley, se opongan al gobierno o a sus políticas o a quienes denuncian actos de corrupción. Que sus decisiones y actuaciones privilegiarán el interés general sobre los intereses particulares de unos pocos. Que los partidos políticos serán los interlocutores por excelencia entre el Congreso y el gobierno y que desde éste no se promoverá el transfuguismo, aprovechando la sed burocrática de muchos congresistas.
Si bien estos principios pueden parecer lugares comunes, y de hecho lo son en muchos países, en Colombia han perdido vigencia. En parte, esto se debe a que muchas de nuestras instituciones se han debilitado y perdido credibilidad y legitimidad, lo que va de la mano de la personalización de la política. Y a que los ciudadanos han perdido confianza en sus gobernantes.
Las elecciones presidenciales que se avecinan son una oportunidad para superar el talante antiliberal y autoritario de muchos colombianos, que como escribió Carolina Sanín hace unos días en El Espectador, nos ha llevado a elegir, “a quien prometa mandarnos duramente antes que representarnos”.
Los ciudadanos no vamos a elegir sólo a una persona, sino a un gobernante. Y éste debe tener un proyecto político. Pero sobre todo, tiene que demostrar que no todo vale para ganar las elecciones y para gobernar. Como por ejemplo, nombrar a asesores para quienes la “guerra sucia” es un arma legítima de hacer política. El gobierno es mucho más que un presidente, es un equipo. Por eso también deberíamos conocer qué piensan los aspirantes sobre las características y cualidades de los integrantes de este equipo.
El candidato que se comprometa a cumplir con estos propósitos tendrá que superar desafíos muy grandes y enfrentar poderosos intereses políticos y económicos. Y esto no podrá hacerlo solo. Necesitará del concurso y del apoyo permanente, no sólo el día de las elecciones, de todos los ciudadanos. Es el momento de construir una ciudadanía activa y participante que vote y que esté preparada para hacerle seguimiento a los compromisos de los candidatos.
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Elisabeth Ungar Bleier"
Por: Elisabeth Ungar Bleier
DEVOLVERLE AL PAÍS LA CONFIANza en la política y en las instituciones es uno de los mayores desafíos que tendrá que enfrentar el próximo presidente de Colombia. Esto significa recuperar el sentido de los valores esenciales de la democracia y traducirlos en acciones concretas que vayan más allá de la retórica.
Sería un gran aporte que antes de las elecciones los candidatos se comprometieran públicamente, ojalá ante un notario (por supuesto no ante los que fueron nombrados a cambio de votar a favor de determinados proyectos), a que durante su gobierno, todas las políticas públicas, incluyendo las relacionadas con la seguridad, estarán enmarcadas en el pleno respeto a los derechos fundamentales y la legalidad, sin transgresiones arbitrarias ni esguinces. Que las decisiones y procesos públicos serán transparentes. Que las ramas del poder público podrán actuar en armonía, pero con autonomía, sin interferencias o presiones indebidas por parte de poderes fácticos, legales o ilegales. Que la información pública será efectivamente pública, y que se garantizará el acceso a ésta como un derecho y no como un favor. Que el ejercicio de la oposición se reconocerá como inherente a la competencia democrática y no se perseguirá o amedrentará a quienes, en el marco de la ley, se opongan al gobierno o a sus políticas o a quienes denuncian actos de corrupción. Que sus decisiones y actuaciones privilegiarán el interés general sobre los intereses particulares de unos pocos. Que los partidos políticos serán los interlocutores por excelencia entre el Congreso y el gobierno y que desde éste no se promoverá el transfuguismo, aprovechando la sed burocrática de muchos congresistas.
Si bien estos principios pueden parecer lugares comunes, y de hecho lo son en muchos países, en Colombia han perdido vigencia. En parte, esto se debe a que muchas de nuestras instituciones se han debilitado y perdido credibilidad y legitimidad, lo que va de la mano de la personalización de la política. Y a que los ciudadanos han perdido confianza en sus gobernantes.
Las elecciones presidenciales que se avecinan son una oportunidad para superar el talante antiliberal y autoritario de muchos colombianos, que como escribió Carolina Sanín hace unos días en El Espectador, nos ha llevado a elegir, “a quien prometa mandarnos duramente antes que representarnos”.
Los ciudadanos no vamos a elegir sólo a una persona, sino a un gobernante. Y éste debe tener un proyecto político. Pero sobre todo, tiene que demostrar que no todo vale para ganar las elecciones y para gobernar. Como por ejemplo, nombrar a asesores para quienes la “guerra sucia” es un arma legítima de hacer política. El gobierno es mucho más que un presidente, es un equipo. Por eso también deberíamos conocer qué piensan los aspirantes sobre las características y cualidades de los integrantes de este equipo.
El candidato que se comprometa a cumplir con estos propósitos tendrá que superar desafíos muy grandes y enfrentar poderosos intereses políticos y económicos. Y esto no podrá hacerlo solo. Necesitará del concurso y del apoyo permanente, no sólo el día de las elecciones, de todos los ciudadanos. Es el momento de construir una ciudadanía activa y participante que vote y que esté preparada para hacerle seguimiento a los compromisos de los candidatos.
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Elisabeth Ungar Bleier"
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