¿Watergate? Serenidad magistrados, Articulo Impreso: "¿Watergate? Serenidad magistrados
Por Alfredo Rangel
OPINIÓNEn todos los países del mundo los organismos estatales de inteligencia tienden a actuar como ruedas sueltas y a evadir controles.
Sábado 17 Abril 2010
Por supuesto que la interceptación ilegal de comunicaciones que ha realizado personal del DAS es delito grave. También lo son las que han hecho miembros de la Policía y de la Fiscalía. Y las que han ejecutado muchas agencias privadas de seguridad. Han vulnerado el derecho fundamental a la privacidad que tienen los ciudadanos. Pero de ahí a calificarlas como una 'conspiración de Estado' y a compararlas con el caso Watergate, como ha hecho el presidente encargado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, hay mucho trecho.
Creo que este magistrado exagera en sus comparaciones y podría estar prejuzgando. El caso Watergate fue una conspiración para espiar al partido opositor, ideada, dirigida y luego ocultada directamente por el presidente Richard Nixon. Arrubla exagera si utilizando la comparación de las 'chuzadas' del DAS con Watergate quiere insinuar que el presidente Uribe directamente ha ideado, dirigido y ocultado esas actividades ilegales. Además, estaría prejuzgando, pasando por encima de la presunción de inocencia y apresurándose a sacar conclusiones y a emitir juicios en torno a una investigación que aún no ha terminado. Todo lo cual le queda mal, pero muy mal, a quien ostenta una de las más altas dignidades en la justicia colombiana.
Muy respetuosamente le sugeriría a la Honorable Corte Suprema de Justicia que se serene y espere el resultado final de las investigaciones y, sobre todo, el veredicto de los jueces, que ojalá determine las responsabilidades individuales, penales o disciplinarias, en los hechos. Es lo que corresponde a personas con tan alta dignidad. Creo que a estas alturas la mayoría de los colombianos empezamos a sentir cierto hartazgo de la confrontación entre la Corte y el Presidente. Y aprovechar los pronunciamientos de la Fiscalía, sin que haya terminado el juicio, para revivir la disputa y seguir actuando con ánimo retaliatorio no es, definitivamente, el ejemplo más edificante de lo que debe ser el comportamiento de una alta corte de justicia. También exagera la oposición cuando en medio de su desespero electoral sugiere que en Colombia no hay garantías, mientras disfruta de las mejores condiciones publicitarias, económicas, de seguridad, etcétera, para hacer política, que no se habían visto en muchas décadas.
Pero mientras los jueces con sus decisiones determinan el destino de los hombres, y por ello solo les está dado hablar a través de sus sentencias, el resto de los mortales, que padecemos las sentencias de los jueces, sí podemos darnos el lujo de aventurar hipótesis en público y hacer interpretaciones libres de los hechos.
El tema de las 'chuzadas' ilegales en Colombia es complejo y enredado. En todos los países del mundo los organismos estatales de inteligencia tienden a actuar como ruedas sueltas, a ganar excesiva autonomía y a evadir controles. Los escándalos de 'chuzadas' ilegales se repiten en España -el juez Garzón está involucrado-, Brasil, Estados Unidos o Francia. Pero aquí, en medio de la persistencia de grupos armados ilegales de todas las pelambres y de la extrema polarización política reciente, esos riesgos se multiplican. Así, para realizar delitos como las interceptaciones ilegales de comunicaciones, a la infiltración y la corrupción orquestadas por grupos irregulares y mafias de todo tipo se suman los ánimos de venganza de ex funcionarios venales resentidos y hasta las ansias de reconocimiento a cualquier precio de funcionarios en ejercicio. Lagartos, conspiradores y mafiosos se pueden mezclar en un mismo incidente delincuencial. En el caso del DAS, esto ha sido facilitado por el gigantismo de la institución que favorece su descontrol. Y el ambiente de crispación política originado por los constantes insultos y descalificaciones entre el gobierno y la oposición empeoró la situación y creó condiciones propicias para que muchos pescaran en río revuelto.
Así por ejemplo, la pugna entre el Presidente y la Corte Suprema fue utilizada por conspiradores que pagaron a dos policías y un agente del CTI para 'chuzar' al magistrado auxiliar Iván Velásquez y luego inculpar al DAS y desacreditar al gobierno, como luego lo descubrió la Fiscalía. Y el legítimo interés de Uribe por averiguar sobre los públicos rumores que relacionaban a magistrados de la Corte Suprema con personas de dudosa conducta se convirtió, para algunos funcionarios inescrupulosos, en patente de corso para 'chuzar' a ciertos magistrados. Como diría Talleyrand, esto fue peor que un delito…fue una equivocación.
Es lamentable que todo esto haya ocurrido y es de esperar que la operación de alta cirugía a la que se está sometiendo el DAS para reducirlo, concentrarlo y controlarlo mejor, acabe definitivamente con estas fuentes de delitos. Pero culpar al presidente Uribe como instigador directo y encubridor del 'Watergate' de las 'chuzadas' es, sin duda, una exageración."
sábado, 24 de abril de 2010
Empresa criminal, Articulo Impreso
Empresa criminal, Articulo Impreso: "Empresa criminal
Por Daniel Coronell
OPINIÓNEn un subcapítulo denominado 'Operación imprenta', se propone impedir la edición de libros inconvenientes para el 'Estado'.
Sábado 17 Abril 2010
Juan Gossaín reveló esta semana en RCN una serie de documentos que prueban parte de las actividades delictivas desarrolladas desde el DAS. Los papeles fueron encontrados por la fiscalía en el allanamiento al Departamento Administrativo de Seguridad. Tienen escudos oficiales y se titulan “Guerra Política”. Bajo un encabezamiento que señala que fueron elaborados por la Dirección General de Inteligencia, concretamente por la Subdirección de Operaciones, y que sus propósitos son: “Defender la democracia y la nación” y “Crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”. (Ver documento)
Para cumplir esos objetivos el DAS puso en marcha varias operaciones, tres de ellas bajo los nombres clave: Amazonas, Transmilenio y Bahía. (Ver documento)
Contemplan tres clases de acciones: Desprestigio, Sabotaje y Presión. Para desacreditar a los opositores, el DAS sugiere el uso medios de comunicación, encuestas y chats. También plantea distribuir en la calles panfletos, volantes, afiches y libros. Adicionalmente crear páginas web, comunicados, denuncias y montajes.
La estrategia debe ser complementada con operaciones de “sabotaje”, para lo cual el DAS recomienda el terrorismo: Explosivo, incendiario, servicios públicos y tecnológico. Y en el campo de la presión, el organismo de seguridad estatal sugiere apelar a “amenazas y chantaje”. (Ver documento)
Según los papeles de junio de 2005, el objetivo general de la “Operación Amazonas” consiste en “promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006”.
Es claro que para quienes hicieron el informe, “Estado” quiere decir el gobierno Uribe. Sus blancos son “Partidos políticos opositores al Estado” y la Corte Constitucional que en ese momento estudiaba la exequibilidad de la primera reelección. (Ver documento).
Para acabar con los opositores al “Estado” el DAS plantea desacreditar al “Frente Social y Político”, el movimiento que llevó al Senado a Carlos Gaviria y con ese fin ordena “generar vínculos con ONT FARC”. Sobre la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, plantea “generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia”. Horacio Serpa debe ser vinculado con el ELN. El Polo Democrático y sus dirigentes Gustavo Petro, Antonio Navarro, Wilson Borja y Samuel Moreno, según el documento, deben ser relacionados con las FARC, el narcotráfico, escándalos financieros e incluso frente a uno de ellos recomienda “generar infidelidad sentimental”. (Ver documento)
También ordena apelar al desprestigio, la presión y el sabotaje contra los entonces magistrados de la Corte Constitucional: Jaime Córdoba, Humberto Sierra, Jaime Araujo, Clara Inés Vargas y Alfredo Beltrán. (Ver documento)
En un subcapítulo llamado “Operación Imprenta” se propone impedir la edición de libros inconvenientes para el “Estado”. Para ello dispone sabotear camiones de distribución, y recurrir a amenazas y “guerra jurídica”. (Ver documento)
La “Operación Arauca” tiene como blanco al CCAJAR, que coincide con la sigla del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y plantea vincularlo al ELN plantando una evidencia falsa durante una diligencia judicial. La acción, de acuerdo con el papel del DAS, consiste en hacer aparecer un “intercambio de mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamiento”. (Ver documento)
Entre los blancos del DAS también figuran organismos internacionales. La “Operación Europa” que plantea desprestigiar -a través de comunicados, denuncias en página web y guerra jurídica- a la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Europeo y a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. (Ver documento)
Para eso ordenaron crear páginas falsas de internet, entre otras, a nombre de la “Corporación Verdad y Justicia” y el “Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del Conflicto”. (Ver documento)
Todo se adelantó con fondos públicos, como parte de una “Guerra Política”, sobre la cual el gobierno Uribe niega cualquier responsabilidad"
Por Daniel Coronell
OPINIÓNEn un subcapítulo denominado 'Operación imprenta', se propone impedir la edición de libros inconvenientes para el 'Estado'.
Sábado 17 Abril 2010
Juan Gossaín reveló esta semana en RCN una serie de documentos que prueban parte de las actividades delictivas desarrolladas desde el DAS. Los papeles fueron encontrados por la fiscalía en el allanamiento al Departamento Administrativo de Seguridad. Tienen escudos oficiales y se titulan “Guerra Política”. Bajo un encabezamiento que señala que fueron elaborados por la Dirección General de Inteligencia, concretamente por la Subdirección de Operaciones, y que sus propósitos son: “Defender la democracia y la nación” y “Crear conciencia sobre las consecuencias de un sistema comunista”. (Ver documento)
Para cumplir esos objetivos el DAS puso en marcha varias operaciones, tres de ellas bajo los nombres clave: Amazonas, Transmilenio y Bahía. (Ver documento)
Contemplan tres clases de acciones: Desprestigio, Sabotaje y Presión. Para desacreditar a los opositores, el DAS sugiere el uso medios de comunicación, encuestas y chats. También plantea distribuir en la calles panfletos, volantes, afiches y libros. Adicionalmente crear páginas web, comunicados, denuncias y montajes.
La estrategia debe ser complementada con operaciones de “sabotaje”, para lo cual el DAS recomienda el terrorismo: Explosivo, incendiario, servicios públicos y tecnológico. Y en el campo de la presión, el organismo de seguridad estatal sugiere apelar a “amenazas y chantaje”. (Ver documento)
Según los papeles de junio de 2005, el objetivo general de la “Operación Amazonas” consiste en “promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006”.
Es claro que para quienes hicieron el informe, “Estado” quiere decir el gobierno Uribe. Sus blancos son “Partidos políticos opositores al Estado” y la Corte Constitucional que en ese momento estudiaba la exequibilidad de la primera reelección. (Ver documento).
Para acabar con los opositores al “Estado” el DAS plantea desacreditar al “Frente Social y Político”, el movimiento que llevó al Senado a Carlos Gaviria y con ese fin ordena “generar vínculos con ONT FARC”. Sobre la senadora Piedad Córdoba, del Partido Liberal, plantea “generar vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia”. Horacio Serpa debe ser vinculado con el ELN. El Polo Democrático y sus dirigentes Gustavo Petro, Antonio Navarro, Wilson Borja y Samuel Moreno, según el documento, deben ser relacionados con las FARC, el narcotráfico, escándalos financieros e incluso frente a uno de ellos recomienda “generar infidelidad sentimental”. (Ver documento)
También ordena apelar al desprestigio, la presión y el sabotaje contra los entonces magistrados de la Corte Constitucional: Jaime Córdoba, Humberto Sierra, Jaime Araujo, Clara Inés Vargas y Alfredo Beltrán. (Ver documento)
En un subcapítulo llamado “Operación Imprenta” se propone impedir la edición de libros inconvenientes para el “Estado”. Para ello dispone sabotear camiones de distribución, y recurrir a amenazas y “guerra jurídica”. (Ver documento)
La “Operación Arauca” tiene como blanco al CCAJAR, que coincide con la sigla del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y plantea vincularlo al ELN plantando una evidencia falsa durante una diligencia judicial. La acción, de acuerdo con el papel del DAS, consiste en hacer aparecer un “intercambio de mensaje con cabecilla ELN, el cual será encontrado durante allanamiento”. (Ver documento)
Entre los blancos del DAS también figuran organismos internacionales. La “Operación Europa” que plantea desprestigiar -a través de comunicados, denuncias en página web y guerra jurídica- a la Comisión de Derechos Humanos del Gobierno Europeo y a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. (Ver documento)
Para eso ordenaron crear páginas falsas de internet, entre otras, a nombre de la “Corporación Verdad y Justicia” y el “Servicio Colombiano de Información y Estadística para la prevención del Conflicto”. (Ver documento)
Todo se adelantó con fondos públicos, como parte de una “Guerra Política”, sobre la cual el gobierno Uribe niega cualquier responsabilidad"
La vida eterna de los megabancos en E.U. - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM
La vida eterna de los megabancos en E.U. - Artículos de Opinión - Columnistas - ELTIEMPO.COM: "La vida eterna de los megabancos en E.U.
WASHINGTON, DC - La economía mundial se enfrenta a un problema de proporciones: los grandes bancos de los Estados Unidos siguen siendo 'demasiado grandes para quebrar', lo que significa que si uno o varios de ellos estuvieran en graves problemas, el Gobierno tendría que salvarlos porque las consecuencias de la inacción son demasiado sombrías.
Muchos reconocen este problema: no sólo autoridades de gobierno, sino los mismos directivos de los bancos. De hecho, hay casi unanimidad en torno a que corregirlo es asunto de máxima prioridad. Hasta Jamie Dimon, el poderoso presidente del muy grande JP Morgan Chase, recalca que hay que poner fin al 'demasiado grande para quebrar'.
Lamentablemente, el enfoque que ha propuesto la administración Obama para poner punto final a este problema (que ahora ha de abordar el Congreso estadounidense) está condenado al fracaso.
La atención legislativa se centra en la actualidad en el proyecto de ley de reforma financiera del Senador Christopher Dodd, que la ha hecho llegar al Comité de Asuntos Bancarios del Senado y que probablemente se debata pronto en la Cámara alta. El proyecto de Dodd crearía una 'autoridad resolutiva', es decir, una entidad de gobierno con poder legal para intervenir y cerrar las instituciones financieras fallidas.
Quienes proponen el proyecto argumentan que su enfoque se basa en el éxito de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios (FDIC), que tiene un largo historial de cierre de bancos de tamaños pequeño y medio en los E.U., lo que causa un mínimo de perturbaciones, y sin pérdidas para los depositantes. En este contexto, 'resolutivo' significa que se despide a los gerentes del banco, se borra de un plumazo a los accionistas, y los acreedores que no cuentan con seguros pueden sufrir pérdidas. En esencia, esta es una forma de bancarrota, aunque con un mayor nivel de discreción administrativa (y, supuestamente, más protección para los depositantes) del que sería posible en un proceso supervisado por los tribunales.
Aplicar este proceso a bancos de gran tamaño y a instituciones financieras que no son formalmente bancos (y que no tienen depósitos de particulares asegurados) se lee bien en el papel. Sin embargo, en la práctica implica dificultades insuperables.
Piénsese en el momento crítico en que haya que tomar la decisión, cuando un megabanco, como JP Morgan Chase (con una hoja de balance de cerca de 2 billones de dólares) pueda estar al borde de la quiebra. Usted es una autoridad de alto nivel, quizás el Secretario del Tesoro y un asesor clave del Presidente de los Estados Unidos, porque allí es donde debe cortarse el cable.
Tiene entre sus armas la Autoridad Resolutiva del senador Dodd y entra a una reunión decisiva, firmemente decidido a no salvar al banco en apuros o, en el peor de los casos, a salvarlo con un recorte (es decir, pérdidas) sustanciales para los acreedores no asegurados. Entonces, alguien le recuerda que JP Morgan Chase es una compleja institución financiera global.
La Autoridad promovida por Dodd permite al gobierno estadounidense únicamente determinar los términos de una intervención oficial dentro de E.U. En decenas de otros países donde JP Morgan posee filiales, sucursales y otros tipos de negocios, sería una bancarrota hecha y derecha, y varios gobiernos entrarían al juego con distintas disposiciones ad hoc.
Las consecuencias de esta combinación de respuestas sin coordinar serían amplias, espeluznantes y cercanas al caos, exactamente lo que ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, y cuando el gobierno estadounidense tomó el control de AIG (de hecho, en una estructura de tipo resolutivo que implicó pérdidas para los acreedores) dos días más tarde.
La existencia de una autoridad resolutiva estadounidense no ayuda a contener el temor ni a limitar el pánico que ocasiona un gran banco global en problemas. La quiebra de un banco así se manejaría de manera más ordenada si se utilizara una entidad resolutiva transnacional. Sin embargo, no existen mecanismos de este tipo, ni perspectivas de que se cree alguno en el futuro cercano. Las autoridades responsables de otros países del G-20 son muy claras al respecto: nadie va a acordar de antemano una manera específica de manejar la caída de ningún banco de gran tamaño.
En el momento en que JP Morgan Chase -o cualquiera de los seis grandes bancos de Estados Unidos- caiga, la opción será la misma de septiembre del 2008: ¿Se lo rescata, o se lo deja caer, enfrentando el riesgo de que se desate el caos en los mercados y se repita la Gran Depresión?
¿Qué decidirá el presidente? Puede que haya prometido, incluso públicamente, que los acreedores han de ser quienes sufran las pérdidas, pero al borde del precipicio, ¿qué le va a recomendar el acosado asesor? ¿Realmente va a argumentar que debe dar el salto, y lanzar al abismo los empleos y las viviendas de millones de personas y sus familias? ¿O dará un paso atrás y encontrará alguna nueva e ingeniosa manera de salvar el banco y proteger a sus acreedores con dineros públicos, la Reserva Federal, o algún otro poder de emergencia?
Con toda probabilidad, dará un paso atrás. Cuando ya se han hecho las apuestas, es mucho menos atemorizante salvar un megabanco que dejarlo caer.
Por supuesto, los mercados crediticios lo saben, así que les prestan a menor interés a JP Morgan Chase y a otros megabancos que a los bancos de menor tamaño que realmente pueden terminar en la quiebra. Y esto hace que los grandes crezcan todavía más. Y mientras más grandes son, más a salvo están los acreedores... ya podemos ver hacia dónde va todo esto.
El proyecto del senador Dodd, tal como está redactado hoy, no pondrá fin al 'demasiado grande para quebrar'. Como se puede inferir del título de mi nuevo libro, cuya autoría comparto con James Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (13 bancos: La toma de control de Wall Street y el próximo desastre financiero), las consecuencias globales serán muy serias.
*Ex economista en jefe del FMI, es cofundador de un importante blog sobre economía, http://BaselineScenario.com, profesor en el MIT Sloan y miembro senior del Instituto Peterson de Economía Internacional.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Para escuchar un podcast de este comentario en inglés, utilice este vínculo:
http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/johnson7.mp3
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Simon Johnson*"
WASHINGTON, DC - La economía mundial se enfrenta a un problema de proporciones: los grandes bancos de los Estados Unidos siguen siendo 'demasiado grandes para quebrar', lo que significa que si uno o varios de ellos estuvieran en graves problemas, el Gobierno tendría que salvarlos porque las consecuencias de la inacción son demasiado sombrías.
Muchos reconocen este problema: no sólo autoridades de gobierno, sino los mismos directivos de los bancos. De hecho, hay casi unanimidad en torno a que corregirlo es asunto de máxima prioridad. Hasta Jamie Dimon, el poderoso presidente del muy grande JP Morgan Chase, recalca que hay que poner fin al 'demasiado grande para quebrar'.
Lamentablemente, el enfoque que ha propuesto la administración Obama para poner punto final a este problema (que ahora ha de abordar el Congreso estadounidense) está condenado al fracaso.
La atención legislativa se centra en la actualidad en el proyecto de ley de reforma financiera del Senador Christopher Dodd, que la ha hecho llegar al Comité de Asuntos Bancarios del Senado y que probablemente se debata pronto en la Cámara alta. El proyecto de Dodd crearía una 'autoridad resolutiva', es decir, una entidad de gobierno con poder legal para intervenir y cerrar las instituciones financieras fallidas.
Quienes proponen el proyecto argumentan que su enfoque se basa en el éxito de la Corporación Federal de Seguros de los Depósitos Bancarios (FDIC), que tiene un largo historial de cierre de bancos de tamaños pequeño y medio en los E.U., lo que causa un mínimo de perturbaciones, y sin pérdidas para los depositantes. En este contexto, 'resolutivo' significa que se despide a los gerentes del banco, se borra de un plumazo a los accionistas, y los acreedores que no cuentan con seguros pueden sufrir pérdidas. En esencia, esta es una forma de bancarrota, aunque con un mayor nivel de discreción administrativa (y, supuestamente, más protección para los depositantes) del que sería posible en un proceso supervisado por los tribunales.
Aplicar este proceso a bancos de gran tamaño y a instituciones financieras que no son formalmente bancos (y que no tienen depósitos de particulares asegurados) se lee bien en el papel. Sin embargo, en la práctica implica dificultades insuperables.
Piénsese en el momento crítico en que haya que tomar la decisión, cuando un megabanco, como JP Morgan Chase (con una hoja de balance de cerca de 2 billones de dólares) pueda estar al borde de la quiebra. Usted es una autoridad de alto nivel, quizás el Secretario del Tesoro y un asesor clave del Presidente de los Estados Unidos, porque allí es donde debe cortarse el cable.
Tiene entre sus armas la Autoridad Resolutiva del senador Dodd y entra a una reunión decisiva, firmemente decidido a no salvar al banco en apuros o, en el peor de los casos, a salvarlo con un recorte (es decir, pérdidas) sustanciales para los acreedores no asegurados. Entonces, alguien le recuerda que JP Morgan Chase es una compleja institución financiera global.
La Autoridad promovida por Dodd permite al gobierno estadounidense únicamente determinar los términos de una intervención oficial dentro de E.U. En decenas de otros países donde JP Morgan posee filiales, sucursales y otros tipos de negocios, sería una bancarrota hecha y derecha, y varios gobiernos entrarían al juego con distintas disposiciones ad hoc.
Las consecuencias de esta combinación de respuestas sin coordinar serían amplias, espeluznantes y cercanas al caos, exactamente lo que ocurrió con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del 2008, y cuando el gobierno estadounidense tomó el control de AIG (de hecho, en una estructura de tipo resolutivo que implicó pérdidas para los acreedores) dos días más tarde.
La existencia de una autoridad resolutiva estadounidense no ayuda a contener el temor ni a limitar el pánico que ocasiona un gran banco global en problemas. La quiebra de un banco así se manejaría de manera más ordenada si se utilizara una entidad resolutiva transnacional. Sin embargo, no existen mecanismos de este tipo, ni perspectivas de que se cree alguno en el futuro cercano. Las autoridades responsables de otros países del G-20 son muy claras al respecto: nadie va a acordar de antemano una manera específica de manejar la caída de ningún banco de gran tamaño.
En el momento en que JP Morgan Chase -o cualquiera de los seis grandes bancos de Estados Unidos- caiga, la opción será la misma de septiembre del 2008: ¿Se lo rescata, o se lo deja caer, enfrentando el riesgo de que se desate el caos en los mercados y se repita la Gran Depresión?
¿Qué decidirá el presidente? Puede que haya prometido, incluso públicamente, que los acreedores han de ser quienes sufran las pérdidas, pero al borde del precipicio, ¿qué le va a recomendar el acosado asesor? ¿Realmente va a argumentar que debe dar el salto, y lanzar al abismo los empleos y las viviendas de millones de personas y sus familias? ¿O dará un paso atrás y encontrará alguna nueva e ingeniosa manera de salvar el banco y proteger a sus acreedores con dineros públicos, la Reserva Federal, o algún otro poder de emergencia?
Con toda probabilidad, dará un paso atrás. Cuando ya se han hecho las apuestas, es mucho menos atemorizante salvar un megabanco que dejarlo caer.
Por supuesto, los mercados crediticios lo saben, así que les prestan a menor interés a JP Morgan Chase y a otros megabancos que a los bancos de menor tamaño que realmente pueden terminar en la quiebra. Y esto hace que los grandes crezcan todavía más. Y mientras más grandes son, más a salvo están los acreedores... ya podemos ver hacia dónde va todo esto.
El proyecto del senador Dodd, tal como está redactado hoy, no pondrá fin al 'demasiado grande para quebrar'. Como se puede inferir del título de mi nuevo libro, cuya autoría comparto con James Kwak, 13 Bankers: The Wall Street Takeover and the Next Financial Meltdown (13 bancos: La toma de control de Wall Street y el próximo desastre financiero), las consecuencias globales serán muy serias.
*Ex economista en jefe del FMI, es cofundador de un importante blog sobre economía, http://BaselineScenario.com, profesor en el MIT Sloan y miembro senior del Instituto Peterson de Economía Internacional.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Para escuchar un podcast de este comentario en inglés, utilice este vínculo:
http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/johnson7.mp3
Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
Simon Johnson*"
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