miércoles, 30 de enero de 2013
jueves, 9 de agosto de 2012
domingo, 17 de junio de 2012
Él
Por: William Ospina
Tuvo su hora. Tuvo la oportunidad de cambiar el destino de su país. Hubo un momento en que parecía dueño de todas las llaves, y lo era, pero utilizó sólo algunas. Tenía que librar una guerra y lo hizo, pero las guerras no pueden ser eternas.
Ningún estratega combate para perpetuar la guerra sino sólo para ganar las condiciones de hacer la paz. Y la paz, salvo la de los sepulcros, se resuelve en tratados. El que no se propone llegar a ellos prefiere negar la guerra desde el comienzo, y él intentó esa fórmula. “No hay tal conflicto”, decía, “esta es una mera persecución de bandidos”.
Algunos fingieron creerle, pero ¿cómo borrar de un plumazo o por artes mediáticas una guerra de casi medio siglo? La persuasión del político y aun del estadista no equivale a las volteretas del mago. Uno no puede negar que existe la serpiente mientras declara que tiene todos sus ejércitos luchando contra ella. Y si la lucha es legítima, la voluntad de utilizar todos los recursos eficaces para terminarla es un deber sagrado.
Por supuesto que esa paz de los acuerdos tiene que tener otros componentes para llegar a ser una paz verdadera. Requiere por lo menos encontrar soluciones de fondo para los jóvenes que son los instrumentos y las víctimas de todas las violencias. Y ello no se logrará sin empleo, educación y cultura, o más bien sin una fusión creadora de esos tres remedios. Pero el fin de las fiestas de la muerte es la condición necesaria de ese nuevo comienzo.
Él insiste en que eran suyos los votos que eligieron a su sucesor, que por ello el sucesor está en deuda con él y traiciona sus compromisos. Pero en un país como el nuestro esas cuentas retrospectivas son turbias. Llamar la atención sobre el origen de unos votos nos llevará a examinar los suyos, a determinar qué fuerzas contribuyeron a elegirlo a su turno, y está vivo el debate sobre el influjo de los ejércitos ilegales en su primera elección, de las maniobras ilegales en la segunda.
Pero más importante es pensar que ocho años de gobierno son más de lo que ningún otro ha tenido para consolidar un modelo y abrirle camino a una política. Si diez años después los problemas siguen vivos, eso por lo menos revela que su política requería de otros componentes. Él mismo no negaba a menudo que la negociación fuera su objetivo. Se envanece de haber desmovilizado unos ejércitos, y en parte lo hizo; por ello no puede negar la eficacia de los marcos jurídicos en esos procesos.
Desde hace más de tres décadas Colombia sabe que sobre todo le tienen miedo a la paz los que se benefician de la guerra. Hay que explicarles que hay maneras menos cruentas y menos luctuosas de salvar a la patria. Pero él es obstinado, es pendenciero, es soberbio, y parece empeñado en hacer sentir que no tiene una filosofía sino apenas una psicología. Por los complejos avatares de la política perdió el poder de un modo más brusco que otros. Y ahora, como el Ricardo II de Shakespeare, rumia la nostalgia de su reino perdido. Si perdía los estribos cuando estaba bien instalado en el poder, ¿cómo no va a perderlos ahora que corre el riesgo de ser una sombra? Deberíamos tranquilizarlo. Decirle que nadie va a olvidar las cosas útiles que hizo. Que algunas de ellas podrían ayudar a llevar el país a la paz, pero que cada vez es más evidente que no podía ser él quien concluyera ese proceso.
Es una lástima que pierda de esa manera el control. Disminuye su estatura histórica y dilapida su poder político. Porque uno no puede dejar de establecer el contraste entre el estadista que antes tenía en sus manos todo el poder, y el ciudadano impaciente que ahora sólo tiene un Twitter. El país formal se ha acostumbrado demasiado tiempo a creer en la institución presidencial, y no es fácil acostumbrarse a verla convertida en circo de pueblo.
Si conservara su dignidad, su inteligencia, a lo mejor todavía tendría un futuro político. Con sus iras penosas de viudo estrenando juguete, a los ojos de la sociedad se irá convirtiendo en un personaje pintoresco, o, a lo sumo, en el líder de una secta cada vez más agresiva pero cada vez más minoritaria.
Aquí, en tiempos de la Conquista, decían que el que viaja a Sevilla pierde su silla. Todavía es igual. Nuestra realidad es cambiante como las nubes. Interpretar la realidad exige ser avisado, perspicaz y oportuno. Nadie logra ser por mucho tiempo el intérprete del momento histórico. Y alguien que estaba ayer en el corazón de la historia puede descubrirse de pronto convertido en una piadosa reliquia.
http://www.elespectador.com/opinion/columna-353499-el
martes, 12 de junio de 2012
El triunfo de la política sobre la economía en Europa
Shlomo Ben Ami
Una cosa es hacer caso omiso al llamamiento a políticas económicas más flexibles realizado por José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, y otra muy distinta desestimar, porque sí, el poderoso mensaje proveniente de los votantes franceses y griegos.
En última instancia, la economía, en especial las teorías económicas, siempre conducen hacia imperativos políticos. Por esta razón el rápidamente cambiante panorama político de Europa, reformado por insurrecciones electorales en Francia y en Grecia en contra de la austeridad fiscal respaldada por Alemania, también está destinado a afectar las políticas económicas de Europa.
Dicho imperativo ha estado en funcionamiento durante el desarrollo de la historia europea posterior a la segunda guerra mundial. De hecho, por sí solo el desplazamiento de Europa de lo que fue la modesta unión aduanera de la Comunidad Económica Europea hacia el mercado único y la moneda común de la actual Unión Monetaria Europea fue un movimiento fundamentalmente político, y por supuesto un movimiento con implicaciones estratégicas. Francia quería doblegar el poder alemán al atarlo al proyecto europeo, y Alemania estaba dispuesta a sacrificar el marco alemán para lograr que Francia acepte a una Alemania unificada, misma que se había constituido en la pesadilla de Europa en los años precedentes a dicha unificación.
Sin duda, una Alemania económicamente robusta es vital para el proyecto europeo, aunque sea solo porque la historia ha demostrado cuán peligrosa puede ser una Alemania infeliz. De hecho, fue gracias al euro, y al mercado cautivo europeo que viene junto al euro, que Alemania hoy en día es el segundo mayor exportador del mundo (China superó a Alemania en el año 2009).
Sin embargo, a Europa siempre le ha sido difícil llegar a aceptar a una Alemania excesivamente segura de sí misma, por no decir arrogante. La actual crisis política en Europa demuestra que las recetas de austeridad dictadas a la endeudada periferia de Europa por la canciller Ángela Merkel, independientemente de cuán sensatas podrían ser de manera abstracta, se muestran como una imposición por parte de Alemania. La preocupación para muchos no es solo el histórico "problema alemán" que tiene Europa, sino también la probabilidad de que Alemania pueda llegar a exportar al resto de Europa los fantasmas de políticas radicales y nacionalismo violento que su éxito económico hizo que se difundan domésticamente.
Una vez que la crisis se convirtió en una triste realidad cotidiana para millones de desempleados, en particular para la que parece ser una generación perdida de jóvenes europeos sin empleo, las instituciones de la UE también se convirtieron en blanco de la ira popular. Sus insuficiencias - encarnadas en un engorroso sistema de gobierno, y en cumbres diplomáticas interminables y no concluyentes- y su falta de legitimidad democrática están siendo repudiadas por millones de votantes en todo el continente.
La experiencia de Europa ha demostrado que es políticamente insostenible subordinar a la sociedad a teorías económicas. La vulnerabilidad y frustración que emergen cuando el sistema político fracasa en lo referente a ofrecer soluciones se constituyen en las bases sobre las cuales, de manera constante, surgen movimientos radicales con la finalidad de ofrecer soluciones fáciles.
Como concomitante de este tipo de cortocircuito entre líderes de los partidos mayoritarios y votantes, siempre se encuentran políticas que tienden a reafirmar la identidad étnica y a hacer surgir sentimientos ultranacionalistas y de intolerancia absoluta. El expresidente francés Nicolás Sarkozy terminó tratando de apelar, de manera desesperada, a estos mismísimos sentimientos como un último esfuerzo para evitar su muerte política.
Lo que hemos visto en toda Europa en los últimos tiempos es una rebelión de los votantes en contra de la política convencional. En la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas, la extrema derecha y la extrema izquierda recibieron más del 30% de los votos, y el Frente Nacional anti-Unión Europea de Martine Le Pen amenazó con suplantar al partido de centro-derecha Unión por un Movimiento Popular y constituirse en el nuevo partido político dominante que representa a la derecha del país. En Grecia, la peligrosa fragmentación del sistema de partidos políticos en una serie de grupos más pequeños, junto con la sólida aparición de una nueva izquierda antiausteridad - encarnada en el partido Tsipras, liderado por Syriza Alexis - y de una derecha neonazi, ha sumido a la gobernabilidad en un estado de parálisis total.
Irónicamente, la relajación del dogma de austeridad que las protestas civilizadas de los partidos dominantes en la Europa periférica no pudieron alcanzar podría producirse como resultado de las políticas arriesgadas propuestas por la izquierda radical griega. A través de su patente rebelión contra la austeridad dictada por Alemania, y al hacer que el retiro griego de la zona euro sea una posibilidad creíble, Syriza logra que se encuentre más cerca que nunca el colapso caótico del euro en la periferia de Europa, y posiblemente más allá de dicha periferia. Al afirmar de manera insistente que se debe elegir entre dos ámbitos, ya sea los nuevos términos para el rescate griego o un escenario apocalíptico, Syriza podría estar creando la posibilidad de que se lleve a cabo una resolución cuasikeynesiana de la crisis europea.
El partido político Tsipras podría ser considerado "impetuoso" por sus adversarios, los partidos mayoritarios Pasok, partido de centro-izquierda, y Nueva Democracia, partido de centro-derecha; sin embargo, su planteamiento no es irracional. La lectura de la realidad que realiza Tsipras es bastante sobria: el plan de austeridad se ha convertido en una autopista que llevaría a sus compatriotas al infierno social, y que probablemente condenaría a Grecia a permanecer durante largos años en un estado de depresión empobrecedora, durante los cuales se encontraría permanentemente endeudada, además que tal plan podría conducir a una ruptura de la democracia.
Con el tiempo, la ahora legendaria obstinación de Merkel podría tener que sucumbir ante los imperativos de la política. Una cosa es hacer caso omiso al llamamiento a políticas económicas más flexibles realizado por José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, y otra muy distinta desestimar, porque sí, el poderoso mensaje proveniente de los votantes franceses y griegos.
Tampoco se torna en un leve dolor de cabeza político para Merkel tener que hacer frente a una alianza antiausteridad entre el primer ministro italiano Mario Monti y el nuevo presidente francés François Hollande. La capacidad de España para soportar una 'cura' de austeridad que solo la hunde más profundamente en la recesión también debe tener sus propios límites.
Por todo lo expuesto, ahora el Ministerio Federal de Finanzas de Alemania, que se muestra como el guardián de la rectitud fiscal, está considerando medidas como el uso del Banco Europeo de Inversiones para fomentar el crecimiento, la emisión de "bonos de proyecto" de la Unión Europea para financiar inversiones en infraestructura, y permitir que los salarios en Alemania aumenten a un ritmo más rápido en comparación con los del resto de Europa. La inminente, y de hecho inevitable, victoria de la política sobre las teorías económicas recalcitrantes podría estar muy cerca.
Shlomo Ben Ami
MADRID
MADRID
Shlomo Ben-Ami, ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, es actualmente vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es también autor del libro 'Cicatrices de guerra, heridas de paz: La tragedia árabe-israelí'.
Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos.
Copyright: Project Syndicate, 2012
Copyright: Project Syndicate, 2012
domingo, 10 de junio de 2012
Reconfiguración de la Política
Por: ALPHER ROJAS CARVAJAL |
Colombia debe blindarse frente a la expansión de la crisis internacional con un sistema político capaz de orientar la economía y no subordinado a ella, no se trata de cambiar de política, sino de cambiar la política.
Los vientos cruzados -en verdad huracanes- que agitan la esfera pública preludian una reconfiguración de los espacios políticos con mayor anticipación de la esperada tras el doble periodo presidencial de la tendencia ultraderechista que mayor influjo ha tenido en la vida nacional. Conspicuos "generadores de opinión" llegaron a considerar, con terquedad digna de mejor causa, basados en la dominación mediática y el control social gubernamental, que ya estaban en la práctica consolidadas en la conciencia de los colombianos -de manera entusiasta en unos y resignada en otros- las tesis neoconservadoras del más reciente expresidente, a quien suponían inexpugnable.
En tal sentido, se llegó a vaticinar que el de Santos sería el tercer mandato del expresidente antioqueño, para lo cual no les pareció necesario a dichos analistas aludir a factores de conocimiento del Estado, cultura política y comportamiento social, campos en los cuales se advierte una diferencia sideral que favorece con creces al sobrino-nieto de Eduardo Santos. Y si, como lo han escrito los teóricos de la lingüística, "el lenguaje es el espejo del pensamiento", las manifestaciones discursivas de uno y otro dejan en claro que aquí ha habido un cambio por lo menos de estilo, diríase estético o "de buenas maneras", que lenta pero eficazmente ha conducido al país a experimentar profundas rectificaciones de la mano de un jefe de Estado cuyo roce internacional y praxis política demoliberal le han permitido adoptar la principal regla de la democracia, aquella que aconseja moderar los tonos cuando ello es necesario para obtener un fin, llegar a pactos con el adversario, aceptar compromisos cuando estos no sean humillantes y cuando constituyen el único medio para obtener resultados (Bobbio). Además, el presidente Santos le ha conferido prevalencia a los valores de cooperación y colaboración sobre los de confrontación. Así ha podido restablecer las relaciones con los países vecinos, cuyos resultados han reportado amplios beneficios a la economía nacional.
La creciente pérdida de credibilidad y confianza del país en el belicoso expresidente paisa se sustenta, más que en su caída libre en las encuestas -ese "estado de opinión" por el que pretendió sustituir la expresión democrática de los votos-, en la percepción extendida de que más allá de él hay vida y seguridad y, también, en los fracasos electorales en alcaldías y gobernaciones, escenarios en los que se jugó a fondo, como en Bogotá, donde fue jefe de debate de Enrique Peñalosa, o en Antioquia -su imperio, económico y político-, donde sus amigos fueron apabullados por la alianza Verde-Liberal. El más reciente descalabro le llegó con la votación de la ley marco para la paz, contra cuya aprobación ejerció una beligerante como indebida presión en el Congreso de la República que sus amigos, ya despojados del miedo que les inspiraba, no atendieron.
De suerte que, superado el embrujo autoritario, la sociedad colombiana ha recobrado su libertad de opinar y decidir y ha entendido que la rigidez y el estancamiento son enemigos del libre albedrío. Las fulgurantes y masivas manifestaciones de amplios sectores populares, estudiantes, campesinos, trabajadores y víctimas -por cierto, aprobadas por la administración de Gustavo Petro- constituyeron una explosión de júbilo que rescata la democracia deliberativa como elemento constitutivo de convivencia.
Al mismo tiempo, las estructuras de los partidos tradicionales se están derritiendo bajo la ofensiva neoliberal y no se advierte un proceso de circulación de élites que les permita oxigenarse a mediano plazo. Recientes formaciones políticas, como la U y el PIN, demasiado identificadas con la parapolítica, y los verdes, contaminados de uribismo, están cada vez más confinados a unas pocas regiones; el Polo y Cambio Radical sufren el desgaste de sus propias contradicciones internas y sus problemas éticos. El ablandamiento de las normas de lealtad a los partidos en la contrarreforma política reciente le ha abierto la puerta al transfuguismo giratorio.
En tal sentido, se llegó a vaticinar que el de Santos sería el tercer mandato del expresidente antioqueño, para lo cual no les pareció necesario a dichos analistas aludir a factores de conocimiento del Estado, cultura política y comportamiento social, campos en los cuales se advierte una diferencia sideral que favorece con creces al sobrino-nieto de Eduardo Santos. Y si, como lo han escrito los teóricos de la lingüística, "el lenguaje es el espejo del pensamiento", las manifestaciones discursivas de uno y otro dejan en claro que aquí ha habido un cambio por lo menos de estilo, diríase estético o "de buenas maneras", que lenta pero eficazmente ha conducido al país a experimentar profundas rectificaciones de la mano de un jefe de Estado cuyo roce internacional y praxis política demoliberal le han permitido adoptar la principal regla de la democracia, aquella que aconseja moderar los tonos cuando ello es necesario para obtener un fin, llegar a pactos con el adversario, aceptar compromisos cuando estos no sean humillantes y cuando constituyen el único medio para obtener resultados (Bobbio). Además, el presidente Santos le ha conferido prevalencia a los valores de cooperación y colaboración sobre los de confrontación. Así ha podido restablecer las relaciones con los países vecinos, cuyos resultados han reportado amplios beneficios a la economía nacional.
La creciente pérdida de credibilidad y confianza del país en el belicoso expresidente paisa se sustenta, más que en su caída libre en las encuestas -ese "estado de opinión" por el que pretendió sustituir la expresión democrática de los votos-, en la percepción extendida de que más allá de él hay vida y seguridad y, también, en los fracasos electorales en alcaldías y gobernaciones, escenarios en los que se jugó a fondo, como en Bogotá, donde fue jefe de debate de Enrique Peñalosa, o en Antioquia -su imperio, económico y político-, donde sus amigos fueron apabullados por la alianza Verde-Liberal. El más reciente descalabro le llegó con la votación de la ley marco para la paz, contra cuya aprobación ejerció una beligerante como indebida presión en el Congreso de la República que sus amigos, ya despojados del miedo que les inspiraba, no atendieron.
De suerte que, superado el embrujo autoritario, la sociedad colombiana ha recobrado su libertad de opinar y decidir y ha entendido que la rigidez y el estancamiento son enemigos del libre albedrío. Las fulgurantes y masivas manifestaciones de amplios sectores populares, estudiantes, campesinos, trabajadores y víctimas -por cierto, aprobadas por la administración de Gustavo Petro- constituyeron una explosión de júbilo que rescata la democracia deliberativa como elemento constitutivo de convivencia.
Al mismo tiempo, las estructuras de los partidos tradicionales se están derritiendo bajo la ofensiva neoliberal y no se advierte un proceso de circulación de élites que les permita oxigenarse a mediano plazo. Recientes formaciones políticas, como la U y el PIN, demasiado identificadas con la parapolítica, y los verdes, contaminados de uribismo, están cada vez más confinados a unas pocas regiones; el Polo y Cambio Radical sufren el desgaste de sus propias contradicciones internas y sus problemas éticos. El ablandamiento de las normas de lealtad a los partidos en la contrarreforma política reciente le ha abierto la puerta al transfuguismo giratorio.
Colombia debe blindarse frente a la expansión de la crisis internacional con un sistema político capaz de orientar la economía y no subordinado a ella, no se trata de cambiar de política, sino de cambiar la política. Por ello, la reestructuración del sistema político en dos grandes tendencias es bienvenida tal como se advierte: una que, articulada a los nuevos movimientos sociales, piensa que es preciso avanzar hacia la salida política al conflicto armado interno, el fortalecimiento del Estado, la aceptación de la heterogeneidad y el pluralismo en los asuntos humanos, en ocasiones hasta concebir el conflicto social como fuente indispensable de multiculturalidad, creatividad política y estabilidad democrática. Y otra, integrada por quienes le confieren valor prioritario al fortalecimiento militar y al debilitamiento del Estado social de derecho, partidarios de lo hegemónico y de la mercantilización de los bienes públicos, lo cual entraña un orden de exclusión, discriminación y pobreza.
*Analista político e investigador en ciencias sociales.
domingo, 10 de julio de 2011
La Constitución y las Farc
Por: Luis I. Sandoval M
Apartándome de la opinión predominante me atrevo a decir, con ocasión de los 20 años de la Constitución del 91, que la existencia de Alfonso Cano, el insurgente, hoy asediado en algún rincón de Colombia, no es precisamente una muestra de la amplitud de la Carta, sino más bien de su limitación original.
La persistencia del fenómeno insurgente muestra una vez más la incapacidad de una carta fundamental para convertirse en un efectivo pacto social y político incluyente de todos los colombianos y colombianas.
La democracia colombiana es democracia pactada (Andrés Dávila) pero nunca lo ha sido entre todos los actores que debería serlo. No lo fue en el año 86 del siglo 19, ni lo fue en los años 10, 36, 57, 68, ni en el 91 del siglo 20. Puede aceptarse que el pacto del 91 fue mucho más amplio que cualquiera de sus antecedentes, pero no lo fue en la medida necesaria para poner fin al conflicto armado interno.
Sin duda representó un tremendo error haber iniciado el proceso constitucional del 91, nutrido de un inédito gesto de soberanía popular a través de la séptima papeleta, con el asalto a Casa Verde, santuario de las Farc, el 9 de diciembre de 1990. Así lo reconoció el prestigioso exconstituyente y líder de paz Augusto Ramírez Ocampo pocas horas antes de su muerte súbita el 14 de junio.
Otros intentos para que las Farc formaran parte del acuerdo constitucional también fracasaron. De ello quedó constancia paradójicamente en el retiro del constituyente conservador Misael Pastrana, expresidente de la República, cuya confusa elección el 19 de abril de 1970 había dado lugar al nacimiento del M19, uno de los movimientos gestores del acontecimiento constitucional del 91 una vez decidida la dejación de las armas en plan de paz.
La fuerza de la paz del M radicaba en la fuerza que había tenido su presencia militar en la vida urbana del país, el espacio que las élites se habían reservado como exclusivo para el ejercicio de su dominación. El M pudo mostrar capacidad transitoria para desordenar ese espacio, cosa que aterraba a los dominadores engolosinados como estaban con el oligopolio político del Frente Nacional.
Aún se acepta que la guerra es la prolongación de la política por otros medios, pero cada vez más se asume que ello es así porque la guerra es el fracaso de la política. El conflicto armado colombiano es fruto del fracaso de la política, precisamente de la política que tiene como primera misión construir acuerdos fundantes, o acuerdos sobre lo fundamental, con el alcance de acuerdos de paz en virtud de los cuales desaparece la rebelión política.
Colombia no puede seguir celebrando la modernidad e innovaciones afortunadas de la Constitución del 91 sin reconocer al mismo tiempo su carácter de pacto social y político incompleto e inconcluso. “20 años de una Carta que cambió a Colombia” titulaban los diarios el 4 de julio, pero en la misma fecha informaban “Militares siguen apretando el lazo sobre Alfonso Cano”. No son tan accidentales e inconexas estas informaciones.
¿Cómo completar la tarea inconclusa de la C91? El Presidente Santos ha dado un paso correcto: emprender la reforma rural comenzando por restituir a sus legítimos dueños las tierras despojadas por usurpadores violentos. Desde el Congreso de la República ha comenzado a reconocerse que antes de los diálogos con la insurgencia deberían darse entendimientos en la sociedad. Es el nuevo giro de la salida política. Cada vez es más amplio el consenso sobre la oportunidad de la iniciativa política de la sociedad para la paz.
Con millones de ojos
Por: William Ospina
NADA MÁS DIGNO DE RESPETO EN Colombia que el proyecto de devolver las tierras arrebatadas a sus legítimos propietarios.
Pero quien tenga la intención sincera de hacerlo debe saber que desde hace mucho tiempo en Colombia no bastan los decretos, las leyes ni las decisiones de unos cuantos funcionarios bien intencionados.
Las tierras que han sido saqueadas en las últimas décadas, lo fueron mediante un proceso violento de asaltos, crímenes, masacres y campañas de terror e intimidación. Hay quien dice que la atrocidad de las masacres tenía como principal objetivo crear un clima de espanto que hiciera huir de las regiones a los propietarios y facilitara la venta apresurada de predios a los beneficiarios de la violencia, que muy a menudo eran también sus instigadores.
Quienes se apropiaron de esas tierras no han sido sometidos por el Estado; las desmovilizaciones parciales no despojaron en lo fundamental a los empresarios del terror de su poder de acallar y de intimidar; quienes se beneficiaron de la violencia, contra los códigos y contra la justicia, no van a renunciar a esas conquistas por el hecho de que leyes nuevas ordenen la restitución.
Ello no significa que la recuperación y la devolución de las tierras sean imposibles. Al contrario, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad: necesidad política, social y moral, si queremos seguir siendo respetados como sociedad civilizada y si queremos tener dignidad a los ojos del mundo y a nuestros propios ojos. Pero la mera ley no es suficiente, y para garantizar que ese acto de justicia se cumpla mínimamente es necesario adelantar un proceso muy complejo de fortalecimiento democrático del proceso y de acompañamiento internacional.
Lo único que puede impedir que el esfuerzo por recuperar y restituir las tierras arrebatadas se convierta en un nuevo y escandaloso baño de sangre, uno de esos baños de sangre que cíclicamente arrojan su maldición sobre nuestro territorio, es que el Gobierno, el Estado que debe ejecutarlo, los funcionarios que tienen esa responsabilidad, comprendan la magnitud de lo que se proponen, la enormidad de las dificultades y el urgente deber que tienen de rodear el proceso de garantías para las víctimas y de protección para los que aspiran a recuperar sus tierras.
Nada podrá cumplirse si los beneficiarios de la ley permanecen aislados y vulnerables: los crímenes contra los aspirantes al retorno ya han comenzado a ocurrir. Sólo una presencia masiva de la sociedad, impulsada por los medios de comunicación, una vigilancia constante del proceso, una visibilización extrema de las providencias de los jueces, de las decisiones de la administración, de las entregas de tierras, una defensa elocuente y continua de los derechos de las víctimas, un rechazo decidido a las arbitrariedades y a los crímenes, pueden impedir que un proceso tan necesario y tan generoso naufrague en ese mismo mar de atrocidades que hoy nos avergüenza.
Un inmenso abrazo de solidaridad de todos los medios de opinión y de las organizaciones sociales, una alerta permanente de los informadores y una movilización amistosa y lúcida de los ciudadanos son el primer deber de la sociedad colombiana. Y también es necesario que se diseñe un plan de incorporación de esos predios restituidos a un proyecto económico viable y beneficioso para los campesinos y para el país. Porque tanto al Gobierno como a los medios se les hace agua la boca envaneciéndose de sus buenas intenciones, pero estas cosas sólo valen por sus consecuencias reales.
Del mismo modo, es absolutamente necesario rodear ese proceso de una democrática vigilancia internacional. Que el mundo sepa que en Colombia han sido arrebatadas por la violencia y por el fraude millones de hectáreas a los campesinos, y que han sido desplazados millones de propietarios; que el mundo sepa que se está haciendo un esfuerzo generoso y democrático por corregir esa injusticia que clama al cielo; que el mundo acompañe ese esfuerzo de alta civilización y lo vigile, como diría el profeta, con millones de ojos.
Salvemos a los violentos de la tentación de la masacre. Que nuestra indiferencia y la impunidad no sean nuevamente cómplices del mal, y no le faciliten a la violencia su trabajo.
Si sus impulsores no procuran que este proceso tenga ese acompañamiento y esa vigilancia, tal vez, a pesar de sus buenos propósitos, sólo están entregando millares de personas inermes otra vez en manos de la arbitrariedad y de la venganza. Ese es el tamaño de su responsabilidad histórica.
Las tierras que han sido saqueadas en las últimas décadas, lo fueron mediante un proceso violento de asaltos, crímenes, masacres y campañas de terror e intimidación. Hay quien dice que la atrocidad de las masacres tenía como principal objetivo crear un clima de espanto que hiciera huir de las regiones a los propietarios y facilitara la venta apresurada de predios a los beneficiarios de la violencia, que muy a menudo eran también sus instigadores.
Quienes se apropiaron de esas tierras no han sido sometidos por el Estado; las desmovilizaciones parciales no despojaron en lo fundamental a los empresarios del terror de su poder de acallar y de intimidar; quienes se beneficiaron de la violencia, contra los códigos y contra la justicia, no van a renunciar a esas conquistas por el hecho de que leyes nuevas ordenen la restitución.
Ello no significa que la recuperación y la devolución de las tierras sean imposibles. Al contrario, es una necesidad imperiosa de nuestra sociedad: necesidad política, social y moral, si queremos seguir siendo respetados como sociedad civilizada y si queremos tener dignidad a los ojos del mundo y a nuestros propios ojos. Pero la mera ley no es suficiente, y para garantizar que ese acto de justicia se cumpla mínimamente es necesario adelantar un proceso muy complejo de fortalecimiento democrático del proceso y de acompañamiento internacional.
Lo único que puede impedir que el esfuerzo por recuperar y restituir las tierras arrebatadas se convierta en un nuevo y escandaloso baño de sangre, uno de esos baños de sangre que cíclicamente arrojan su maldición sobre nuestro territorio, es que el Gobierno, el Estado que debe ejecutarlo, los funcionarios que tienen esa responsabilidad, comprendan la magnitud de lo que se proponen, la enormidad de las dificultades y el urgente deber que tienen de rodear el proceso de garantías para las víctimas y de protección para los que aspiran a recuperar sus tierras.
Nada podrá cumplirse si los beneficiarios de la ley permanecen aislados y vulnerables: los crímenes contra los aspirantes al retorno ya han comenzado a ocurrir. Sólo una presencia masiva de la sociedad, impulsada por los medios de comunicación, una vigilancia constante del proceso, una visibilización extrema de las providencias de los jueces, de las decisiones de la administración, de las entregas de tierras, una defensa elocuente y continua de los derechos de las víctimas, un rechazo decidido a las arbitrariedades y a los crímenes, pueden impedir que un proceso tan necesario y tan generoso naufrague en ese mismo mar de atrocidades que hoy nos avergüenza.
Un inmenso abrazo de solidaridad de todos los medios de opinión y de las organizaciones sociales, una alerta permanente de los informadores y una movilización amistosa y lúcida de los ciudadanos son el primer deber de la sociedad colombiana. Y también es necesario que se diseñe un plan de incorporación de esos predios restituidos a un proyecto económico viable y beneficioso para los campesinos y para el país. Porque tanto al Gobierno como a los medios se les hace agua la boca envaneciéndose de sus buenas intenciones, pero estas cosas sólo valen por sus consecuencias reales.
Del mismo modo, es absolutamente necesario rodear ese proceso de una democrática vigilancia internacional. Que el mundo sepa que en Colombia han sido arrebatadas por la violencia y por el fraude millones de hectáreas a los campesinos, y que han sido desplazados millones de propietarios; que el mundo sepa que se está haciendo un esfuerzo generoso y democrático por corregir esa injusticia que clama al cielo; que el mundo acompañe ese esfuerzo de alta civilización y lo vigile, como diría el profeta, con millones de ojos.
Salvemos a los violentos de la tentación de la masacre. Que nuestra indiferencia y la impunidad no sean nuevamente cómplices del mal, y no le faciliten a la violencia su trabajo.
Si sus impulsores no procuran que este proceso tenga ese acompañamiento y esa vigilancia, tal vez, a pesar de sus buenos propósitos, sólo están entregando millares de personas inermes otra vez en manos de la arbitrariedad y de la venganza. Ese es el tamaño de su responsabilidad histórica.
Falacias en la restitución de tierras
Por: Mauricio Botero Caicedo
LOS COLOMBIANOS TENEMOS PROblemas de percepción, problemas que no nos permiten distinguir entre lo ideal y entre lo obtenible.
Dentro de los defectos de percepción está la creencia de que la Constitución puede derogar las leyes económicas. Nuestra Carta Magna, explícita y amplia en cuanto a asegurar derechos económicos ilimitados, es bastante menos específica en señalar por cuenta de quién corren los recursos que necesariamente deben ser ilimitados. (Los contribuyentes tampoco disponen de recursos ilimitados).
El problema con los errores de percepción es que conllevan frustraciones que generalmente agravan el problema inicial. Para buena parte de los habitantes de la ciudad, la inclusión social y la paz de Colombia están atados a la ‘cuestión agraria’. El 74%, según reciente encuesta, respalda la restitución y la ley de tierras; y cree que los objetivos consagrados en la recientemente firmada Ley de Víctimas son alcanzables tanto en lo económico, como en lo social.
El autor de esta nota está enteramente de acuerdo en que se restituya lo que ilegal mente fue sustraído, pero cree oportuno señalar algunas contradicciones y obstáculos en una serie de premisas que buena parte de la opinión pública urbana asume como ciertas: 1. Los desplazados tienen como meta regresar a sus tierras. Realidad: en todos los estudios y encuestas, entre 70% y 80% de los desplazados afirma que no tiene la menor intención de regresar al campo. 2. La restitución de tierras a sus verdaderos propietarios se puede lograr sin mayores obstáculos. Realidad: el mismo Gobierno acepta que la tarea de restituir a sus legítimos dueños 2,5 millones de hectáreas arrebatadas y 4 millones más abandonadas va a ser ‘titánica’. La inmensa mayoría de los desplazados muy seguramente les otorgará poderes a carteles de abogados avivatos que se están alistando para quedarse con las tierras de los desplazados, tierras que terminaran revendiéndoselas a los narcos y a sus testaferros. 3. Una vez restituida la propiedad a los desplazados éstos pueden, en el corto plazo, poner a producir la tierra. Realidad: sin crédito, sin apoyo técnico y comercial, sin infraestructura, son muy pocos los desplazados que podrán salir adelante. La tenencia de la tierra en sí no garantiza su explotación económica. 4. En el campo hay y seguirá habiendo enormes posibilidades de empleo. Realidad: de acuerdo con casi todos los analistas, incluyendo al candidato al Nóbel, Paul Romer (Entrevista en Portafolio, junio 30/11), “ni la minería ni la agricultura moderna son intensivas en mano de obra”. Los pocos empleos agrarios hoy son transitorios. 5. Para socavar al latifundio y las tierras ociosas, basta elevar los impuestos prediales. Realidad: para muchos expertos, incluyendo al surafricano Michael Carter (Entrevista en El Espectador, Sept. 26/10), “El impuesto a la tierra improductiva no es solución mágica, ya que no lleva a los grandes productores a vender sus tierras y puede resultar en un sobrecosto para los productores medianos y pequeños”. 6. En Colombia hay desplazamiento forzoso por la violencia y el invierno, pero escasa migración voluntaria del campo a la ciudad. Realidad: 72 millones de personas al año a nivel global emigran del campo a la ciudad; esto es el 1% de la población mundial. El que cree que en Colombia la migración voluntaria a las urbes es insignificante, no sabe de lo que está hablando. 7. Es poco lo que las ciudades les pueden ofrecer a los desplazados, aparte de crimen y hacinamiento. Realidad: la ciudad ofrece bastante más oportunidades de empleo, recreación, contacto social, intercambio de ideas, salud y educación, que el campo. La tierra generalmente ennegrece, embrutece, y empobrece. ¡El futuro del empleo y del desarrollo humano es urbano, no rural!
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